SANTA FE. La reciente reestructuración del transporte de larga distancia, impulsada por el gobierno de Javier Milei bajo las premisas de la libre competencia y la desregulación de tarifas, desató un fuerte debate legislativo y social. Frente a este escenario, el diputado nacional, Diego Giuliano, presentó un proyecto de ley contra la quita de subsidios.
DERECHOS FUNDAMENTALES
Garantizar el transporte, proteger la discapacidad: El proyecto para frenar el recorte de Nación
El diputado nacional, Diego Giuliano, presiona al Gobierno con un proyecto para frenar la quita del transporte gratuito a personas con discapacidad.
Ajuste libertario.
La postura de la administración central sostiene que, dentro de este nuevo ecosistema de mercado libre, son las propias empresas operadoras las que deben absorber los costos operativos de los pasajes destinados a personas con discapacidad, trasplantados o en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La iniciativa presentada por Giuliano exige que el Estado Nacional restituya de inmediato las herramientas financieras y normativas que aseguren el cumplimiento efectivo de este beneficio, impidiendo que quede sujeto a la voluntad o capacidad financiera de las firmas privadas.
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El proyecto de Diego Giuliano
El fundamento principal del proyecto radica en lo que Giuliano denomina una "profunda preocupación institucional, jurídica y social".
Desde la perspectiva del legislador, la normativa implementada carece de un diagnóstico previo y riguroso sobre las consecuencias humanas, sanitarias y legales que sufrirán las comunidades prioritarias. Se critica de forma tajante que las decisiones de la administración pública se gestionen bajo una lógica estrictamente contable.
Al reducir políticas de derechos humanos a variables estrictamente numéricas, el Estado desatiende la realidad de los ciudadanos más desprotegidos para priorizar el equilibrio fiscal.
El impacto en el interior del país y la desigualdad federal
Un eje crítico de la argumentación es el carácter federal de la problemática. La centralización de la alta complejidad médica en las grandes urbes obliga a miles de ciudadanos residentes en el interior profundo de la Argentina a trasladarse de forma recurrente.
Para estas personas, los ómnibus de larga distancia no representan un medio de recreación, sino un eslabón indispensable para la supervivencia: es el único recurso disponible para asistir a terapias de rehabilitación, tratamientos oncológicos o controles postrasplante que no existen en sus pueblos o ciudades de origen. Negar la sustentabilidad de este sistema equivale a aislar sanitariamente a las provincias.
Inclusión versus costo económico
Finalmente, lo planteado por el santafesino busca redefinir conceptualmente la gratuidad de estos pasajes. No se trata de un subsidio arbitrario ni de un beneficio corporativo, sino de una herramienta de equiparación social y accesibilidad universal.
El transporte público, en este contexto, actúa como un puente directo hacia la salud, la educación y la integración. Por lo tanto, se remarca que el Estado no puede delegar de manera unilateral sus obligaciones constitucionales en el sector privado, ya que detrás de cada partida presupuestaria recortada existen realidades humanas concretas cuya calidad de vida depende de la protección pública.
Polémica decisión del gobierno de Javier Milei
La controversia en torno a la Resolución 28/2026 expone una tensión estructural entre dos visiones del Estado: aquella que prioriza la eficiencia fiscal y la desregulación del mercado como motores de ordenamiento, y aquella que defiende el rol del sector público como garante indelegable de los derechos fundamentales.
El proyecto de ley del diputado pone el foco en que la readecuación económica del sector transporte no puede realizarse a expensas de la salud y la movilidad de los colectivos más vulnerables del país.
La gratuidad de los pasajes para las personas mencionadas no debe ser considerada una pérdida en una planilla de cálculo, sino una inversión social prioritaria. En un país con profundas asimetrías geográficas y económicas, desproteger estos mecanismos de integración no solo agrava las desigualdades federales, sino que pone en riesgo el acceso básico a la salud, transformando un derecho consagrado por ley en un beneficio inaccesible.
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