> que Cambiemos gane en octubre,
> negociar en el Congreso con los referentes territoriales del peronismo no kirchnerista para consolidar espacios de poder hasta 2019 y, a partir de ahí, revalidados cada quienes en el suyo,
> disponer del margen para avanzar sobre el electorado de los perdedores de 2017 y de las presidenciales.
Pero en todas las variantes, la clave siempre es la participación estelar de la provincia de Buenos Aires y, en ese contexto, el papel que le tocaría desempeñar al fondo del conurbano sobre cuya restitución reclamada por la gobernación de María Eugenia Vidal gira la resolución de la controversia judicial en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Resumen ejecutivo
Por ello, tal como desafió Dujovne a la prensa, cualquiera puede inferir que difícilmente haya sido analizado en ese ámbito el abultado mamotreto que llevó al cónclave en Presidencia, plagado de signos %, x, +, -, alícuotas, exenciones, letras chicas, etc, coordinado por un funcionario de su cartera, Sebastián Galiani, y con mucha mano de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Y sí que hubo dos capítulos en los que seguramente se detuvieron a intercambiar ideas: el impuesto a los ingresos brutos que las jurisdicciones manejan autárquicamente y el impuesto al cheque, en el que habían sido coparticipadas de “colada” en la reforma de Domingo Cavallo de abril del 2001, ambos claves para recomponer los vasos fiscales comunicantes entre el gobierno nacional y los provinciales.
En crudo, se habló de tirar sobre la mesa de negociación con los emergentes provinciales dos opciones para los ingresos brutos: bajar las alícuotas o sacarlas directamente, reemplazándolas por un nuevo impuesto nacional a la venta final, que de algún modo sería meterlas en la misma bolsa de la coparticipación, al igual que el primo hermano, el IVA.
La otra hipótesis sería “cambiarle el collar al mismo perro”, o sea, al impuesto al cheque, del que fueron escindidos los débitos bancarios que pagaba el e-Commerce, como Mercado Libre.
Los tributaristas siempre le apuntaron a esta gabela para que sea eliminada, pero como ingresarán este año $156.000 millones (28% más que 2016) mediante transferencias automáticas bancarias, representa lo que se dice un cheque al portador para el reparto fiscal y, en consecuencia, la idea sería hacerla funcionar como pago a cuenta de Ganancias u otros tributos.
Lo cual remite a lo que quedó de la tironeada reforma al impuesto a las Ganancias que salió de un tira y afloje entre los autores del proyecto (el bloque de Sergio Massa, el oficialismo y la fragmentada oposición peronista -que se aunó en la resistencia-), que casi termina en un veto presidencial.
Sin embargo, dado que el gobierno nacional le había dado la instrucción administrativa a Alberto Abad para que no se filtrara recaudación en los cambios dispuestos en la ley aprobada, hubo discrecionalidad en las interpretaciones, para que los gastos tributarios presupuestados -que incluían esas exenciones- y habían sido de $ 4.585 millones en 2016 y de $ 5.606 millones en 2017, se cumplieran a rajatabla. Y en eso anduvo Dujovne.
Es “de suponer” que se trabajó en un borrón y cuenta nueva con las exenciones vigentes en IVA y Ganancias que habían sido reducidas para tornarlas más “progresivas” siempre y cuando los beneficiarios de privilegios logren defenderlos, tal como el caso de los jueces.
Más allá de los trascendidos filtrados a la prensa amiga sobre la reforma tributaria, en la reunión de los altos mandos no se habrá pasado por alto, seguramente, al tocar el tema de Ganancias, que la bandera de Massa, cuando los primereó en el Congreso el año pasado, fue gravar la renta financiera para los ahorristas y así compensar la rebaja de la carga impositiva a los trabajadores.
No estaría mal apropiarse de aquel slogan del Frente Renovador para ver si ayuda a “morderle” algo del electorado bonaerense (ahora que el massismo enfocó su campaña en trabajo y seguridad), aunque dejando de lado los plazos fijos. Sólo alcanzaría a los títulos públicos exentos en los fondos comunes de inversión.
En el caso del IVA, que está atado directamente al consumo y este año remontó un 25% en la recaudación pese a que viene de capa caída en los indicadores, cualquier disminución en las alícuotas dependerá de que se compense con inclusiones y, a largo plazo, del repunte de la actividad económica.
El enfrentamiento con las cúpulas sindicales después de la movilización última de protesta en Plaza de Mayo hizo cobrar más fuerza a la idea de reducir los aportes patronales que lanzó Dujovne apenas reemplazó a Alfonso Prat Gay. Los gremios resisten la quita porque afecta los ingresos de las obras sociales.
Mientras esperan estos cambios al sistema previsional, lo mismo que la implementación de incentivos tributarios para promover la inversión y la generación de empleo, las empresas cuentan con que quedarán habilitadas, una vez que se sancione la ley del Presupuesto 2018, para ajustar los balances por inflación desde los ejercicios futuros.
Confían en que el gobierno impulsará la firma de acuerdos sectoriales de productividad que incluyan la reducción de la carga tributaria en cada caso, pero sin afectar el programa de disminución del déficit fiscal público.
