BATALLA GANADA

Córdoba desafía a Cristina y recupera su coparticipación

José Manuel de la Sota logró su objetivo al ir contra la presidente de la Nación, Cristina Fernández: Se aprobó en la Legislatura el proyecto de ley girado por el propio mandatario cordobés para dejar de ceder fondos al Estado. La nueva normativa da de baja la adhesión de la provincia de Córdoba al Pacto Fiscal firmado en 1992 entre la Nación y las provincias para que estas últimas cedieran el 15% de la coparticipación federal de impuestos para sustentar el sistema nacional de jubilaciones.

 

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24).- La Legislatura provincial aprobó este miércoles (08/08) por mayoría el proyecto de ley girado por el gobernador José Manuel de la Sota para dejar de ceder fondos al Estado para cofinanciar el sistema previsional. De esta manera el mandatario cordobés desafió a la presidente de la Nación, Cristina Fernández, y recuperó su coparticipación.

La ley da de baja la adhesión de la provincia de Córdoba al Pacto Fiscal firmado en 1992 entre la Nación y las provincias para que estas últimas cedieran el 15% de la coparticipación federal de impuestos para sustentar el sistema nacional de jubilaciones.

Semanas atrás, el gobernador José Manuel de la Sota realizó una presentación ante la Corte Suprema para demandar a la Nación por la falta de pago de 1.040 millones de pesos que correspondían a las jubilaciones del año pasado.

En ese sentido, la semana pasada la vicegobernadora Alicia Pregno envió a la Legislatura cordobesa el proyecto de ley para que la provincia deje de aportar al fondo estatal.

Se prevé que con esta aprobación la administración cordobesa se ahorrará unos $2.300 millones.

El texto de la ley explica que los pesos que la provincia se ahorre "se afecten directamente" para el pago de "los déficits de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros", generados por "la desatención de la Nación en sus obligaciones legales".

La aprobación del proyecto estuvo en duda ya que si bien la Unión Cívica Radical y el Frente Cívico (que responde a Luis Juez y el Frente Amplio Progresista) fueron los primeros en reclamar esta medida, aclararon que intentarían modificar el párrafo que establece que los fondos sean utilizados para cubrir el déficit de la Caja de Jubilaciones.

El radicalismo presentó un proyecto propio para que el dinero sea ingresado al departamento de Rentas Generales de la provincia para luego ser distribuido entre los municipios por coparticipación. "Si no aceptan los cambios que proponemos, votaremos nuestro proyecto", adelantó antes de la sesión el titular del bloque radical, Luis Brouwer de Koning.

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Por su parte, José Manuel de la Sota recibió este mismo miércoles (08/08) una buena noticia. A diferencia de Santa Fe y San Luis, Córdoba recibió el visto bueno de la Procuración General de la Nación para que la Corte Suprema de Justicia intervenga en la demanda que la provincia interpuso contra el Gobierno Nacional para que cumpla con la deuda que mantiene con su Caja Previsional.

El procurador General de la Nación, Luis Santiago González Warcalde, dictaminó que debe ser la Corte Suprema la que intervenga en el reclamo por los fondos que la Anses le debe a la Caja de Jubilaciones cordobesa, informó el sitio LaVoz.com.ar. Son $1.040 millones los que están en juego.

"Toda vez que la provincia de Córdoba -a quien le concierne la competencia originaria de la Corte de conformidad con el artículo 117 de la Constitución Nacional-, demanda al Estado Nacional (...) la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar el pleito en esta instancia originaria", destacó el procurador.

No son pocos los que advierten que la cercana relación del gobernador De la Sota con el ministro de la Suprema Corte, Juan Carlos Maqueda, quien fuera uno de sus colaboradores, le permitió esquivar algunos baches administrativos en los que incurrieron las otras provincias a la hora de recurrir al máximo tribunal.

La presentación de Córdoba se produjo por lo que se definió como incumplimientos de lo pactado en el convenio 80/09, de armonización de normas previsionales.

Con respecto a la denuncia del Pacto Fiscal (firmado por todas las provincias y la Nación en 1992 por las que los Estados resignaron el 15% de sus coparticipación para financiar la reforma previsional de los años ‘90) implica que la Provincia da por extinguida la vigencia de aquel acuerdo.

Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afjp). Reestatizado el sistema, en noviembre de 2008, ese 15 por ciento no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado.

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