En el fin de semana último, el cambio climático y la política de tarifazos de electricidad y gas convergieron en el sur del conurbano bonaerense, donde unos 100 mil usuarios se quedaron sin luz ni siquiera para ver cuánto les tocó del 43% promedio de aumento con que vinieron las facturas en diciembre, al que se agregará otro 24% en febrero. Que haya o no más interrupciones del servicio en ese lapso no dependerá de las inversiones que hayan hecho las compañías distribuidoras ni de la reducción del subsidio que les paga el Estado, sino que funcionarios y empresarios se encomiendan al Servicio Meteorológico Nacional, que por cierto no está incluido en ningún ítem de la factura. Argumentan que no hay con qué darle a varios días seguidos de calor extremo en las próximas semanas y se resignan a que se repetirán los cortes de suministro. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, casi recita el mismo pronóstico que hacía su antecesor kirchnerista, hoy preso, Julio de Vido: que los números mejorarán cuando haya mayor generación eléctrica por el ingreso al sistema de centrales térmicas, junto a las campañas oficiales para lograr más eficiencia energética (¿recuerdan APURE?) que el gobierno piensa masificar en los próximos días.

El gobierno resignó $2.000 millones de los $100 mil millones que pensaba ahorrarse con la sustitución de la movilidad jubilatoria por un régimen indexatorio más un pequeño plus: anunciará un bono extraordinario que contrarresta los efectos del empalme de sistemas, que abarca al 70% de los jubilados y a 4 millones de niños que reciben la AUH. Ese corte en el reparto divide a los haberes mínimos del 30% restante que cobra de ahí en más. Pero, fundamentalmente, la triple reforma (previsional, laboral, tributaria) contempla reducir aportes patronales, al tomarlos como anticipo de IVA y repartírselos a las provincias, y también grava la renta financiera para plazos fijos, Lebacs y bonos. La nueva gabela afecta a los asalariados que venían ahorrando excedentes de corto plazo en los bancos y fondos comunes de inversión. Y es ahí donde aparece un cuarto en discordia, “tapado”: el proyecto de ley del mercado de capitales, en el que encaja la figura del seguro de retiro o algo parecido (aún no definido) que se pondrá a disposición del 1,2 millón de empleados con relación de dependencia, que son contribuyentes de la cuarta categoría de impuesto a las ganancias por cobrar encima del mínimo no imponible. Podrán deducir la retención con sólo invertirla a largo plazo en un fondo que ofrecerán bancos, aseguradoras y gestoras de fondos, los que serán calzados con la demanda de préstamos a largo plazo de las desarrolladoras que construyen viviendas y los bancos que emiten deuda en la plaza internacional para financiar hipotecas. De hecho, quedará conformado un incipiente sistema privado de reparto, que podría ir dando cabida a una parte del 30% de las jubilaciones que está por encima de la mínima, aunque el incentivo no sea desgravar ganancias sino capitalizar el resultado de los portafolios libres de impuesto.

El centro de la Ciudad de Buenos Aires quedó sitiado por los cortes y amenazas de violencia, pero metafóricamente en el microcentro se vive otra sorda caldera: un principio de bloqueo a las bicicletas financieras que vinieron sosteniendo la estrategia económica gradualista del gobierno de Mauricio Macri en estos dos años, a costa de pingües ganancias para los participantes. El bono de compensación para unos 10 millones de pasivos calificados como “pobres” fue too much para las concesiones presupuestarias de la mesa chica que funciona en la Jefatura de Gabinete. Los números no le dan para más, ya que llegaron al límite de extraer de un pase matemático un incremento cercano a 4 puntos del PBI si se baja la tasa de interés de la política monetaria. De ese modo, la recaudación impositiva prevista subiría proporcionalmente y que se podría cerrar el déficit fiscal en los 3,2 puntos comprometidos. No depende sólo de alterar en una planilla la proyección del divisor (el PBI) para adaptarlo al dividendo sin que se afecte el cociente, sino que es menester doblegar la resistencia a “aflojar” del jefe del Banco Central, Federico Sturzenegger. Y que también el ministro de Finanzas, Luis Caputo, logre convencer a los “inversionistas” de que acepten ir pasándose a a las Letes del Tesoro en pesos en reemplazo de las Lebacs. En un 1er lance no le había ido bien: les bajó 300 puntos y se quedó con el 35% de la emisión en la mano, sin poder imponer la desgravación de ganancias que las Lebacs ya no gozan. La clave de esta mutación se vislumbrará con el REM (Relevamiento de Expectativas del Mercado) cuando haya transcurrido el 1er trimestre, y se verifique si hay convergencia entre la marcha de la inflación y la pauta salarial (el ministro Nicolás Dujovne definió el tope en 16,5%). Los grandes tenedores de bonos escuchan ofertas, pero se plantaron en 3 puntos limpios de polvo y paja de ganancia.

