Debido al constante asedio del gobierno de Nicolás Maduro que sufren varias personas asiladas en la embajada de Argentina en Caracas, el gobierno argentino decidió denunciar al presidente de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, agravando así la y rota relación diplomática y política entre ambos países.
TENSIÓN
Argentina denunció a Maduro por el asedio a la embajada en Venezuela
La relación diplomática entre Argentina y Venezuela está cada vez peor. Ahora la tensión se traslado hasta la Corte Penal Internacional.
Actualmente en la embajada de Argentina en Caracas se encuentran seis personas refugiadas por ser perseguidos del régimen chavista. Se trata de seis miembros del equipo de campaña del presidente electo Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado.
Incluso, uno de los asilados, Omar González, contó hace pocos días la situación en la embajada y la calificó de “insostenible” debido al corte de servicios esenciales y el constante asedio policial.
“Llevamos 11 días sin electricidad, sin agua potable y sin acceso a alimentos. Ni siquiera se permite la entrada de botellones de agua para beber,” denunció González.
Además, cabe recordar que la embajada, actualmente bajo la protección de la bandera de Brasil tras la expulsión de los diplomáticos argentinos por Nicolás Maduro, también ha sido objeto de vigilancia mediante drones y bloqueos de señales telefónicas. González describió estas acciones como “acoso y terrorismo psicológico”.
La denuncia de Milei contra Nicolás Maduro
En ese sentido, el Gobierno denunció este martes 03/11 ante la Corte Penal Internacional (CPI) el asedio a la embajada Argentina en Caracas y pidió “determinación” para actuar ante los “crímenes de lesa humanidad” cometidos por el chavismo.
“La situación en Venezuela exige una atención inmediata. Lamentamos profundamente la falta de avances sustantivos en las investigaciones que lleva adelante la Fiscalía”, dijo Mario Javier Oyarzábal, embajador argentino en los Países Bajos, durante la Asamblea de Estados Partes del Estatuto de Roma que se celebra en La Haya.
A su vez, planteó que “tras las elecciones del pasado 28 de julio, las circunstancias en el país se han deteriorado aún más”.
“Venezuela no puede considerarse un Estado de Derecho. Los derechos humanos y civiles son sistemáticamente vulnerados y la voluntad democrática de su población es ignorada de manera deliberada. Las detenciones arbitrarias, los tratos inhumanos y las violaciones graves de derechos fundamentales requieren investigaciones rigurosas e integrales que estén a la altura de las expectativas de justicia internacional”, describió.
En esa misma línea, el diplomático agregó: “Nuestra misión diplomática en Caracas ha enfrentado situaciones de asedio por parte de fuerzas policiales y actores armados no identificados en represalia por haber ofrecido asilo a personas cuya vida e integridad se encuentra en peligro. Actualmente la sede de nuestra embajada y los asilados allí presentes se encuentran bajo la protección de Brasil, país al que agradecemos. No obstante, es imperativo que se respete la inviolabilidad de nuestras misiones diplomáticas y que se otorgue de manera urgente los salvoconductos necesarios para garantizar una salida segura de los asilados”.
Por último, exhortó a la CPI “a actuar con determinación para asegurar que los responsables de estos crímenes sean llevados ante la Justicia”. “La impunidad no solo perpetua el sufrimiento de las víctimas, sino que también erosiona los fundamentos del orden jurídico internacional”.