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REPERFILAMIENTO

El FMI trata con Guzmán un Plan B que evite un marzo negro

El FMI manda un emisario a pasar en limpio lo negociado este año con Guzmán para ajustar el Plan B que va a fin de año al Congreso a la firma de la oposición.

El ministro de Economía Martín Guzmán recibe esta semana una visita del FMI, mencionada por la periodista Florencia Donovan (@f_donovan) en su columna semanal del viernes en La Nación, para repasar un Plan B a fin de que la oposición decida con qué límites acompañará al gobierno en la negociación con el organismo.

Se manejan asimismo los pro y contra de soluciones transitorias como el waiver (perdón), que implica patear el calendario de pagos algunos meses, o “arrears” como se le aplicó a Grecia en 2015.

Si se tiene en cuenta que el jefe del Palacio de Hacienda anticipó que no llega a ingresar el plan plurianual en el Congreso en la fecha anunciada por el Presidente en el discurso poselectoral, y que tal vez “sea para fin de año”, todo indicaría que habrá un punteo previo con el Fondo para que no figuren en el documento coincidencias que no sean tales.

Sería una especie de prenegociación basada en consensos básicos entre el FMI y el gobierno para alumbrar el borrador de plan plurianual que será presentado por Guzmán para que sea tratado después de las fiestas en la nueva composición en las Cámaras, que asumirá el 10 de diciembre.

Lo que trasciende de Washington y reproduce una nota de Martín Kanenguiser (@mkanen) es que en enero comenzará su gestión el nuevo auditor regional del organismo, el ex presidente del Banco Central de Brasil, Ilan Godfajn, con la instrucción de la vicejefa del área, Julie Kozack, a la que reporta, de adoptar un enfoque pragmático y no tensar demasiado la cuerda entre las partes.

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El brasileño Ilan Godfajn, un funcionario del FMI con reputación de duro, que se acerca a la Argentina con buena disposición.

El brasileño Ilan Godfajn, un funcionario del FMI con reputación de duro, que se acerca a la Argentina con buena disposición.

El dato es muy sugerente, porque si bien no significa que haya ablandamiento alguno por parte del staff del Fondo, da indicios de que existe alguna bajada de línea de la directora gerenta, Kristalina Georgieva, para ayudar al ministro Guzmán a pasar en limpio coincidencias y disidencias de las conversaciones que tuvieron durante el año entre los funcionarios que representan a Washington y los argentinos.

En esta instancia, aparentemente se prefirió que no interviniera el técnico que tiene a su cargo el caso argentino, el venezolano Luis Cubeddu, quien de tan prevenido que está por la sinuosidad del elenco de Guzmán y del propio ministro, no estaría demasiado predispuesto a allanar caminos.

Por lo que se filtró en estos días de aprestos para un encuentro, una vez que el país abone los US$1800 que vencen el 18 de diciembre, el paso siguiente agendado en el contacto en ciernes con el FMI es la duración del estricto control de cambios vigente y la estrategia a desarrollar por el Banco Central para afrontar los compromisos de enero y febrero y recomponer reservas durante los 8 meses en que ingresará la mayor parte de los dólares de la cosecha 2021-22.

El Banco Central ya ajustó hasta setiembre el régimen de pago de las importaciones, a fin de evitar que haya demanda anticipada de divisas que presionen sobre la cuenta corriente del balance de pagos, como estuvo sucediendo a partir de agosto pasado.

Sin embargo, esta sintonía fina de la administración de divisas es precaria y no resuelve el principal problema: la brecha cambiaria.

Calendario

La caja propiamente dicha tiene que afrontar un calendario exigente en todo el año que viene, cuando en total vencen US$19.100 millones.

En enero tendrá que desembolsarle al FMI unos u$s738 millones, que se consolidan con los u$s750 millones de remanente de los DEG entregados por el organismo.

Y en febrero llega la hora de la verdad. Difícil que haya hasta ese momento acuerdo alguno cerrado, de las reservas deberían salir unos US$379 millones para abonarle al Fondo y unos US$195 millones al Club de París.

La refinanciación conseguida a mediados de año con los gobiernos europeos se compone de dos cuotas pagaderas antes de la liquidación final de marzo 2022 por US$ 1.900 millones.

En marzo, directamente, se dependería de cerrar un acuerdo, lo cual parece muy lejano, o de un reperfilamiento de los vencimientos para no entrar en zona de default.

