El alivio de tensiones que sellaron ayer (04/09) en la sede de UPCN el gobierno nacional y la dirigencia moderada de la CGT abrió las puertas a proseguir con la firma de nuevos convenios tripartitos de productividad y empleo entre sectores de la economía.
El puntapié inicial de la serie lo dio el poderoso sindicato petrolero neuquino, liderado por Guillermo “Caballo” Pereyra, con la firma de una flebilización laboral en Vaca Muerta, y lo siguieron los recientes compromisos que se celebraron con empresas automotrices, de la construcción, el calzado y textiles, con foto sonriente de Mauricio Macri y todo, hasta que la marcha de la CGT a Plaza de Mayo, con amenaza de paro general incluida, interrumpió la lista.
Había quedado en espera para la semana que viene o la siguiente el sector de las motos y luego vendrían energías renovables, acero, petroquímica, aluminio, biotecnología, ganadería, lechería, servicios económicos y minería. La UOM, Smata, petroleros y UOCRA son los gremios que aguardaban turno.
Esta clase de concertaciones se activa cuando las bases gremiales transitan etapas de incertidumbre y miedo a perder el empleo, pero necesita de un paraguas institucional a nivel de las cúpulas que se buscará materializar después que finalicen las campañas electorales y, por ejemplo, el líder rebelde de la CGT, Pablo Moyano, ya no necesite mezclar la arenga eleccionaria con la defensa de los intereses de sus representados.
Por el momento, el cónclave entre “gordos e independientes” de la central obrera y el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, apuntó más a un cese de hostilidades hasta que se diriman los comicios que a sentar bases reales de un entendimiento definitivo, salvo dejar en claro que no se seguirá el camino brasileño un ninguna reforma.
Según cómo le vaya a Cambiemos en octubre, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, epicentro de la contienda con la encarnación del populismo, se podrá estimar, además de la relación de fuerzas sociales emergente, la repercusión que tendrá en el ánimo de los eventuales inversores y en el propio oficialismo, en cuanto al capital político que deberá poner en juego para aplicar las reformas económicas que le reclama la comunidad internacional para incluir al país entre los posibles destinos de inversión de la buena.
Por eso es que los acuerdos que se cerraron hasta el presente, antes que en condicionar nuevas inversiones, se ocuparon más de concesiones recíprocas para defender un statu quo en zona de riesgo, para lo cual:
- el Estado ceda recaudación impositiva,
-los empresarios comprometan empleo y
-los sindicatos acepten flexibilizaciones laborales.
Es que si el ajuste macroeconómico que insinuó la administración macrista en los dos años que lleva de gestión no tuvo mayores consecuencias en el desempleo fue porque se aumentó el gasto estatal y se destinaron más recursos a la obra pública, dejando circunscripta la lucha antiinflacionaria a lo que pudiera hacer la política monetaria aplicada por el Banco Central, que subió tasas y atrasó el tipo de cambio.
En el campo laboral, a grandes rasgos, significó reemplazar puestos de la industria por los generados en la construcción, la burocracia administrativa estatal y las finanzas.
Hay que tener en cuenta que pertenecen a la construcción más del 40% de los nuevos puestos creados entre diciembre de 2016 y junio de 2017, y el 77% de los abiertos entre junio de 2016 y junio de 2017.
En la industria sucedió todo lo contrario. No sólo se destruyeron en medio año 8 mil empleos afectados a la producción de manufacturas, petróleo y minería, sino que, a pesar de que la actividad fabril creció por 3er mes consecutivo (5,9% en julio interanual), el 75,8% de las empresas afirma no esperar cambios en la dotación de personal durante agosto-octubre de 2017 respecto a igual periodo de 2016, según el Estimador Mensual Industrial.
La consecuencia que trajo la reconversión in facto plasmada hasta ahora fue que se redujo la masa salarial (por la pérdida de calidad de empleo) y, por ende, se afectó a los aportes previsionales, incluidas las obras sociales. Una preocupación en la que coinciden, en todo caso, gobierno y sindicatos, aunque cada cual por su lado.
Reforma con colectora
Apenas un día después que el ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmara que "no hay reforma laboral prevista", su compañero de gabinete y titular de Trabajo, Jorge Triaca, se trasladaba a la sede de Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) a tratar con el tridente contemporizador de la central obrera, a instancias de los denominados gordos e independientes, la agenda para retomar el diálogo institucional tras el reciente enfrentamiento con la CGT por la marcha a Plaza de Mayo, y para definir los alcances de una reforma laboral que esperará para ser tratada, no obstante la desmentida previa de “Pancho” Cabrera, después de las elecciones de octubre.
Sobre la mesa en la que se fumó la pipa de la paz, se pusieron dos nudos a desatar: la represalia de Mauricio Macri en respuesta a la movilización que le hicieron en Plaza de Mayo, con el despido de dos referentes de los gremios, como el superintendente de Servicios de Salud Luis Scervino y el secretario de Trabajo Ezequiel Sabor, y desbaratar el anuncio de un paro general que lanzara el líder de la fracción combativa, Pablo Moyano.
La pretensión oficial es fijar el 18 de septiembre, es decir un mes antes de las elecciones, y justo en la semana previa al Comité Central Confederal convocado por Schmid para neutralizar el paro moyanista, como fecha de un encuentro oficial del que también participen los empresarios.
Se concertó que el proyecto de ley de reforma laboral no incluirá ninguna modificación a los derechos del trabajo, como la brasileña, pero sí que apuntará a sacar un blanqueo laboral que refuerce la caja previsional del Estado y, de paso, las arcas de las obras sociales, más la reposición de la injerencia que tenían los “gordos” en la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) hasta el encontronazo del mes pasado.
Se descartó que se busque la ampliación legislativa de la tercerización, la precarización, la temporalidad e intermitencia en los nuevos contratos de trabajo, que se dé piedra libre a los despidos masivos, como sucedía en la vieja reforma a la ley de contratos de trabajo que impulsara el padre del actual ministro, Jorge Triaca, en los ´90.
Quedó abierta la alternativa de que sean negociados sectorialmente acuerdos de productividad con las representaciones empresarias, en los que se barajen alternativas para potenciar la generación de nuevos puestos de trabajo, en los que pueden incluirse modificaciones a cláusulas a los convenios de cada gremio que encarecen los costos laborales.
El propio presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en diálogo con radio Provincia, destacó hoy que el país necesita “un acuerdo que no vaya contra los salarios, y si contra los costos laborales”.
El imperativo de hacer algo al respecto lo recordó el economista-jefe de Fundación Ideal, Pablo Salvador, al poner de relieve que existe un índice de competencia global elaborado por el World Economic Forum que, justamente, define a la “eficiencia en el mercado laboral” como uno de los mayores déficits de Argentina. Nuestro país ocupa el puesto 130 de 138 países, aunque hace hincapié en que desempeño mejoró entre 2015 y 2016.
Sin embargo, la suma de aportes y contribuciones llega hasta el 40% del salario bruto; es decir, 4 de cada 10 pesos del salario son impuestos al trabajo; mientras que los costos no salariales son 23% en Chile, 29% en Brasil, 36,8% en Colombia, y 31,5% en México, según datos del Banco Mundial.
La más drástica adaptación legislativa a las condiciones que ponen los capitales para invertir en la región fue concretada en Brasil, que en julio aprobó la nueva Consolidación de Leyes del Trabajo que causa escozor en Argentina. La iniciativa la había tomado Chile, en agosto de 2016, al promulgar la Ley N°20.940 que introduce modificaciones al Código del Trabajo y Perú se encuentra trabajando en cambios a la reglamentación y leyes laborales.