Córdoba era parte del pinchazo de 7.000 millones de Nación

Entre las jurisdicciones apuntadas por la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, quedó Córdoba, con al menos 194 empleados provinciales señalados por ser presuntos beneficiarios. Los trabajadores, que por su relación con la Provincia no deberían percibir el beneficio, habrían cobrado “a las espaldas” de las autoridades del Gobierno provincial, al cual la Justicia no le endilgó ninguna responsabilidad hasta ahora.

La causa en Córdoba fue remitida al fiscal federal Maximiliano Hairabedian, quien le solicitó varios informes a la administración de Martín Llaryora. Entre ellos, los recibos de sueldo de los 194 beneficiarios y otras documentaciones que puedan constatar su relación de dependencia con la Provincia.

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Córdoba: El Potenciar Trabajo en manos de empleados provinciales.

Por otra parte, la Justicia Federal investigará también a funcionarios responsables de permitir la inscripción de los empleados provinciales cordobeses. Los delitos que se investigan son los de defraudación contra la Administración Pública, y posiblemente la omisión de los deberes de funcionario público.

Según Córdoba, el registro de los beneficiarios del Potenciar Trabajo siempre estuvo bajo exclusividad de Nación. De esa manera, la provincia nunca podría saber si uno de sus empleados resultaba beneficiario de ese programa, o incluso de otros a nivel nacional.

El caso se extiende en al menos 10 provincias, involucrando cerca de 9.000 empleados públicos que habrían tenido acceso al Potenciar Trabajo a pesar de estar en relación de dependencia. El cálculo de la Justicia dedujo que el caso implicó un gasto extra al Estado nacional de casi 7.000 millones de pesos.

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