El gobierno de Mauricio Macri aplica una política energética que propende a que las empresas prestadoras les cobren a los usuarios cautivos de las redes domiciliarias monopólicas de luz y de gas el precio que acuerdan con los funcionarios, pero a la vez dejan de percibir del Tesoro el subsidio que les compensaba la tarifa regulada por debajo de los costos de producción y distribución. Se dispuso liberar paulatinamente el mercado a las referencias del exterior y, en el mientras tanto, la Administración reguló las tarifas bajo la excusa de recuperar el atraso por el congelamiento. La última andanada de munición gruesa se dispuso a partir de este mes y ocupará todo el verano, hasta llegar a niveles locales que superan a los internacionales: el gas salta más del 50% en moneda dura sobre lo que le factura Rusia a China, y algo más aún, de la cotización que rige en Estados Unidos, el otro gran exportador. Los ciudadanos americanos de algunos de los condados (los valores son distintos de uno al otro), asimismo, ya tienen la electricidad más barata que en Argentina y desde marzo la brecha se ampliará. Cambiemos deberá explicarle a la ciudadanía y a su propio electorado las verdaderas razones del encarecimiento de esos servicios públicos, más allá de la decisión de descomprimir el déficit fiscal al que colaboran los subsidios a las empresas proveedoras que se buscan suprimir. El quid de la cuestión es que se le transfiere a la población no comprendida en la franja social definida como vulnerable el esfuerzo de sostener un precio muy superior al internacional, que anime a las compañías a invertir en el aumento de la extracción. El pasado no convalida la efectividad de esa transfusión, ya que en dos décadas se llevaron más de US$21.000 millones, que no se reflejaron en las inversiones ni mucho menos en la producción.

Sí a las petroleras. Sí a los azucareros del Norte. Sí a los maiceros de la zona núcleo. Sí a gobernadores para que firmen el acuerdo fiscal. Todos, menos los consumidores, que pagamos una de las naftas más caras del mundo, estaban conformes con el aumento de los combustibles que iba a salir hoy. Hasta que el tablero del INdEC enloqueció con la recarga de los tarifazos energéticos superiores al 40% que le agregan 4 a 5 puntos al IPC (Índice de Precios al Consumidor), que la propia Casa Rosada convirtió en indexador de la economía, más un punto que se traerían los combustibles. A partir de ahí empezaron a cruzarse los llamados telefónicos. Mareado “como perro en bote”, según el argot gauchesco, el ministro Juan José Aranguren, armó de apuro una mesa técnica para discutir la fórmula polinómica del costo “en boca de surtidor” varias veces modificada en pocos días y así diferir la decisión. El juego de las presiones hizo que en menos de un mes autorizara un aumento del 10% en las naftas, a los pocos días rebajara un 1,5%, en seguida reconociera un alza a los biocombustibles que repercute 20% en el costo de las refinadoras (con YPF a la cabeza), las cuales ya habían preparado para hoy una remarcación del 6 al 10% en los surtidores. Los petroleros no quieren pagar la compensación que, con la venia presidencial, se acaba de dar a los productores de biocombustibles por la pérdida que les representó el bloqueo arancelario de Estados Unidos a sus exportaciones, bajo el argumento de un presunto dumping. YPF, oficiosamente, se manifestó de acuerdo.

Mauricio Macri aprovechó el envión del 22 de octubre para juntarles las cabezas a los gobernadores y hacerlos firmar un pacto fiscal, que primero que nada busca fortalecer las arcas del bastión electoral bonaerense y, a la vez, dar plafond político a las reformas económicas. En la mira están los inversores compatriotas que acaban de blanquear activos por US$116.800 millones, de los que menos de US$ 20.000 fueron repatriados. O sea que cerca de US$ 100 mil permanecen en los bancos y entidades financieras del exterior. Con la mieles frescas de la victoria, se vio las caras con muchos de ellos, representados por fondos de inversión, y los instó a obtener buenas ganancias participando, principalmente, en proyectos de energía convencional y renovable que gozan de precios regulados por el Estado, así como de beneficios impositivos, previsionales y de flexibilidad laboral acordados sectorialmente. Pero mostró los colmillos en el proyecto de reforma tributaria les incluyó el gravamen a la renta por las cuotas-partes declaradas, sin esperar que contablemente se las transforme en dividendos y sean sometidas a ganancias. Los ricos nativos, apestillados por su gobierno, ahora deshojan la margarita entre mudar el domicilio fiscal para evitar esa “multa tributaria” y ponerse a tiro del blanqueo que Donald Trump quiere sacar antes de Navidad o ejecutar el cheque al portador para proyectos de inversión que le ofrece Macri.

