Leído

CRISIS EN CHACO

Alberto F. 'bancó' a Capitanich pero renunció la cúpula policial, y hay 900 efectivos en juego

Mar, 14/07/2020 - 10:51am
Enviado en:
Por Urgente24

La prudencia es la mejor consejera en las aguas turbias. A veces, el gobernador Jorge Capitanich luce casi casi inteligente. A veces, desnuda dudas y lagunas llamativas, comprensibles en sus jóvenes amigos pero no en un veterano político profesional. Entonces, su trayectoria termina marcada por la contradicción entre quien él dice ser y quien realmente es. En tanto, en otro ejemplo de su gestión, el jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez y Mariela Noemí Aguirre, directora ejecutiva del Centro de Análisis, Comando y Control Policial (C.E.A.C), renunciaron en Resistencia, y luego comenzó una extensa reunión en la Jefatura para resolver el nuevo organigrama. La dimisión de la cúpula policial fue provocada por el desplazamiento de los 4 policías imputados en el violento allanamiento en el domicilio de una familia qom en Fontana. Si bien la justicia resolvió la libertad de los mismos, luego Romero había dicho que iban a regresar a sus puestos de manera inmediata.

El comisario Fernando Romero asumió en la Jefatura de la Policía en febrero de 2019, bajo el mandato de Domingo Peppo. En diciembre, ante el cambio de gobernador, fue confirmado por Jorge Capitanich para continuar en el cargo: “Me pidieron seguir trabajando de la manera lo venimos haciendo", había dicho en aquel tiempo.
Contenido

Quien era el jefe de la Policía de Chaco, Fernando Romero, el subjefe Ángel Domínguez; y la directora ejecutiva del C.E.A.C, Mariela Noemí Aguirre, pusieron sus renuncias sobre el escritorio del gobernador Jorge Capitanich.

Las renuncias fueron presentadas por Romero, Domínguez y Aguirre, tras la decisión del gobierno de no reintegrar a los efectivos involucrados en el violento procedimiento de Fontana. 

Cabe recordar que los efectivos policiales Cristian Foschiatti, Orlando Cabrera, Cristian Flores y Cristian Benítez, quienes estaban detenidos en la causa desde el 09/06, con domiciliaria desde el 24/06, fueron puestos en libertad el pasado miércoles 08/07, tras un fallo de la jueza de Garantías Nº 3, Rosalía Zózzoli.

En declaraciones públicas Romero había manifestado que los efectivos volverían a cumplir funciones desde este lunes 13/07, pero desde el Gobierno provincial, a través de un comunicado oficial, dejaron claro que no serían reintegrados.

“Hace media hora acabo de firmar la renuncia al cargo del Jefe de la Policía, están llevando la nota a Casa de Gobierno a consideración de la señora ministra de Seguridad y del Señor Gobernador”, manifestó Romero a La Radio.
 
Según él explicó, la determinación “obedece a cuestiones de posturas, desde la institución no estamos de acuerdo en el no reintegro de los 4 efectivos de la Comisaría 3ra. de Fontana”.

Esto sería repetido hasta el cansancio por el jefe policial.

Sin embargo, el Ejecutivo provincial, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, anunció que los uniformados no podían regresar y, por lo tanto, no cobrarán sus salarios.

“Sin orden de allanamiento y mediante golpes, detuvieron y trasladaron a 4 personas -2 mujeres y 2 varones- y agredieron a otra mujer que estaba en la vivienda, tirando balazos con posta de goma y de plomo”, relataron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que además se constituyó como querellante en la causa.

Capitanich y sus colaboradores se manifestaron en contra de lo ocurrido en Fontana cuando un grupo de policías irrumpió en una casa del barrio Banderas Argentinas “sin orden de allanamiento”.

Pero, durante el lunes agitado, el comisario Romero confirmó a Diario Chaco que la ministra de Seguridad, Gloria Zalazar, le escribió que la cúpula policial continuaría en funciones y que su renuncia sólo fue "puesta en consideración".

El caso tomó tal trascendencia que hasta el presidente Alberto Fernández se refirió a lo sucedido, celebrando “que el Ejecutivo provincial haya apartado a los efectivos” y llamando a “trabajar más profundamente en una problemática que es una deuda de la democracia”.

Difícil explicar por qué el Presidente incursionó en un tema acerca del cual es posible dudar que él tuviera toda la información precisa. Esto ya lo vivió la opinión pública con su intervención en el 'caso Vicentín'.

Romero: “Nosotros fijamos nuestra postura de querer reintegrarlos al servicio independientemente de la causa judicial en trámite y la administrativa”.
 
Él explicó que la norma interna de la fuerza marca que “al no encontrarse en situación de detención o privado de la libertad, el funcionario policial debe reintegrarse al servicio, sujeto a la resulta de las causas”.
 
“El Ejecutivo no lo entiende así, entiende que deben permanecer en pasiva por delito, no estamos de acuerdo entonces yo como jefe de Policía no puedo seguir trabajando ante esta situación”, declaró.
 
Romero informó que “el dictamen nuestro, de Asesoría Legal, aconseja el reintegro” y expuso que “nuestra ley de Personal Policial establecía una situación de pasiva por delito de aquel funcionario policial privado de la libertad o con proceso judicial en trámite, eso era con el viejo Código Procesal Penal de la Provincia cuando aún existía el instituto del autoprocesamiento. Ese instituto se ha extinguido con la modificación del Código Procesal Penal de la provincia, por lo tanto dejamos de aplicar la pasiva por delito porque no teníamos fundamento con el nuevo código, únicamente lo mantenemos cuando el empleado está detenido, para otra situación no lo contemplamos”.
 
Al menos hasta que la decisión sea efectiva, continúan en sus cargos con todas las responsabilidades inherentes a sus puestos. 
 
Romero agregó que esperan un decreto o resolución del Gobernador que defina su situación, que la condiciona a su pedido de reintegrar a los 4 oficiales de la Comisaría 3ra. de Fontana, separados de su cargo. 
 
"El reclamo es puntual y administrativo. La idea es que se reintegren los 4 funcionarios policiales de Comisaría 3ra. de Fontana. Como Jefe de la Policía soy el primero que tiene que reclamar cuando entiendo que es injusta la medida", declaró.
 
“Nosotros sostenemos nuestra postura, la institución sostiene su postura que no es de ahora, sino hace ya más de 15 o 20 años”, dijo Romero, y planteó que, de continuar Capitanich con su decisión, terminará afectando a unos 900 efectivos.
 
“Ahora con este caso muy particular quieren aplicar la pasiva por delito, sentando un precedente para nosotros porque hoy tenemos aproximadamente 900 policías procesados en libertad que habría que pasarlos a pasiva por un proceso judicial en trámite”, remarcó Romero.
 
“Si aplicamos la norma con los policías de Fontana, deberíamos hacerlo con los 900 que tienen un proceso judicial en trámite, imagínese 900 apartados del servicio por una simple denuncia de un vecino o alguna denuncia insignificante”, observó.
 
Al ser consultado sobre si su decisión tiene vuelta atrás, Romero marcó que “mientras se mantengan en la postura de no reintegrar a los funcionarios policiales, yo no voy a declinar mi dimisión”.