Un gobernador mueve piezas en la Justicia

Aunque ese no es el único caso que transcurre actualmente, donde un gobierno impulsa movimientos en la Justicia, a pesar de la división de poderes claramente establecida por la Constitución Nacional. En las últimas horas, se conoció en Córdoba una nueva situación, que si bien no es lo mismo que el caso de la avanzada K, da para analizar alrededor de la politización de la Justicia. 

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, hizo pública ayer (02/03) su recomendación al Poder Judicial de la provincia de nombrar a Juan Manuel Delgado como nuevo fiscal General de la provincia (Jefe de los fiscales). Delgado es un abogado especializado en derecho comercial y privado que se desempeña en el Estado cordobés desde 2019, como Procurador General del Tesoro. 

Antes de eso, el letrado se ocupó exclusivamente de casos privados, desde su inicio en la actividad en 1995. Pero Delgado no es un simple abogado que se desempeña en el Gobierno de Córdoba.

El hombre apuntado por el Gobernador surge del círculo político más cercano a este último. Según trascendió, Delgado es allegado a uno de los hombres de confianza de Schiaretti: el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa.  

Para entender la cercanía entre Sosa y Schiaretti hay que entender que la obra pública es uno de los pilares fundamentales de la gestión de más de 20 años de Hacemos por Córdoba. Y ese sector tan sensible sólo se le puede confiar a alguien cercano.

Además, el letrado (de muy bajo perfil) tendría un estrecho vínculo con dos actores fundamentales de la escena cordobesa. En primer lugar estaría ligado fuertemente con dirigentes comerciales y desarrollistas de bienes raíces, ambiente en el que fue calando hondo gracias a su presencia en la Bolsa de Comercio de Córdoba. 

Ese perfil comercial fue algo que llamó la atención de todos en Córdoba, teniendo en cuenta que fue propuesto para un cargo exclusivamente penalista. Y el otro vínculo particular que Delgado posee en la sociedad cordobesa es con la Iglesia. 

Egresado de la Universidad Católica de Córdoba, Delgado pertenece al Opus Dei. Esto le añade un nuevo tono de conservadurismo a la ya conservadora Justicia cordobesa. 

La sugerencia de Schiaretti llega luego de dos años de vacancia en el cargo de fiscal General y deberá ser tratada en la Legislatura de Córdoba. En 2018, Alejandro Moyano finalizó su mandato y desde entonces, los fiscales cordobeses han respondido a los adjuntos José Gómez Demmel y Héctor David, ambos del palo schiarettista. 

La afiliación política de Delgado no es formal (no figura en ningún padrón), pero es sabido que es una apuesta de confianza para el mandatario. Por eso, desde la oposición provincial ya alzaron reclamos, diciendo que nuevamente Schiaretti “pone un empleado suyo” en la Justicia, según palabras del radical Dante Rossi. 

En caso de asumir, Delgado tendría un mandato de cinco años, trascendiendo la gestión actual. Esto le permitiría a Schiaretti continuar con su récord de limpieza jurídica que lo pone como único en su especie entre los demás mandatarios provinciales (nunca se vio involucrado en ninguna causa). 

La Coalición Cívica fue la primera en referirse a la “sugerencia” del Gobernador como partido. Desde ese espacio se refirieron a la movida como una “colonización de la Justicia” a nivel local.