Narcotest: Los 1eros. 60 funcionarios que deben someterse a la prueba

Comienza el 'narcotest' en la provincia de San Luis: este jueves (06/03) comenzaron a notificar a los primeros 60 funcionarios, de los tres poderes del Estado, que deberán hacerse mañana el análisis toxicológico, según lo establece la Ley de Ejemplaridad y Coherencia provincial. Fueron sorteados por número de legajo en la Lotería de San Luis.

El "narcotest" deberá ser realizado a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El sorteo es sólo a fines organizativos.

En la primer tanda deberán presentarse en el laboratorio de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL) 46 funcionarios del Poder Ejecutivo, 12 del Poder Judicial y dos del Poder Legislativo, quienes deberán someterse a un examen de orina y sangre en búsqueda de cocaína, marihuana y anfetaminas, entre otras drogas.

“La Ley de Ejemplaridad y Coherencia obliga a la totalidad de los funcionarios públicos de la provincia a realizarnos este tipo de análisis para la detección del consumo de drogas ilegales o el consumo excesivo de drogas legales”, dijo el secretario de Ética Pública y Control de Gestión, Ricardo Bazla, en conferencia de prensa, de acuerdo a la Agencia de Noticias de San Luis (ANSL).

“El sorteo es al solo efecto de determinar en qué orden vamos a ir al laboratorio de la Facultad, que está ubicado en Rivadavia 1359, entre España y Tomas Jofré, para la toma de las muestras de orina. Somos 1.640 personas en todo el territorio provincial que estamos obligadas a hacer este análisis”, explicó.

Recordó que el costo de cada uno de estos análisis es soportado por cada uno de los funcionarios públicos. “Distinto va a ser el caso cuando esto se aplique a los integrantes de la Policía de San Luis, el Servicio Penitenciario o el ministerio de Salud, en cuyo caso el costo va a ser afrontado por el Gobierno de la Provincia”, informó.

La negativa a concurrir a someterse al análisis es considerada por la ley una falta grave, en la medida en que la persona no justifique debidamente el motivo de la inasistencia, aseveró. “Si uno de los 60 funcionarios que están siendo notificados en el día de hoy se encuentran en este momento prestando una función oficial, por ejemplo, en Buenos Aires, está debidamente justificada su inexistencia el viernes. Ahora, si un funcionario no justifica debidamente su inasistencia, es considerada una falta grave y existe solo la posibilidad de ser incluido en un próximo sorteo. Si en el próximo sorteo sale elegido y no va a la toma de la muestra, allí se aplican las sanciones establecidas por la ley ”, aseveró.

Explicó que, cuando los funcionarios asistan, van a llenar una declaración jurada, que es totalmente ciega porque el personal, tanto el que va a tomar la muestra como el que lo va a procesar, solo se va a guiar por un código de barra y no va a saber de quién es la muestra. En la declaración se expone si se está consumiendo algún medicamento, para tenerlo en cuenta a la hora de hacer el análisis.

Dijo que el primer análisis que se hace es presuntivo, donde, según la ley y la aplicación de la misma, hay 10 tipos de sustancias que se buscan. “En realidad, en algunos casos no son una única sustancia, sino familias de sustancia. Cuando uno habla de opioides, es una familia de sustancias. El sistema presuntivo lo que hace es detectar si está presente o no esa sustancia en un límite determinado. Si el análisis da negativo, no hay ningún problema. Si el análisis llega a dar positivo, está la posibilidad de una primera contra muestra. Lo que se hace es un análisis químico, con equipamiento de última tecnología, donde se determina la cantidad exacta que hay presente en la muestra y, si persiste la cantidad y supera los límites aceptados y se pide una segunda contra muestra, eso es lo que se deriva a otro laboratorio”, explicó.

Según lo estipulado por el convenio entre la UNSL y el Gobierno, el resultado se entrega cinco días hábiles después de tomar la muestra.

A qué funcionarios le hacen los estudios:

Ejecutivo: Gobernador, Vicegobernador, Ministros y Secretarios de Estado, Directores, Subdirectores y Jefes de Área.

