Apuestas online: Córdoba retruca la embestida de Luis Juez

En ese orden, el Frente Cívico de Luis Juez habría planteado la necesidad de reintroducir la prohibición de la actividad, que fue legalizada por iniciativa del PJ cordobés y varios aliados, entre ellos legisladores del PRO y el radicalismo, ante la falta de legislación al respecto. En un segundo capítulo, la pulseada política se realiza sobre una caja de recaudación millonaria para las arcas provinciales y para las cuatro empresas explotadoras.

A los planteos de la oposición se sumó la ya conocida preocupación de la Iglesia. De hecho, representantes de esa institución mantuvieron reuniones con legisladores juecistas y hasta el propio senador para poder diagramar un discurso común en contra de las apuestas virtuales, que ya son una problemática en la comunidad escolar por casos de incipiente ludopatía en los estudiantes.

De esa forma, el ruido en el oficialismo aumentó provocando reacción.

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Córdoba reaviva el debate sobre el juego online.

Córdoba apuesta a moderar la actividad

Si bien en la provincia reconocen, por lo bajo, que el desembarco de las plataformas ha sido brusco, tampoco pierden de vista el aporte que la industria realiza a las secas arcas provinciales. Con varios meses de caída en la recaudación local por la recesión nacional, el desecho de un recurso genuino como el 10% de la facturación de la actividad que hoy percibe la provincia estaría descartado.

El camino a seguir por la administración de Martín Llaryora sería el de introducir cambios a la ley 10973, con un proyecto que ya fue presentado en la Legislatura. Dichos cambios llegarían por asesoramiento de la Lotería de Córdoba, ente encargado de regular la actividad de las apuestas online en la provincia.

Entre las principales modificaciones a proponer por el oficialismo estaría la reducción de la publicidad, como así también la exigencia de mayor control a la accesibilidad que los menores obtienen a las plataformas y la inclusión de prevención educativa sobre la adicción al juego. Así, la prohibición propuesta por el juecismo quedaría descartada en las esferas oficiales.