No leyeron el fallo y siguen opinando

Pero se trataba de Cristóbal Lopez, su vinculación con los “K” y el destino dado a los fondos evadidos, hecho que parece exceder a la ley penal tributaria ya que en todo caso la finalidad del proceso penal y civil debería ser la de recuperar el dinero.

El uso y el destino dado al dinero se investiga en otras causas en la que hay procesados y detenidos.

Durante esta semana lindó entre lo trágico y lo cómico, comentarios y análisis hechos por legos que no leyeron el fallo pero que lo descalificaron airadamente en nombre de un supuesto sentido común que tendría el valor de ley suprema y universal.

El derecho da lugar a interpretaciones y creaciones jurisprudenciales, tal como lo fue, por ejemplo, la admisión del divorcio vincular en el año 1986 en el caso “Sejean” por la Corte Suprema.

También fue un “leading case” el fallo del ex juez Salvador Losada cuando decreto la quiebra del conjunto económico llamado “DELTEC” durante la década del '70, al rechazar la homologación del respectivo acuerdo concordatario del grupo Swift.

En definitiva con esos dos ejemplos pretendo ilustrar las complejidades del derecho y el objetivo de mantener la supremacía de la Constitución Nacional, tal como lo dijo la Corte más de una vez: “… pero señaló que ningún objetivo político, económico o social tenido en la vista por el Poder Legislativo, cualquiera sea su mérito alcanzaría a justificar la transgresión de principios constitucionales (Fallos: 247:646, citado)”.

Ningún fallo judicial está exento de ponderación no solo científica en cuanto a su acierto o error u oportunidad, sino también social en cuanto puede gustar o disgustar, pero asi funciona la institucionalidad, siendo muy seguramente, el margen de error inferior al que podría surgir del ejercicio de la justicia por mano propia o como sinónimo de venganza que es como también lo ve y piensa un sector de la gente. Obvio, la venganza no es justicia.

Con relación al fallo que modificó la tipicidad del delito investigado y dispuso la libertad de los detenidos Lopez y De Sousa, desde luego puso de manifiesto una situación de crisis político judicial que se venía disimulando aunque cada tanto la Corte y jueces inferiores y el Poder Ejecutivo se disgustaban mutuamente.

Recientemente el caso “Chocobar” fue una expresión de esa crisis y el policía continuó procesado. Luego vino la cuestión relacionada con el traslado de jueces ordinarios al fuero federal que la Corte no admitió.

Ambos casos se ven como dos patinadas del Poder Ejecutivo y hasta podría tratarse de un intento de avance de un poder sobre otro.

Lo cierto que es la Corte Suprema el órgano institucional habilitado para resolver este tipo de controversias a la vez que es la más fuerte y legitima garantía de los habitantes del país para hacer valer sus derechos.

La Corte tiene para resolver el reclamo sobre el índice de actualización para los jubilados. El Poder Ejecutivo ve la cosa como una cuestión de dinero, están en juego unos US$ 3.000 millones. La Corte lo tendría que resolver sobre principios de justicia.

Claro está, acá se plantea una vez más la cuestión del “costo de los derechos” y las preguntas que surgen es si ésta es una cuestión de derecho o de política económica y si la Corte podría reconocer un derecho pero dejarlo en suspenso por un plazo prudencial por razones presupuestarias del Estado.

En este último caso lo que debería hacerse es que el Congreso de la Nación, de una buena vez, enfrente el tema previsional, la grave crisis que lo afecta y produzca las reformas necesarios para hacerlo viable respetando el bien común y los derechos adquiridos legítimamente.

Por último, cabria hacer una referencia al llamado “periodismo de investigación”, que mucho tiene que ver con la crisis de funcionamiento del Poder Judicial.

Es común leer artículos en los diarios, y ver programas por TV que nos describen y muestran hechos que podrían ser ilegales, inmorales o anti éticos o sencillamente antipáticos.

Pues bien, una mayoría de la gente se hace una idea definitiva sobre lo leído o visto en la prensa, según sus convicciones personales, partidarias o ideológicas y de ese modo se construye una suerte de sentencia social que generalmente es inapelablemente condenatoria.

Si en el futuro el Poder Judicial absolviera a los presuntos culpables, se lo devalúa en nombre de supuestas complicidades de corrupción o cuando menos de intereses creados, tal como podrían ser nombramientos formalmente válidos pero sustancialmente improcedentes, protección ante ciertas irregularidades y otras tantas miserias que afectan al género humano.

Surge una nueva pregunta: ¿el huevo o la gallina?, y parecería que se trata de un circulo vicioso ya que, tal como dice la Ley de Gresham, la moneda mala saca de circulación a la buena; en este caso, la información periodística desplazaría a la verdad judicial y ello demuestra la fragilidad de nuestro sistema institucional que no es más que una cabal expresión de la mediocridad de la política, de nuestros gobiernos y de nuestras dirigencias.

En una palabra, de nuestra cultura. Diría “…es la educación estúpido, lo que falla…” porque por alguna razón hacemos todo al revés.