CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) - La exdiputada y líder opositora venezolana María Corina Machado tendrá que acudir a declarar el próximo 3 de diciembre en calidad de imputada ante la fiscal Katherine Harington por su presunta participación en un plan magnicida contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
UNA DE CAL Y OTRA DE ARENA
Venezuela: Procesan a Corina Machado y se olvidan de la corrupción de Jaua
La referente opositora venezolana, María Corina Machado, deberá presentarse a declarar ante la justicia el próximo 3 de diciembre por su presunta participación en un plan magnicida contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. A la vez, mientras el gobierno de Nicolás Maduro está empeñado en silenciar el caso de la niñera de Elías Jaua, en Brasil tres instancias investigan al ministro de las Comunas por el tráfico ilegal internacional de armas de la empleada de la familia, Yaneth Anza, la presencia no autorizada de un funcionario en ese país y la firma con movimientos sociales sin aval del Estado vecino.
27 de noviembre de 2014 - 11:51
Machado recibió este miércoles la citación del Ministerio Público, tal y como informó a través de su perfil oficial en la red social Twitter, donde detalló que tendrá que hacer frente a estas acusaciones el 3 de diciembre a las 10.00 horas (hora local).
Hace más de cinco meses que declaré en la Fiscalía; hoy voy a formular una denuncia en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y cinco horas después está el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en mi casa", denunció la líder opositora.
En un comunicado, la Fiscalía explicó que Machado deberá comparecer el 3 de diciembre próximo y que “por estos mismos hechos tienen órdenes de aprehensión Henrique Salas Römer, Diego Arria Salicetti, Ricardo Emilio Koesling Nava, Gustavo Tarre Briceño, Pedro Mario Burelli Briceño y Robert Alonso Bustillo”.
Desde marzo, la Fiscalía realiza una investigación por denuncia de varios legisladores oficialistas y de un particular, quienes pidieron determinar responsabilidades penales sobre un plan para atentar contra el mandatario venezolano.
La mayoría oficialista en la Asamblea Nacional (Congreso unicameral) aprobó en ese mes retirar a Machado su calidad de diputada, y por ende su “inmunidad parlamentaria”, tras acusarla de promover acciones de violencia en el país para protestar contra el presidente Maduro.
El oficialismo castigó a Machado con la expulsión del Parlamento unicameral venezolano por considerar que incumplió la Constitución al aceptar el cargo de representante alterna de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA). La dirigente de Vente Venezuela quería exponer la situación de su país ante el foro hemisférico.
El caso Jaua
Como contraparte, mientras el gobierno de Nicolás Maduro está empeñado en silenciar el caso de la niñera de Elías Jaua, en Brasil tres instancias investigan al ministro de las Comunas por el tráfico ilegal internacional de armas de la empleada de la familia, Yaneth Anza, la presencia no autorizada de un funcionario en ese país y la firma con movimientos sociales sin aval del Estado vecino.
La Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional suspendió la sesión de ayer, que tenía en agenda la petición de los diputados Andrés Velásquez (La Causa R) y Ángel Medina (Pimero Justicia) de investigar al vicepresidente para el Desarrollo del Socialismo Territorial por la presunta comisión de uso indebido de bienes del Estado (peculado de uso), delito previsto y sancionado en la Ley Anticorrupción. “Suspendida inexplicablemente. En Brasil investigan, pero aquí nadie”, afirmó Velásquez.
La plenaria del Legislativo y la Comisión de Política Exterior del Parlamento, dominada por el PSUV, han rechazado abrir una investigación, a pesar de que desde 1998 Hugo Chávez condenó “las colitas inmorales” de Pdvsa y el presidente Nicolás Maduro inició la “guerra contra la corrupción”, lamentó la diputada de Primero Justicia Dinorah Figuera.
El Parlamento, la Procuraduría y el Ministerio Público brasileños, en cambio, levantan tres expedientes. El Congreso interpeló al canciller Luis Alberto Figueiredo el 19 de noviembre, a quien el diputado opositor Ronaldo Caiado, partido Demócratas (DEM), demandará ante la Procuraduría por delito de responsabilidad al desconocer la agenda de Jaua en Brasil. Ese día Figueiredo aseguró que el convenio Jaua-Movimiento Sin Tierra no tiene válidez para el gobierno brasileño y que expresaron ante Miraflores “la disconformidad por el acto del ministro”.
La Procuraduría indaga el “el viaje inconsulto” de Jaua y desde el 12 de noviembre el Ministerio Público efectúa una “investigación civil” sobre el envío de 26 niños brasileños a campamentos de entrenamiento en las “Brigadas Populares de Comunicación” en el estado Sucre, desde 2011. “Esa actividad es violación de los derechos humanos”, dijo a la prensa el fiscal brasileño, Ailton Benedito.
La Cancillería de Brasil debería informar esta semana al Ministerio Público sobre el viaje de los menores, las condiciones, el tipo de actividades que hicieron y los responsables del grupo.
Entretanto, Jaua hace mutis y enfoca sus actividades públicas en actos del Ministerio de las Comunas y la Corporación Miranda. Ayer, por ejemplo, entregó créditos en los Valles del Tuy. La única defensa suya surgió del Movimento Sin Tierra (MST), que atribuyó a sectores “conservadores derrotados” la creación un clima de “inestabilidad política” contra “el bolivarianismo”.
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