Un tribunal contencioso de la provincia de Buenos Aires resolvió que el Estado bonaerense deberá indemnizar a la familia de Elio Edgardo Constantino Cajal, un preso que fue asesinado en la Unidad Penal N°44 de Batán en enero de 2016.
MILLONES DE PESOS
El Estado deberá indemnizar a la familia de un preso asesinado en una cárcel bonaerense
El estado bonaerense deberá indemnizar a la familia de un preso que mataron en la cárcel. La Justicia dice que el crimen su pudo haber evitado.
01 de julio de 2025 - 17:05
El Estado debe velar por la seguridad de los presos. Ahora tendrá que indemizar a una familia entera.
El fallo considera que hubo fallas estructurales en el servicio penitenciario que contribuyeron a la muerte del hombre, y fija una compensación millonaria para su viuda y sus hijos.
Aunque la sentencia aún no está firme —fue apelada por la Fiscalía de Estado—, marca un precedente relevante en materia de responsabilidad estatal en el ámbito carcelario.
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El Estado, en la mira por negligencia carcelaria
La decisión fue tomada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1, que estableció una indemnización de siete millones de pesos para la viuda de Cajal y tres millones y medio para cada uno de sus dos hijos. El juez consideró la existencia de daño patrimonial, moral y psíquico, y responsabilizó al Estado provincial por no haber garantizado un entorno seguro dentro de la unidad penitenciaria.
La causa fue impulsada por Natalia Rivera, pareja de la víctima, quien inició el reclamo en su nombre y en representación de sus hijos menores. Según sostuvo en su demanda, la Provincia incumplió su deber legal de protección hacia las personas privadas de libertad.
Por su parte, la defensa estatal argumentó que el hecho fue imprevisible y que se trató de una pelea entre internos, sin intervención ni responsabilidad directa del personal penitenciario.
Un preso muerto y un crimen que pudo haberse evitado
El asesinato de Cajal ocurrió el 16 de enero de 2016, en medio de un conflicto creciente dentro del penal. Según reconstruyeron los testigos y la Justicia, existían tensiones previas con otros reclusos, especialmente con Emanuel Tonzo y Víctor Fernández Ale, líder informal del pabellón.
Fernández Ale —quien, según testimonios, ejercía control sobre los demás detenidos y tenía reglas internas que prohibían armas y drogas— se sintió desafiado por Cajal tras una serie de discusiones. Ese día, lo atacó brutalmente: lo acorraló y le asestó varias puñaladas. La víctima fue trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos, donde murió poco después.
El juez Simón Isacch subrayó que, más allá de tratarse de una disputa entre reclusos, el crimen no fue inevitable. En la sentencia se remarca que la administración penitenciaria no cumplió con los estándares mínimos de seguridad y que la ausencia de intervención preventiva facilitó el homicidio.
La resolución también expone un debate más amplio: el de las condiciones carcelarias en la provincia y el rol del Estado como garante de los derechos humanos, incluso dentro de los establecimientos de detención.
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