Horas decisivas para Cirsa Argentina

Hoy debe realizarse una reunión en el Ministerio de Trabajo entre el sindicato Aleara y Cirsa Argentina por condiciones laborales y salarios. Aleara amenaza con huelga por tiempo indefinido, y Cirsa llega a la reunión habiendo levantado la sanción del juez Roberto Gallardo sobre el buque-casino Princess, pero en medio de una cantidad de problemas que han afectado su rentabilidad.

Emilio Quesada Martínez es un ejecutivo español convocado a Terrazas, en Catalunya, sede del imperio del juego de azar de Manuel Lao, dueño de Cirsa.
Quesada Martínez conoce a la Argentina porque fue presidente de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, mientras era el vicepresidente de Eulen Argentina.
Eulen es una empresa de limpieza y saneamiento de establecimientos industriales, a cargo de la limpieza de 11 aeropuertos latinoamericanos y del aeropuerto de Barajas, en Madrid, entre otros negocios.
Luego Quesada Martínez dejó Eulen, y desde entonces se especula con su ingreso a Cirsa, que padece una crisis de magnitud en la Argentina, donde antes le iba muy bien pero las apuestas políticas y los desaciertos en la estructura del negocio han afectado su performance. Se responsabiliza por esto a Pablo Guelman y Gerardo Boneto, sus principales ejecutivos locales. Ambos son argentinos cuando tradicionalmene la cúpula de Cirsa Argentina eran españoles.
En tanto, ayer la Policía Federal, por orden de la justicia porteña, clausuró y desalojó, cerca de las 17:00, 1 de los 2 casinos flotantes de Puerto Madero, al entender que su funcionamiento viola las leyes de la ciudad y otros fallos judiciales que habían ordenado impedir la instalación de esta segunda sala de juegos.
Pero 5 horas después, la Prefectura Naval, por orden del juez federal Sergio Fernández, reabrió las salas de juego y ordenó sacar las fajas de clausura, al entender que el barco, como está en el puerto, funciona fuera de la jurisdicción de la ciudad.
El buque objeto de la polémica es el Princess, que había comenzado a funcionar como sala de apuestas el 18 de enero último, al lado del Estrella de la Fortuna, el primer barco donde se apuesta en máquinas tragamonedas y a la ruleta electrónica desde 1999.
En cualquier caso, la situación es muy precaria para Cirsa Argentina.
El juez en lo contencioso administrativo de la Ciudad, Roberto Gallardo, ya había ordenado en marzo del año último al Gobierno porteño que cerrara el 1er. casino.
El Casino de Buenos Aires siempre logró eludir las clausuras y las resistió. Ya obtuvo una medida de no innovar del juez federal Luis María Márquez, que le permitió seguir funcionando.
"La medida judicial dispuesta por Gallardo es claramente ilegal y arbitraria. Dos fallos de la justicia federal respaldan la posición de la empresa y fundamentan su funcionamiento dentro de la legalidad", dijeron las autoridades de Casino de Buenos Aires en un comunicado oficial difundido anoche.
"En tanto que el buque Estrella de la Fortuna como el Princess se encuentran en territorio del puerto, la regulación, la concesión y el ejercicio del poder de policía sobre los juegos de azar corresponde al Estado nacional y no al gobierno de la ciudad", se agrega.
La Cámara de Apelaciones porteña dejó firme el fallo del juez Gallardo por cuanto consideró imposible que funcionara un segundo casino, al que tildó de ilegal, y ordenó que se buscara una vía de solución entre el gobierno porteño y la Lotería Nacional. Ambos barcos pertenecen al grupo español Cirsa, que explota salas de juego en América y en Europa.
Los dueños del casino presentaron nuevamente un recurso de amparo y esta vez otro juez federal, Sergio Fernández, autorizó el funcionamiento del segundo barco.
Anoche, Fernández volvió a fallar en favor del casino.
Cirsa factura al año $ 3.760 millones, de los cuales el 20% debe ir al Estado. Aníbal Ibarra aceptó no cuestionar el statu-quo, y Jorge Telerman, su sucesor, por ahora no emitió opinión.
"La tolerancia de las prácticas ilegales no hace si no teñir de fundada sospecha a los funcionarios complacientes y genera en la sociedad civil la sensación de que el orden jurídico sólo existe para ser cumplido por los débiles, mientras que los poderosos tienen libre acción y segura impunidad", concluyó Gallardo.
Hoy Cirsa y sus trabajadores, agrupados en Aleara, se encontrarán en el Ministerio de Trabajo. Los antecedentes no son buenos. Aleara amenaza con un paro por tiempo indeterminado. Evidentemente Cirsa necesita recuperar la calma en sus negocios argentinos, para volver a facturar.