El conflicto por la Auditoría General de la Nación (AGN) se transformó en un nuevo frente de tensión dentro del Congreso Nacional, y en ese sentido, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem,presentó un proyecto que propone modificaciones al respecto.
PROYECTO
Crece la tensión en el Congreso por la AGN y Martín Menem impulsa su propia jugada
Martín Menem presentó un proyecto en torno a las autoridades de la Auditoría General de la Nación (AGN). Hay tensiones por ese tema.
20 de mayo de 2025 - 14:22
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.
Lo cierto es que la disputa por la renovación de sus autoridades, un tema tan técnico como estratégico, vuelve a reflejar las fricciones internas y los desequilibrios políticos que atraviesan a La Libertad Avanza y sus alianzas parlamentarias.
La AGN, órgano clave del sistema de control externo del Estado nacional, fue creada por la Constitución para asistir al Congreso en su función de supervisión. Sin embargo, su conformación actual está incompleta: varios de sus cargos vencieron en 2023 y no se ha logrado consenso para reemplazarlos.
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Los candidatos para la AGN
A pesar de que el oficialismo especulaba con que la oposición buscaría forzar la votación de dos designaciones en Diputados —una para Unión por la Patria (Juan Forlón) y otra para Encuentro Federal (Emilio Monzó)—, la pulseada quedó en stand by. No obstante, el tema sigue siendo una piedra en el zapato para La Libertad Avanza, que intenta colocar un auditor propio pero choca con los vetos del resto de los bloques.
En medio de esta parálisis, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, presentó un proyecto de ley para redefinir el funcionamiento de la AGN. La propuesta apunta a reordenar el mecanismo de designación de sus miembros, pero también deja entrever el deseo del oficialismo de ganar margen de maniobra.
La propuesta de Martín Menem
Uno de los puntos más controvertidos aparece en el artículo 18, donde Menem plantea que los auditores deben ser seleccionados a partir de una terna propuesta por el presidente del principal partido opositor, pero con acuerdo del Senado. Esa cláusula generó ruido de inmediato: sectores de la oposición señalan que exigir el aval de la Cámara alta para un cargo que también depende de Diputados sería inconstitucional.
Cabe destacar que desde abril del año pasado están vacantes tres auditorías: las de Juan Ignacio Forlón (UP), Santiago Estrada (PRO) y Jesús Rodríguez (UCR). Las negociaciones que intentaron reemplazarlos naufragaron, y mientras el oficialismo pasaba de la indiferencia a la ambición por conseguir una silla propia —postulando a Santiago Viola—, sus socios tradicionales endurecían posiciones.
No hay acuerdos en el Congreso
El bloque de Encuentro Federal, liderado por Miguel Pichetto, fue durante meses una pieza clave en esta trama: en 2023 respaldaron a Mario Negri (UCR) y luego a Jorge Triaca (PRO). Pero cuando La Libertad Avanza pidió uno de esos lugares, se rompió el delicado equilibrio que venían sosteniendo.
La última jugada es un acuerdo entre Germán Martínez (UP) y Pichetto para avanzar con las nominaciones de Forlón y Monzó. Si consiguen los votos en Diputados, dejarán al oficialismo sin representación en la AGN. Un revés importante, teniendo en cuenta que los cargos tienen un mandato de ocho años.
El Senado también en suspenso
La situación en la Cámara alta no es mejor. Desde el 31 de marzo están vacantes los lugares de Francisco Fernández, Graciela de la Rosa y Alejandro Nieva. Pero la propuesta de Menem no cayó bien allí: sugiere que el Senado designe solo a dos auditores auxiliares —en lugar de tres—, y bajo una lógica proporcional que no convence a todos los bloques.
Además, propone recortar la duración del mandato de los auditores a cuatro años (con posibilidad de reelección), lo que modifica una de las reglas más estables del organismo.
La discusión en torno a la AGN trasciende la distribución de cargos: pone en evidencia el grado de fragmentación del sistema político y la dificultad del oficialismo para tejer acuerdos duraderos. La intención de regular por ley el funcionamiento del organismo puede parecer razonable, pero el momento y la forma despiertan sospechas.
Desde la oposición ya anticipan una posible judicialización si el proyecto avanza sin consenso. Mientras tanto, el oficialismo se enfrenta a una decisión compleja: insistir en imponer su voluntad o preservar sus alianzas frágiles en el Congreso.
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