El Pacto Fiscal firmado por la gran mayoría de las provincias con el Estado nacional implica desjudicializar el reparto de fondos y darle un corte al conflicto entre la provincia de Buenos Aires y el resto de las jurisdicciones por el fondo del conurbano, para lo cual se acordó un resarcimiento a la administración de María Eugenia Vidal equivalente al que resulta de eliminar el tope congelado desde hace 15 años en $650 millones. En los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner se les giró más plata entre 2005 y 2016 (de 7,7 a 8,7% del PBI), pero el porcentaje de la recaudación tributaria nacional se contrajo del 37,7 a 33,9%, que si se excluye el efecto del blanqueo se incrementaría a 35,8% en 2016. La estrategia macrista, luego del pacto suscripto a priori con las provincias, sería ir a una reforma integral del régimen de coparticipación, pero pari passu con la aprobación de las leyes impositiva y previsional, además de la laboral.

No hay letras chicas que valgan en el marco político para sancionar las reformas impositiva, laboral y previsional, como se hizo trascender tras la convocatoria de Mauricio Macri a los gobernadores a la residencia de OIivos, el jueves pasado. Se trata de acordar entre Nación y provincias, y entre éstas y la de Buenos Aires, un primer reparto de los recursos y los ahorros en los gastos, y que la discusión de fondo se patee para después de las presidenciales de 2019. Pero como la cuestión pasa por asegurar antes que nada que se cumpla a rajatabla la meta de bajar el déficit fiscal de 4,5 puntos del PBI actual a 3,2 puntos, para lo cual la economía deberá crecer encima del 3% y la inversión pase del 15 al 20% del PBI. La condición es que los mandatarios acepten cambios en el régimen previsional, más concretamente reemplazar la movilidad jubilatoria por la indexación.

Juan Carlos de Pablo; Miguel Angel Broda; Aldo Abram; José Luis Espert; Fausto Spotorno; Carlos Melconián; Agustín Monteverde y Javier Milei. Son 8, no 1 sino 8, conspicuos economistas representativos del círculo rojo que hacen sonar las alarmas en torno de la economía de Mauricio Macri, que con tanto orgullo, rayano con la soberbia, pondera la mesa chica de la Jefatura de Gabinete que comanda Marcos Peña, como si fuera la artífice del resultado electoral de octubre. Warning: el gobierno no hizo en dos años los deberes fiscales amparado en un gradualismo que el ex miembro del gabinete Carlos Melconián llama inacción, con reconocidas malas praxis y un sobreendeudamiento sobre el que, al unísono, alertan los nativos de la aldea del establishment. ¿Cómo les explican a los gobernadores tales divergencias? Los empresarios aplauden en el coloquio de IDEA y al escuchar el mensaje triunfal de Macri en el CCK, pero no paran el drenaje de divisas al exterior ni ponen plata o consiguen alguien que la traiga. Más bien se agolpan en la ventanilla de Sturze para comprar dólares baratos.

(N. de la R.: “Penetrolo” es una expresión cachonda que usan algunos ajedrecistas en una jugada que prepara el jaque mate). La reunión que convocó Mauricio Macri con los gobernadores para mañana (jueves 09/11) en la quinta de Olivos será una especie de test de manos levantadas que signarán la gobernabilidad durante la 2da parte del mandato presidencial y los aprestos para una eventual reelección en 2019. Las representaciones parlamentarias provinciales dirimirán en el ámbito de las leyes la propuesta de replanteo de la distribución del ingreso que propone el oficialismo, que implica que las personas físicas transfieran recursos al Estado y a las empresas para solventar el déficit fiscal e incentivar inversiones productivas, y que las jurisdicciones del interior apliquen efectivamente políticas de austeridad en los gastos, lo mismo que supuestamente hará la administración nacional. Mucho sacrificio y antipatías a los que la política, más cómoda con las prácticas demagógicas, no está acostumbrada. Una de las grandes batallas “federalistas” que se avecinan es la de eliminar progresivamente ingresos brutos en las provincias paralelamente al aumento del impuesto inmobiliario, cuya muestra acaba de dar la gobernadora María Eugenia Vidal en el proyecto enviado a la Legislatura bonaerense. A estos intríngulis que signarán la agenda de los próximos días se agrega una alternativa no menor: que Estados Unidos saque un blanqueo que torne conveniente refinanciar deuda de intereses con el FMI, lo cual conlleva otro costo: el de las banderas K y de la izquierda arriadas contra el símbolo antiimperialista y los “cipayos” que levanten la mano para invocarlo.

