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IMPROBABLE JUICIO POLÍTICO

Alberto Fernández y gobernadores van por la foto contra Rosatti

El Presidente citó a los gobernadores que lo acompañaron en su pelea con la Corte para una demostración de fuerza el martes en el pedido de juicio político al presidente del tribunal.

Alberto Fernández intentará el martes hacer una demostración de fuerza en su embestida contra la Corte Suprema. El Presidente abrió 2023 con el anuncio de que pedirá el juicio político del titular del tribunal, Horacio Rosatti, con el apoyo de gobernadores peronistas que lo acompañaron en la disputa por la coparticipación.

En esa línea, Fernández convocó a los mandatarios el martes (03/01) a las 11:00 en la Casa Rosada, donde seguramente habrá una foto que intente darle volumen político a una avanzada que muchos cuestionan por inútil, ya que es improbable -para no decir imposible- que el oficialismo consiga en el Congreso las mayorías necesarias para expulsar a Rosatti de la Corte. Desde las principales bancada opositoras ya se opusieron a la iniciativa.

Tampoco todos los gobernadores peronistas se prestarán para la foto. Se descuenta que el cordobés Juan Schiaretti, enfrentado al Gobierno, no será de la partida. En tanto que la cautela con la que actúo santafecino Omar Perotti durante el conflicto de la coparticipación hace suponer que no se sumará a la cruzada contra su coterráneo Rosatti (también peronista).

La convocatoria fue confirmada por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Estamos citados para el martes, ahí conoceremos la presentación”, dijo en diálogo con Radio 10.

Kicillof, que fue receptor de los puntos de coparticipación que Nación le quitó a Horacio Rodríguez Larreta y que la Corte ordenó devolverle, sintetizó el espíritu de la avanzada oficialista.

“Parece (la Corte) absolutamente decidida a pagarle la campaña al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta”, en declaraciones a Radio 10.

En ese sentido se expresó el ministro de Justicia, Martín Soria. “Estos jueces de la Corte no son independientes, no son objetivos, ni son imparciales. No están haciendo Justicia, están dedicados a hacer política partidaria con la camiseta amarrilla puesta, a favor de Larreta y Macri”, completó el ministro en declaraciones a la misma emisora.

Soria explicó que el pedido de juicio político, que de prosperar podría termina en la destitución de Rosatti, también se extiende al resto de los ministros de la Corte.

“El pedido de juicio político es todos los miembros de la Corte Suprema y es apoyado por la inmensa mayoría de los gobernadores. Es un remedio, la única vía institucional válida para responder a una serie de conductas y fallos arbitrarios e injustificados. Son fallos contrarios a las leyes y la Constitución. El último fue la cautelar a favor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires, barriendo sin ningún fundamento el federalismo en la Argentina, y solo con el objeto de financiar la campaña electoral de Horario Rodríguez Larreta, pero no termina el ahí el comportamiento vergonzoso”, aseguró Soria.

El pedido de juicio político fue anticipado por el presidente Alberto Fernández en una carta pública de reivindicación de su gestión publicada el 1/1. El mandatario denunció que "han quedado al descubierto las peores prácticas que puedan realizarse en una República", a la vez que anunció que fueron convocados los gobernadores que defendieron a Nación en el conflicto de la coparticipación.

https://twitter.com/alferdez/status/1609532952496439296

El Presidente, luego, en una entrevista concedida a C5N durante la tarde del domingo, argumentó su pedido y expresó su “preocupación por lo que ha pasado en los últimos meses, ya que hubo un permanente avance de la Corte Suprema sobre los otros poderes de la República Argentina y la república exige tres poderes independientes”.

“Lo que hizo la Corte con el tema coparticipación de la ciudad de Buenos Aires se convierte en un hecho de intromisión” de la justicia en los otros poderes, consideró.

Con relación a Rosatti, sostuvo que “tiene la particularidad de ser presidente del Consejo de la Magistratura, consecuencia de que declaró la inconstitucionalidad de una ley con más de 16 años de vigencia que había sido aprobada por el Congreso”. “Uno ha visto cosas muy obscenas a la vista de la ciudadanía y en un Estado de Derecho”, añadió.

“Es algo de lo que estoy absolutamente convencido, en lo que siempre creí; planteé que la justicia se revise a sí misma y esperaba que hiciera algo, pero evidentemente no lo hace y hemos llegado a una situación límite”, dijo.

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