La avanzada kirchnerista contra Julio Conte Grand tuvo una fuerte respuesta este lunes cuando fiscales de todo el país reaccionaron en respaldo del procurador bonaerense. Puntualmente, los funcionarios judiciales respondieron a los comentarios de la senadora oficialista Juliana Di Tullio quien calificó a Conte Grand de "delincuente" y reclamó su renuncia por vincularlo con el escándalo de la "Gestapo anti-sindical".
'GESTAPOGATE'
Julio Conte Grand consigue respaldo ante la nueva avanzada K
El kirchnerismo quiere la renuncia del procurador bonaerense Julio Conte Grand. Fiscales de todo el país salieron a su rescate.
El Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal -organizaciones que agrupan a todos los titulares de los Ministerios Públicos del país- emitieron un comunicado en el que calificaron las declaraciones de Di Tullio de “desmedidas e injuriante” y sostuvieron que lesionan el funcionamiento de las instituciones.
“Ese señor parece no va a renunciar, hay que llenarlo de juicios políticos aunque perdamos la votación, hay que hacerle juicio político. No lo quiero más como Procurador de mi Provincia, es un delincuente. Un delincuente”, dijo Di Tullio la semana pasada en la última sesión del Senado de la Nación en la que se aprobó un repudio al video hallado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que derivó en una denuncia penal. En el mismo se ve al entonces ministro de Trabajo de María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, proponer el armado de causas contra sindicalistas. El mismo Villegas fue el que utilizó la palabra "Gestapo" (en alusión a la policía secreta del nazismo) para definir el sistema ante empresarios, dirigentes y agentes de la AFI.
Villegas dijo y quedó registrado en el video que tenía todo hablado con “la fiscal”, “el juez” y la “Procuración General” para avanzar en el armado de una causa judicial contra Juan Pablo “Pata” Medina y que necesitaba que las empresas presenten notas denunciando extorsiones y amenazas.
En el Congreso, la senadora oficialista cuestionó que Conte Grand -que antes de ser procurador había sido funcionario del gobierno de Vidal- siguiera siendo el jefe de los fiscales luego de que trascendieran los videos . "¿Qué garantía tenemos los bonaerenses de tener una justicia democrática?”, preguntó Di Tullio, y aseguró que se cansó “de ver persecuciones los cuatro años del gobierno de Macri”.
En contra de las expresiones de la senadora fue que reaccionaron los fiscales.
“Constituye un deber ineludible de todos resguardar la institucionalidad democrática de nuestro país. El respeto hacia los miembros de otros poderes, de todas las jurisdicciones, se erige en un elemento vital de la convivencia, el equilibrio institucional y el fortalecimiento de la democracia”, señala el documento de los procuradores que reclama “moderación y seriedad” y pide evitar que “al emitir pareceres se comprometa, incluso como único objetivo aparente, el honor de funcionarios, en el caso de otras jurisdicciones y poderes”.
La aclaración sobre las jurisdicciones tendría que ver con que el presunto plan urdido por Villegas escaparía a la órbita de Conte Grand, ya que la causa contra el 'Pata' Medina, por ejemplo, era de competencia federal. En ese entonces, la procuradora general de la Nación era Alejandra Gils Carbó, designada a instancia de Cristina Kirchner e inspiradora del colectivo de jueces filo K Justicia Legítima.
El comunicado afirma que Di Tullio “agravió” a Conte Grand y afirma que aun cuando las declaraciones “se pretendan amparadas por la garantía de inmunidad de opinión de la que pueden gozar los señores legisladores, lesionan en modo directo el normal funcionamiento de las instituciones y constituyen una afectación de la sana convivencia institucional y el respeto por la división de poderes”.
El comunicado de los procuradores sostiene: “No podemos dejar de señalar, asimismo, que este episodio se enmarca en una serie de sucesos que, en distintos ámbitos provinciales, vienen configurando un ataque a los respectivos Ministerios Públicos, lesionando sensiblemente su autonomía e independencia, tal como lo hemos venido denunciando desde estos Consejos”.
Firman el documento difundido los procuradores y fiscales generales de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Rio Negro, Chubut, Tierra del Fuego, Misiones, Formosa, Santiago del Estero, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.