Entre el Fondo, Club de París y otros, se deberían pagar US$5.100 millones: US$1.300 corresponden a intereses y cargos. compañía y se reparten otros 14.000 en el resto del año.

Para 2023: los pagos totalizarían otros US$19.300 millones y en 2024 cae el último pago del stand by por US$4.900 millones.

Es tan dramático el conteo de centavos de dólar de la caja del BCRA como el establecimiento de puentes en el Congreso para cerrar algún tipo de trato en tiempo y forma con la otra fracción que divide la primera minoría con el oficialismo.

El calendario apremia, porque debería ser en enero, casi en la reanudación de las sesiones extraordinarias tras las fiestas, para llegar a febrero. Y la forma es el contenido del proyecto que dará la pauta de hasta qué punto habrá consenso para ajustar.

A toda marcha, el secretario Gustavo Béliz y el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro, se proponen reunir al Consejo Económico Social, a los sindicatos, empresarios y movimientos sociales amigos para formular consensos y llevárselos a los legisladores para presionarlos.

Se da por sentado que, a esta altura, llegar a un acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo para refinanciar ese paquete, con 4 años de gracia y hasta 10 para repagar, parece casi una quimera.

Suponiendo que sucediera el milagro y oficialismo y oposición consensuaran en el Congreso la aprobación de una carta de intención previamente firmada entre el Poder Ejecutivo y el Fondo Monetario, el compromiso de bajar inflación el déficit fiscal y hacer reformas estructurales no sería un costo político que la coalición gobernante y la otra primera minoría de Juntos por el Cambio aceptan sin reparos.

De hecho, la vicepresidenta y líder del kirchnerismo, Cristina Kirchner, acaba de dejar sentado en otra carta pública que no pondrá su firma a ningún compromiso que signifique un sacrificio para el pueblo, que la lapicera siempre la tuvo el Presidente y que la oposición debe corresponsabilizarse porque fue la que contrajo esta deuda con el FMI.

Tampoco los funcionarios del organismo acreedor se embarcarán en un programa como el de las facilidades extendidas que le signifique auditar cada tres meses en Buenos Aires, a sabiendas de que no será cumplido.

Con una inflación como la actual, cualquier plan de recomposición de tarifas de servicios públicos con el que se intenten bajar los subsidios medio punto del PBI tendrá que ser nominalmente superior al índice de precios, lo cual lo haría entrar en la zona de los tarifazos.

Una a favor: el economista K privatizado, Emmanuel Alvarez Agis, se tomó el trabajo de relevar los documentos realizados en los últimos cino años con el FMI, tras lo cual afirmó que no pedirán devaluación porque el cambio está apreciado 5%. Sí hará hincapié en la brecha.

La economista Marina Dal Proggetto advirtió que “se está jugando con fuego al no consensuar rápido un acuerdo con el Fondo entre las fuerzas políticas que tienen la mayoría”.

Además, que “están haciendo mala praxis en términos de transferencia de ingresos que está provocando el actual esquema y en términos de riesgos de aceleración inflacionaria con los costos sociales que esto significa”.

Finalmente sostuvo que “si se trata de proteger a sectores de la sociedad desfavorecidos, lo que se logra es perjudicarlos”.

Sin la emergencia pandémica que los impulse, Guzmán metió mano al gasto público retirando transferencias a provincias para erogaciones de capital. Bonos a los jubilados. Bonos a los que reciben planes de ayuda social. No dando otro bono se ajusta automáticamente.

Por el lado diplomático y del lobby, el embajador en Washington, Jorge Argüello y el estudio Arnold & Porter armaron una agenda en Estados Unidos para relanzar una estrategia de acercamiento con los factores de poder, con el propósito de recibir algún espaldarazo político en el board del FMI, donde el País del Norte tiene un elevado poder de voto y de veto, que inyecte optimismo a las negociaciones.

El presidente Alberto Fernández insiste en que el ciento por ciento que dio de apoyo a la política ambiental que impulsa Joe Biden debería rendir algún fruto en esta crucial etapa.

Son 33 los países que no pagaron vencimientos al FMI: Cuba, Perú, Panamá, Haití, Yugoslavia, Afganistán, Irak, Congo, entre otros, y dos naciones africanas: Sudán y Somalia.

Grecia fue el último país en incumplir, en 2015, un atraso, o “arrears”, en la jerga técnica. Liberia es el país con el retraso más largo: más de 23 años.

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