"POR UNA VERDADERA REFORMA"

Mayoría de todos los abogados del país: "Inviable constitucionalmente"

La abogada Cristina Fernández de Kirchner, el abogado Carlos Zannini, la abogada Alejandra Gils Carbó, y el abogado Eugenio Raúl Zaffaroni, se encuentran en el origen de la reforma propuesta por el Ejecutivo para el Poder Judicial de la Nación, que acaban de cuestionar en severos términos los representantes de todos los colegios de abogados del país. De un lado, el Frente para la Victoria (incluyendo al polémico colectivo Justicia Legítima y los irrelevantes abogados Julio Alak y Julián Álvarez), y del otro lado los profesionales del Derecho. El único problema de toda esta gente del FpV es que creen que se pueden quedar para siempre, abusando del poder, y no entienden que por lo que hoy hace, pueden ser juzgados en el futuro.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). La Federación Argentina de Colegios de Abogados es integrado actualmente por 79 Colegios de Abogados de todo el país. Fundada en la Ciudad de Buenos Aires el 12 de Julio de 1921, a iniciativa del entonces presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Manuel B. Gonnet, es la entidad nacional por antonomasia de la abogacía argentina. 
 
La entidad difundió la siguiente declaración acerca del proyecto gubernamental de reforma judicial:
 
La Federación Argentina de Colegios de Abogados comprometida desde su fundación y objetivos asociacionales con la defensa del Estado de Derecho, la Constitución Nacional,  el sistema republicano, la división de poderes y la vida democrática,  sostiene, con profunda convicción, que el Poder Judicial constituye un pilar fundamental para asegurar la plena vigencia de los derechos individuales y colectivos de los ciudadanos y de ahí que su integración y funcionamiento obedezcan a un criterio  de independencia, para evitar de tal manera posibles excesos de los otros poderes.
 
La Abogacía organizada a través de sus órganos acompañó siempre  la dinámica social que empuja a implementar cambios en todos los órdenes institucionales en pos de optimizar la administración de justicia, el acceso a la misma y la independencia de cada uno de los jueces del sistema judicial. Independencia respecto de los poderes políticos, económicos y de toda índole que impidan el normal desenvolvimiento del servicio de justicia.
 
En ese marco advertimos que la elección popular de los Consejeros resulta inviable constitucionalmente en orden a la representación estamentaria que establece el art. 114 de la C.N. Así como los Diputados y Senadores determinan cuales de sus miembros serán sus representantes, en nuestro caso también los representantes de los abogados deben ser elegidos por sus representados. Es de conocimiento público que la participación del estamento de los abogados de la matrícula tuvo  un rol protagónico en  la transparencia y eficiencia  en los procedimientos de selección de los  postulantes a magistrados, desde la existencia misma del Consejo de la Magistratura de la Nación.
 
Es indudable que con el proyecto elevado, lejos de garantizar la independencia del Poder Judicial, tendrá como efecto la directa vinculación que los consejeros van a tener con el partido político que los proponga, afectando indudablemente esa independencia que hace a unos de los pilares fundamentales de la República.
 
En relación a las medidas cautelares, no es razonable ni aceptable que se las limite temporalmente por ley, debiendo quedar reservada su fijación al criterio del Juez interviniente, o al del Tribunal que revise su decisorio por la vía recursiva, que deberán merituar las circunstancias fácticas en cada caso.- Cada juicio tiene sus singularidades, no se puede aceptar que por ley se les imponga a los magistrados una limitación semejante.
 
Respecto de la creación de las Cámaras de Casación, no está pensada para beneficiar al justiciale, sino para hacer más dilatorio el tramite de las causas.
 
Con ellas se está propiciando la prolongación artificial de los procesos, con un dispendio jurisdiccional innecesario y que tampoco redundaría en un beneficio para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, puesto que ella siempre va a ser la última instancia de resolución de un conflicto.
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Por ello exhortamos a los Poderes del Estado otorgar  la participación adecuada de la abogacía del país, dar un debate amplio, profundo y con los tiempos necesarios. Consideramos que es una excelente oportunidad para redefinir el rol de los distintos actores del sistema, jueces, abogados, funcionarios, pero teniendo una sola mira, que la transformación cultural tenga como principal beneficiario al justiciable. Para ello ofrecemos aportar nuestra experiencia templada en el ejercicio diario de transitar los pasillos de los tribunales de todo el país en defensa de nuestros conciudadanos, en todo tiempo y circunstancia, como da muestra acabada de ello  los más de ciento cincuenta colegas desaparecidos.
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de abril de2013.
 
 
Ricardo de Felipe                                                                        
Presidente
 
Claudia Patricia Rocha
Vicepresidente 3ª

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