JUSTICIA

PRESENTÓ UN ESCRITO

Causa 'Peajes': Dietrich rechazó las acusaciones y no respondió preguntas

El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó un escrito y se negó a responder preguntas en la causa por las presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de peajes durante el gobierno de Cambiemos. El trámite se hizo por videoconferencia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral.

El ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, presentó un escrito y se negó a responder preguntas en la causa por las presuntas irregularidades en la renegociación de contratos de peajes durante el gobierno de Cambiemos. El trámite se hizo por videoconferencia ante el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que -hasta su jubilación, el próximo 29/07- tiene a su cargo el caso.

Dietrich envió al juzgado una presentación escrita en la que negó haber cometido los delitos que se le imputan, fundamentó su rechazo a las acusaciones y así dio por cumplida su indagatoria, según publica Minuto Uno.

El ex ministro aseguró que ese proceso le ahorró al país un juicio millonario y se hizo sin pagar “un solo peso”. Pero además el ex funcionario también aprovechó para desmentir la denuncia sobre un beneficio de Mauricio Macri o su familia con el aumento de los peajes, y subrayó que así lo definió el juez Daniel Rafecas, en un fallo dictado en 2017, según informa Infobae.

“El supuesto negociado que denuncian le ahorró al país 3.000 millones de dólares reclamados a través del CIADI y un juicio internacional al estilo YPF, en los que al país nunca le fue bien”, afirmó el ex funcionario en un descargo por escrito, luego de una audiencia por zoom en la que se negó a contestar preguntas.

Para el lunes 27, en tanto, está prevista la indagatoria de otro de los imputados, el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne.

Cabe recordar que ya fueron procesados en la causa el ex titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, y el ex Procurador del Tesoro Nacional, Bernardo Saravia Frias, por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Ambos se habían negado a declarar y pidieron el apartamiento del juez, lo cual fue rechazado.

En el caso se investigan las presuntas irregularidades en la prórroga de los contratos de concesión a Ausol y Grupo Concesionario Oeste, por los peajes de la Panamericana y el Acceso Oeste.

Para el juez, los funcionarios del gobierno de Mauricio Macri "actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas", lo que “generó un perjuicio económico al erario público, producto de un actuar doloso".

Según se desprende de la resolución de procesamiento de los ex funcionarios, está acreditado, al menos en esta instancia del proceso, que "existió un acuerdo previo de naturaleza clandestina" entre los funcionarios y empresarios para beneficiar a Autopistas del Sol S.A. -cuya accionista era la empresa del entonces presidente Mauricio Macri- y al Grupo Concesionario del Oeste.

La causa fue iniciada por una denuncia de los diputados Rodolfo Tailhade, Adrian Grana, Carlos Castagneto y Leopoldo Moreau, quienes denunciaron las irregularidades en la prórroga de las concesiones por diez años más sin licitación. Además del pago a las empresas de casi 500 millones de dólares por supuestas inversiones no amortizadas y la venta de acciones que Macri tenía en Ausol a una empresa, Natal Inversiones.

Según los denunciantes, tres días antes de que Macri asumiera la Presidencia de la Nación, Ausol -a través de su controlante española Abertis- simuló una demanda contra el Estado Nacional ante el CIADI por más de US$1.100 millones por supuestos atrasos tarifarios, que sólo buscaba la justificación para disparar la renegociación del contrato de concesión, cuya finalización operaba en 2020.

Por decisión del ex ministro Dietrich e Iguacel, el gobierno dispuso arreglar por la suma de US$499 millones, en lo que “constituye un despojo al patrimonio público que debe ser investigado por la justicia penal”, sostuvieron en su momento los legisladores del bloque FpV-PJ-Unidad Ciudadana.

El dinero fue entregado "bajo la supuesta presión de un trámite arbitral ante el CIADI que, según pudo determinarse en esta investigación, resultaba de casi imposible acogida favorable (por no haberse dado cumplimiento al agotamiento de la instancia de jurisdicción local) y cuyos montos resultaban excesivos", sostuvo el juez en su resolución de procesamientos.

Canicoba Corral fue contundente: se trató de "un complejo engranaje de maniobras que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes” entre las que se encontraba la firma Sideco Americana S.A. en la que el presidente Mauricio Macri y sus familia tenía acciones.

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