El Tribunal de Cuentas (TCU) de Brasil tiene como objetivo eliminar del juicio público que comienza en horas más a los contratistas que cooperaron con la investigación del Lava Jato.
ACUERDO DECISIVO
Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo podrían licitar otra vez
En la Argentina mucho se habla por estas horas de la decisión de la constructora Camargo Corrêa de desinvertir en la cementera Loma Negra. Sin embargo, para ubicar en contexto la noticia (es decir, vincularla en especial al comportamiento de los negocios de Camargo en la Argentina), hay que mencionar que Camargo, Andrade Gutierrez y Odebrecht se encuentran en vías de alcanzar un acuerdo con el gobierno de Brasil para volver a presentarse en licitaciones que convoque el Estado. En verdad, esto es lógico: aplicadas las multas y condenas a las personas físicas encontradas responsables, las personas jurídicas pueden continuar sus negocios tal como sucedió con IBM o con Siemens y otras empresas globales que protagonizaron investigaciones por irregularidades.
21 de marzo de 2017 - 14:56
Un acuerdo negociado por los fiscales del grupo de tareas que desde Curitiba (Paraná) trabajó con los magistrados intervinientes, prevé una moratoria sobre la declaración a Odebrecht, Andrade Gutierrez y Camargo Corrêa, de no resultar idóneos para contratar con el gobierno de Brasil. Este acuerdo les permitirá continuar con la búsqueda de contratos con el gobierno federal.
El beneficio se concederá a las empresas mencionadas en el proceso por supuesto fraude en las licitaciones por la planta de montaje electromecánico de la usina nuclear Angra 3, que ya ha consumido $R 7.100 millones (US$ 2.302 millones).
El acuerdo también establece que los contratistas estarán exentos de multas de más de R$ 400 millones (US$129,7 millones) y pago de intereses en relación con los daños causados a Eletronuclear.
El acuerdo había sido negociado en el marco del Lava Jato con el Tribunal de Cuentas de la Unión desde 2016, según ha informado el Estado. Los beneficios serán otorgados a 3 empresas ya que han entrado en los llamados "acuerdos de indulgencia", que beneficia a las personas jurídicas. Los fiscales temían que el tribunal desestimulara las colaboraciones, aplicando las mismas penas a quienes confesaron sus acciones ilegales y a quienes no confesaron.
Los beneficios fueron discutidas por el titular del Tribunal de Cuentas, Bruno Dantas, magistrado informante en el caso de Angra 3, con el fiscal del Lava Jato, Deltana Dallagnol, coordinador del Grupo de Trabajo en Curitiba. El ministro Dantas debe ultimar los detalles de su voto con los otros miembros del TCU. La decisión final dependerá del apoyo de la mayoría del Pleno.
El acuerdo establece que, tras el dictámen del área técnica del TCU, 6 implicados en el fraude en las obras de la planta serán declarados no aptos para nuevas contrataciones por un máximo de 5 años. En el caso de Camargo Corrêa, la propuesta es que la pena va a durar hasta 1 año y 8 meses, ya que la empresa colaboró con la investigación.
Pero la aplicación de la pena será suspendida para los 3 contratistas citados, inicialmente por 60 días. El beneficio será mantenida si firman anexos a los acuerdos de indulgencia, de comprometerse a proporcionar más información: tendrán que trabajar con documentos e información relativa a la auditoría del TCU, apelando las condenas por el caso y resarciendo a la hacienda pública por los daños.
Sin embargo, los otros implicados -UTC, Queiroz Galvão, Empresa Brasileira de Engenharia e Techint Engenharia-, serán considerados no idóneos para nuevas contrataciones. El TCU podrá extender los beneficios a estas sólo si firmaran acuerdos futuros en el marco del Lava Jato.
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