Otro fallo de la jueza Moira Fullana a favor de los sindicatos y contra un decreto de Javier Milei: este lunes (30/6) declaró inconstitucionales los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, que limitaba el derecho a huelga al hacer lugar a un amparo presentado por la CGT.
AMPARO DE LA CGT
Otro revés judicial para Milei: Declararon inconstitucional el DNU que limitaba el derecho a huelga
La jueza Fullana aceptó un amparo de la CGT y declaró inconstitucional el DNU de Milei que limitaba el derecho a huelga.
Los tres fallos contra Milei
La jueza Moira Fullana del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº3 ya había suspendido la aplicación del decreto en un fallo del mes pasado en una instancia previa. Además, días atrás también había fallado contra el Gobierno nacional cuando rechazó el decreto de Milei que eliminaba el asueto por el Día del Trabajador del Estado, que dejaba a los empleados públicos sin el feriado del viernes 20/6.
En esta tercera decisión judicial contraria a la Administración Milei, Fullana hizo lugar a un amparo presentado por la CGT y dictó " sentencia definitiva" al abordar la cuestión de fondo del DNU que pretendió establecer qué sectores debían considerarse " servicios esenciales" y por lo tanto obligarlos a dar una prestación mínima.
La jueza consideró que el DNU fue emitido sin que existieran las “circunstancias excepcionales ” que exige la Constitución Nacional para que el Ejecutivo emita un decreto dado que el Congreso de la Nación está en pleno funcionamiento.
Luego, argumentó que el Ejecutivo tampoco justificó debidamente la “necesidad y urgencia” del decreto que impediría un tratamiento legislativo ordinario, como exige el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.
Fullano también dijo en su fallo que no se cumplió con el control posterior del DNU por parte de la Comisión Bicameral Permanente del Congreso encargada de revisar estos instrumentos legales.
Y por último, y más importante porque se refiere al fondo de la cuestión, Fullano dijo en su fallo que el DNU avanzaba sobre el derecho constitucional a la huelga al ampliar de manera arbitraria la lista de "servicios esenciales" y limitar a los trabajadores en el ejercicio de las medidas de protesta.
El DNU y el antecedente
Hace un mes, la jueza Moira Fullana hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la CGT y ordenó el cese provisorio de los artículos 2° y 3° del decreto de Necesidad y Urgencia 340/25, firmado por el presidente Javier Milei.
El artículo 3° sobre la "prestación de servicios mínimos" imponía que para servicios esenciales debía garantizarse el funcionamiento de los mismos en un porcentaje no inferior a un 75% y del 50% en las actividades trascendentales.
Ya en ese fallo la magistrada mencionó las cuestiones técnicas que reiteró en su decisión de este lunes 30/6, es decir, el cuestionamiento a la necesidad y urgencia del decreto toda vez que el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, lo que impone al Estado Nacional "una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo".
Por otro lado, la jueza sostuvo que estaba "preliminarmente configurado el peligro en la demora (de la resolución de fondo), puesto que la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantíalegal y supralegal".
La CGT pidió la inconstitucionalidad del decreto 340 invocando que viola el principio republicano de división de poderes y el derecho y principio de libertad sindical. En esa línea, solicitó la cautelar para que cese la aplicación de los artículos del DNU hasta que haya un fallo sobre la cuestión de fondo.
La central gremial sostuvo que “fue dictado sin que se verifiquen los requisitos de necesidad y urgencia que exige el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional, en un contexto de funcionamiento normal del Congreso Nacional”.
El planteo de la CGT es que el nuevo DNU tiene como objeto “cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadores y trabajadoras”. Y a su vez busca debilitar a los sindicatos, ya que los paros y demás medidas de fuerza gremiales son acciones propias de la política laboral.
“La limitación (del derecho a huelga) debilita la capacidad de acción sindical y consolida relaciones laborales desiguales”, dice el texto presentado ante Fullana.
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