La Argentina necesita una inversión anual equivalente a 20 puntos del PBI para crecer al 3% a 3,5% que es el objetivo de Mauricio Macri. La Argentina no está recibiendo inversiones por arriba de los 15 puntos del PBI: esa es la realidad, más allá de la 'espuma' que provoca la euforia del triunfo electoral. Dentro del PRO hay un debate acerca de la limitación. No todos opinan igual que Nicolás Dujovne y Mario Quintana. Por ejemplo, Carlos Melconián y Enrique Szewach, abrieron crédito a las reformas impositiva, previsional y laboral que enunciara el presidente Mauricio Macri la semana pasada en el CCK, aunque pusieron entre paréntesis -igual que todos los estudios econométricos del país- la negociación política que tienen por delante. 'Melco' dijo en un seminario organizado por Road Show en la Bolsa que el gobierno recién dio por iniciado el gradualismo fiscal. Su coequiper terminó reclamando una agenda pro-inversión y pro-competitividad en el editorial de una nueva revista del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA que coordina, ya que “algo estamos haciendo mal”. En la misma publicación, el director del Centro de Estudios de la Productividad -ARKLEMS, investigador Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, Ariel Coremberg, expone como desafío macroeconómico la transición hacia el crecimiento e inversión elegida por la administración del Pro, en un contexto de un atraso cambiario aún mayor que el de la Convertibilidad, elevados déficits comercial y fiscal. Las exportaciones demandan volúmenes, al estar bajos los precios internacionales. El título es más que sugerente: “Argentina en su laberinto ¿esta vez es diferente?”. Es un llamado de atención a la euforia poselectoral macrista que, si de algún lado de la grieta seguro que no proviene, es del K.

La primera mitad de la administración económica de Mauricio Macri fue como un juego de la Oca, con indicadores que arrancaban y regresaban al punto de partida, con el déficit fiscal y su incidencia en la inflación que se corrían la cola, como los perros con parásitos. Ganó la elección de medio término y puso proa a las reformas pendientes, la tributaria en primer lugar. Y hacia un parlamento en el que no tiene votación asegurada partió el paquete impositivo y previsional para el año que viene. El corazón de la reforma es el ahorro fiscal por ajuste previsional, que equivale al pago de intereses de la deuda contraída desde 2016. El gobierno necesitará liberar $285.129 millones de los gastos en 2018, más la rebaja de aportes patronales que se dejan de percibir, que a la vez es la que alimenta al ANSES para afrontar las jubilaciones. Y el desequilibrio fiscal a asumir asciende a $123.000 millones: bajaría de 4,5 a 3,2 puntos del PBI. En este terreno se juega Macri los resultados económicos, las relaciones comerciales y que desembarquen inversiones, que actualmente no llegan a 15 puntos del PBI y se necesitan por lo menos 20 puntos para garantizar el crecimiento del 3% anual. Ese es el verdadero juego en marcha, ahora más parecido al del tero, que pone el huevo en un lado y canta en otro para despistar a los depredadores. En el Congreso ya lo insinuaron con la presentación de un paquete de impuestos internos que afectan a las provincias, tanto a gobernadores como a legisladores, y les tensan las relaciones con los productores regionales. Pero como el verdadero interés es que sean aprobados los cambios previsionales y laborales, los que gravan al vino, cerveza, champaña, tabaco, son marginales a los efectos recaudatorios y podrían ser piezas a sacrificar.

No está claro que cambiar la movilidad jubilatoria por un ajuste por inflación tipo la Unidad de Valor Adquisitivo que rige para las hipotecas represente un ahorro fiscal de hasta $100 mil millones, tal como se calcula en las planillas Excel del coordinador económico, Mario Quintana. Pero sí que dará cabida a una rebaja de los aportes patronales equivalente a la proyectada. Seguramente será uno de los ejes del debate que se abrirá en las próximas semanas cuando sea convocada la comisión legislativa, tal como se prevé en la ley de Reparación Histórica, para diseñar un nuevo esquema a regir en los próximos 3 años. Experta en el tema, la pregunta que formuló la diputada massista del Frente Renovador, Mirta Tundis, es clave: "Si el 76% de los jubilados tienen los haberes por debajo de los $15 mil, ¿cuánto le va a mover un aumento del 3% trimestral a un jubilado?". En cambio, la proyectada reducción de los aportes patronales al sistema previsional sí se hará sentir positivamente en los balances de las empresas y, a la vez, significará una entrada menor a las arcas estatales. Lo mismo que sucederá con el impuesto a las Ganancias de las empresas que bajará del 35% al 25%, transferencia de recursos a los empresarios para ver si se deciden a invertir.