Judicial: Ministros del Superior Tribunal de Justicia, Jueces de Cámara, Fiscales de Cámara, Jueces de primera instancia, Fiscales de instrucción, Secretarios de Juzgado, Secretarios de Cámara, Defensores, Secretarios administrativos.

Legislativo: Senadores y Diputados Provinciales. Son 43 diputados provinciales, 9 senadores y 4 integrantes de las mesas directivas, que son los Secretarios Legislativos y Administrativos de cada una de las cámaras.

Narcotest, también en Córdoba

En julio pasado, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, cumplió con lo requerido por la ley provincial 10.954 de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana, conocida como 'Narcotest', promulgada el 26/04 y que establece que las personas que desempeñen funciones por elección popular deben someterse a una prueba de drogas en establecimientos públicos y privados.

Además del gobernador, los ministros, secretarios, subsecretarios, directores, subdirectores, asesores y las personas que por disposición legal o reglamentaria ejerzan funciones de jerarquía equivalentes a esos cargos deben someterse a los análisis que permiten detectar la presencia de metabolitos de drogas ilegales en orina.

¿Se viene el narcotest nacional? Hay un proyecto

El pasado 24 de febrero, el diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, presentó un proyecto de ley para que todos los funcionarios de los tres Poderes del Estado sean sometidos a un examen toxicológico obligatorio, con el fin de demostrar que no consumen drogas.

La propuesta establece en su artículo 1 “la obligatoriedad de exámenes toxicológicos periódicos y aleatorios” para “garantizar la integridad, idoneidad y transparencia en la función pública”.

En la redacción original del texto, están alcanzados por la ley todos los funcionarios del Ejecutivo, la Justicia y el Congreso. Esto incluye, además, a directivos de organismos autárquicos, descentralizados y empresas estatales, así como también a autoridades de rangos equivalentes en provincias o municipios que adhieran, eventualmente, a esta legislación.

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Presenté en el Congreso Nacional:

LEY ANTIDOPING Y NARCO TEST PARA LA POLÍTICA Y LA JUSTICIA

Exámenes toxicológicos obligatorios para funcionarios de los 3 poderes, un paso firme hacia la transparencia y la ética en el Estado. pic.twitter.com/8dkzOfAmf9
— Gabriel F. Chumpitaz (@gfchumpitaz) February 24, 2025

El proyecto también aclara que el narcotest será obligatorio al asumir el cargo, se hará al menos una vez al año y “de forma aleatoria cada tres meses sobre una muestra representativa de funcionarios”.

Entre las sustancias que buscará detectar el examen están previstas la cocaína y derivados, marihuana y derivados, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas, alucinógenos y otras drogas sintéticas, siempre y cuando no estén “prescriptas por un profesional de la salud”.

En caso de que el resultado del narcotest propuesto encuentre resultados positivos, se abren una serie de escenarios que podrían concluir con el desplazamiento del funcionario.

De aprobarse la redacción original del texto, primero se ofrecerá una contraprueba, que podrá ser solicitada dentro de las 48 horas para revalidar los resultados del estudio.

“Si la contraprueba confirma el resultado, el funcionario será suspendido preventivamente sin goce de haberes hasta la resolución definitiva de su situación”, establece uno de los artículos.

En caso de que esta persona sea del Poder Ejecutivo, una junta médica oficial y la Oficina Anticorrupción emitirán un informe al Presidente de la Nación, quien tomará la decisión final sobre su futuro en el Gabinete.

Si se trata de un diputado, senador o autoridad del Congreso, se convocará a la Comisión de Asuntos Constitucionales de la respectiva Cámara. Esta “podrá recomendar la destitución y, en caso de ser aprobada por mayoría simple, se iniciará el procedimiento de juicio político o remoción según corresponda”, según prevé el proyecto.

Para el Poder Judicial, se dará intervención al Consejo de la Magistratura, el cual deberá iniciar el proceso de remoción o sanción correspondiente.

¿Lo aprobará el Congreso?

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