PROGRESISMO

Y Verbitsky termina contra Maslatón y los medios (¿?) pero habrá respuesta

Cuando comenzó el debate sobre inseguridad, y luego sobre anteproyecto de Código Penal, el presidente del Centro de Estudios Legales y Sociales, Horacio Verbitsky, discrepaba con los líderes políticos prominentes. Pero esa batalla la ha perdido porque los acontecimientos han devaluado sus argumentos, concediéndole una nueva dinámica al debate acerca de la inseguridad y las condenas, y provocando la irrupción de nuevos actores. Intentando recuperarse de los cimbronazos, Verbitsky decidió intentar estigmatizar a sus adversarios a partir de generalizar lo que él considera son extremos: es el motivo por el que media columna del superstar de Página/12 termina dedicada al abogado Carlos Maslatón, situación que beneficia, obviamente, al columnista de FM Identidad, quien podrá responderle desde su programa del lunes 07/04 de 6:30 a 8:00. Lo que resulta curioso es Verbitsky acusando a los medios de comunicación como si él no trabajara en los medios de comunicación ¿o es que realmente creerá que es un abogado o se compró la película de que existe el CELS?:

 
"Desde que se anunció una reforma al Código Penal, es tan atronadora la gritería que hasta cuesta entender qué se discute. El paroxismo se alcanzó con una sucesión de intentos de homicidio en distintos lugares del país por parte de turbas descontroladas contra personas indefensas, a las que se imputaba la comisión de delitos menores contra la propiedad. En el empobrecido Barrio Azcuénaga, de Rosario, la tentativa fue exitosa y acabó a golpes con la vida del albañil David Moreira, de 18 años. En dos sectores del floreciente barrio porteño de Palermo, la intromisión de terceros ajenos a la psicosis desatada impidió que los asesinatos se consumaran. (...)
 
La transversalidad cavernaria de estos días es similar a la de 2004, cuando legisladores del Frente para la Victoria y la UCR votaron las leyes redactadas para el ex ingeniero Juan Carlos Blumberg por su abogado, el ex subsecretario de Justicia de la dictadura Roberto Durrieu. Ese fue el punto estelar de una escalada de incremento de penas y ablandamiento de garantías procesales cuya ineficiencia queda demostrada por el propio clima de estos días. De haber servido para el fin que se proponían, aquellas leyes hubieran disuelto el problema.  (...)
 
Quien defendió sin reparos los asesinatos tribales fue Carlos Maslatón, un dirigente sin prejuicios ideológicos que transitó de Alsogaray a Rodríguez Saá y ahora comparte escudería con la polícroma Patricia Bullrich. Para Maslatón, lo ocurrido es el ejercicio del derecho de rebelión y de la legítima defensa (de los pies de todos contra la cabeza de uno yacente). También dijo que el garantismo que desde hace treinta años se enseña en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Buenos Aires considera que los delincuentes son víctimas de las injusticias sociales, por lo que no deben ser castigados. Este disparate no tiene el menor asidero en la realidad, pero forma parte de la munición gruesa con que se intenta conducir por el miedo a la población. 
 
Hace dos meses, Maslatón recomendó a la oposición venezolana que fuera más violenta, con sabotajes y atentados personales. También se declaró consternado por el avance del “garanto-abolicionismo” (sic) del Fiscal General Ricardo Sáenz, quien hace dos décadas fue apartado del fuero federal a pedido de su superior, Luis Moreno Ocampo, por dejar en libertad al narcotraficante Fernando Pruna Bertot, cuya extradición pedía Estados Unidos. 
 
En 2013 fue sometido a un sumario administrativo y a una causa judicial, cuando fue grabado en diálogos con el comisario de judiciales de la Policía Federal Marcelo Emilio Pecorelli, a quien se investigaba por exacciones ilegales, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito y violación de sus deberes. 
 
En uno de esos diálogos, ambos coordinan una estrategia para que la causa saliera del juzgado de Juan Ramos Padilla y pasara a manos del juez federal Luis Osvaldo Rodríguez, un coleccionista de parafernalia nazi, a quien Pecorelli menciona como amigo. Ni siquiera Rodríguez pudo ignorar la gravedad de los hechos y rechazó la nulidad de las escuchas pedida por Sáenz, quien apeló ante la Sala I de la Cámara Federal, donde hay más amigos. Este fiscal tan preocupado por los delincuentes que entran por una puerta y salen por otra faltó a una audiencia de la causa Cedrón, gracias a lo cual fue sobreseído un acusado por violencia de género. 
 
Por si hiciera falta aclararlo: ni Pruna Bertot ni el comisario-abogado Pecorelli escuchan cumbia villera. La misma operación que Maslatón o Sáenz realiza Diana Cohen Agrest. Esta doctora en filosofía es la madre de un adolescente asesinado en 2011 en un intento de robo. El tribunal de juicio condenó al autor a prisión perpetua, pero la Cámara de Casación ordenó un nuevo proceso, en el que la condena fue reducida a 18 años y unificada en 23 con otra anterior. Cohen Agrest entiende que esto es parte de un itinerario de impunidad que siempre favorece al delincuente y denuncia a los jueces con “prodigalidad asesina” que dejan libres a convictos de altísimo riesgo, y la exageración de un “garantismo penal que está destruyendo el entramado social”.
 
Confusiones
 
Esta confusión es comprensible en la madre de una víctima, pero no en quienes tienen otras responsabilidades: 23 años de prisión, en un juicio concluido en solo dos años después del crimen, son cualquier cosa menos impunidad. Tampoco pueden equipararse delitos gravísimos como el homicidio con otros poco relevantes. Son los medios de comunicación, con su tratamiento frívolo y sensacionalista, los que borran los límites entre situaciones tan distintas. Con el aumento del consumo aumentan las oportunidades de delito, hay más robos pero menos homicidios, constata el sociólogo Gabriel Kessler. 
 
Pero los medios acoplan en la sensibilidad social las muy elevadas tasas de pequeños delitos en los medios urbanos con las de homicidios dolosos, que son de las más bajas de América, y así extienden en forma irracional el temor social a padecer los delitos más violentos. Otra confusión deposita en la extensión de las penas la clave de la seguridad, pasando por alto el gravísimo problema de la participación de altos jefes policiales en redes de ilegalidad que, a su vez, hacen aportes al financiamiento de la política. (...)".
 
Ahora, lo de Maslatón en Facebook:
 
Y ahora, Urgente24 asume que mañana en FM Identidad le voy a responder a Verbitsky por su comentario en mi contra de hoy en Página12. La verdad es que no lo tenía pensado porque como regla general no utilizo Realpolitik para cuestiones políticas personales sino para explicar procesos y situaciones de terceros y de fenómenos de terceros. Sin embargo, en este caso voy a hacer una excepción, no para "defenderme" yo en lo personal cuestión que poco me importa, sino porque considero que ha llegado la hora de desenmascarar la mentira que en Argentina son los derechos humanos, ya que constituyen apenas una miserable construcción comunista para proteger terroristas y delincuentes y para lograr la impunidad de los criminales de lesa humanidad del ERP y los Montoneros y del terrorismo de estado también practicado por estos últimos. Urgente24 y el montonero doble agente Verbitsky me han dado buena idea: hay que trabajar para que vayan a la carcel los terroristas de las bandas marxistas y fascistas de los 70s que lograron copar los poderes del estado argentino y la doctrina de la Facultad de Derecho de la UBA para que ellos queden como tipos de primera y los militares del Proceso exclusivamente como los responsables del desastre de 1966-1983.