Fondos Fiduciarios: Milei no los pudo eliminar y se los dio a Caputo

Decreto de Milei y ‘caja’ para Caputo

Según el Decreto 215/2024, publicado este lunes (4/3) en el Boletín Oficial, trajo la novedad de la continuidad de los fondos fiduciarios que a mediados de febrero el vocero presidencial Manuel Adorni, había dicho que se eliminaban por tratarse de una “caja de la política”.

“En principio estos fondos fiduciarios representan medio punto del producto, en torno a los u$s 2000 millones. Fondos que existen desde hace unos 30 años", especificó Adorni en conferencia de prensa.

Y anunció: "nosotros finalmente vamos a terminar con estas cajas. Pero al margen de esto entendemos y apelamos a que la política comprenda que efectivamente la transparencia tiene que estar por encima de todo".

Los fondos son ingresos destinados a las provincias, que funcionan como un presupuesto que les garantiza por más de un año el financiamiento y estabilidad de programas públicos.

Esos fondos o fideicomisos son: Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte y el de Desarrollo Provincial, Fondo Fiduciario PROCREAR, Fondo PROGRESAR, Fideicomisos vinculados al transporte eléctrico federal, capital social y seguridad aeroportuaria Fondo de Infraestructura Hídrica, Fondo estabilizador del trigo y el Fondo Fiduciario de cobertura de salud.

Son 29 en total, el Gobierno pretendió eliminarlos directamente, pero solamente 9 pueden deshacerse por decreto, para el resto se necesita una ley.

Decretazo

Desde el Instituto Consenso Federal se había advertido que Milei no podría eliminar los fondos fiduciarios porque “no cuenta ni contará con las herramientas legales, salvo que las apruebe el Congreso de la Nación”.

“Al no poder eliminar los Fondos Fiduciarios del Sector Público Nacional, el Presidente se los transfirió al Ministro de Economía, Luis ‘Toto’ Caputo”, dijeron desde el Instituto que dirige el exdiputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez.

“El recién publicado decreto establece que el Ministerio de Economía será el nuevo ‘fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios’”, indica el comunicado del Instituto y se pregunta: “Qué hará Caputo con esos recursos, nadie lo sabe. Pero se queda con el manejo de todos los Fondos”.

“Si los tengo a tiro de decreto, anotalo, porque son boleta”, había dicho Milei hace unas semanas sobre los Fondos Fiduciarios.

“No son boleta; siguen vivos y ahora en manos de Toto Caputo”, concluyó el Instituto en un comunicado.

Según el decreto presidencial, Caputo será “fiduciante en representación del Estado Nacional, en todos los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional, ejerciendo en ese carácter la dirección y conducción de dichos fondos fiduciarios”.

Auditoría

De acuerdo a la resolución el ministerio de Economía “con la asistencia de la Sindicatura General de la Nación, o mediante la contratación de consultores independientes externos de reconocida trayectoria y experiencia, deberá realizar -dentro del plazo de sesenta (60) días a contar desde la fecha de entrada en vigencia de la presente medida- una auditoría integral de gestión de los fondos fiduciarios integrados total o parcialmente con bienes y/o fondos del Estado Nacional”.

El decreto habilita al organismo liderado por Caputo a “prorrogar este plazo por otro similar y por única vez”.

El Gobierno defendió su decisión en que “conforme surge del citado Informe, se ha observado la inexistencia o desactualización de los procedimientos administrativos que definen la operatoria de funcionamiento de cada fondo fiduciario; las políticas generales a ser abordadas; los mecanismos para la formalización de expedientes y documentación de respaldo de las decisiones; las responsabilidades sobre el seguimiento y control de beneficiarios; los sistemas de información sobre el estado de ejecución y avance de obras, entre otros”.

Además, dice haber detectado “la ausencia o falta de integridad y sistematización de la documentación de respaldo de los procesos de otorgamiento de fondos, lo que dificulta garantizar la transparencia y trazabilidad de las actuaciones y, por lo tanto, las tareas de control y fiscalización sobre la asignación de recursos”.

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