Los ex Ceos del gobierno de Mauricio Macri deberían saber, por experiencia, que los timoneles de las organizaciones son calificados por los resultados concretos, la ex ejecutiva de corporación telefónica Susana Malcorra, que presidió la reunión en Buenos Aires de la Organización Mundial del Comercio, ya tenía conocimiento previo del desperdicio que sería convocar a más de 3.500 miembros de la elite burocrática internacional para confirmar que actualmente nadie quiere sentarse a hablar en serio de reglas de juego para el intercambio comercial. Ni las viejas ni las nuevas. Tras tres días de banquetes y checkouts hoteleros Argentina quedó “como cuando vinimos de España”: sin acuerdo Mercosur-UE, sin declaración final del cónclave, y con el mismo problema: encontrarnos entre los 5 países con menor ratio comercio internacional/PBI del planeta y haciendo cuentas al compás de los bushels. Para colmo, una vez que los commodities hallaron en el biodiésel un valor agregado interesante, EE.UU. lo bloqueó accediendo a la acción de un lobby local y el gobierno argentino fue el último en enterarse frente al hecho consumado. Los pasillos de la onerosa reunión de la OMC ni siquiera se hicieron eco. Quizá sea el momento de revisar costo y beneficio de los fastuosos cónclaves empresarios mundiales que se han sucedido durante los dos años del mandato, que sólo han podido exhibir como rédito la aceptación a concurrir al país de más de un millar de ejecutivos globales top, porque de las oportunidades de traer capitales por US$175 mil millones que se menearon en el último Foro de Inversión y Negocios no hay ni noticias. El G-20 pendiente, en todo caso, no entra en esa medida, porque representa una oportunidad única de reposicionamiento geopolítico, siempre y cuando no quede en una repetida foto de familia.

Una nueva fuente de conflictos judiciales incuban las reformas previsional y laboral que el gobierno nacional negoció con los gobernadores, a cambio de darles más fondos y obras, lo cual hizo poner en estado de movilización a los cuerpos de abogados de ANSES y otras dependencias públicas. Entre que más de medio millón de jubilados podrán ser desafectados de la reparación histórica y que la movilidad jubilatoria será atenuada en la nueva ley, creció tanto el caldo de cultivo de los reclamos en los tribunales como los montos en juego. La Procuración del Tesoro relevó los expedientes de demandas acumuladas contra el Estado y le dio que son 2.240.000 por una suma que equivale a más del 61% del déficit fiscal previsto para este año. Son apenas 119 los casos "de relevancia económica" y otros 571 de "relevancia institucional", más otros 53 que combina a ambas, y se cuentan 19 expedientes en tribunales internacionales. El Ministerio de Energía fue el más querellado.

Una ardua y silenciosa negociación se viene llevando a cabo en Nueva York entre apoderados de fondos de inversión que concentran los PBI cupón de Estados Unidos y los del Club de París que estaban a cobrar desde 2014 y emisarios oficiosos del gobierno argentino. A más tardar en marzo debería estar definido el empalme estadístico de la medición del producto bruto interno (cuyo año base, en 2014, se corrió de 1993 a 2004, y ahora se discute si será contra 2012 o 2017), diferencia que gatilla el pago de los vencimientos de los bonos entregados en sendos canjes de la deuda en default concretados en 2005 y 2010. No es una discusión bizantina cualquiera sobre las cuentas nacionales, sino un conflicto de intereses en los que hay en juego entre u$s2.800 millones a u$s4.000 millones, ya que si se deja 2004 (como rediseñó la metodología Axel Kicillof) hoy daría más bajo el pago que si se lleva al 2012, como pretenden los fondos. En el centro de esta controversia aparece un personaje clave, Alfonso Prat Gay, quien como diputado denunció ante la justicia al INdEC por la manipulación de los datos que se hizo durante la “intervención” que se atribuye al ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno. Se basó en una investigación científica del PBI que realizó en 2013 un equipo del proyecto Arklems+Land que apadrina la Universidad de Harvard y coordina Ariel Coremberg. Pero dos años más tarde, ya como ministro de Hacienda y Finanzas, se la hizo desmentir ante la Justicia a la Secretaría Legal y Técnica de su cartera, descolocando todas las referencias al respecto que había hecho en campaña electoral Mauricio Macri cuando era candidato presidencial y las prédicas dell coro griego del círculo rojo anti K.

Hay más de 1 millón de juicios en cuya carátula están las compañías de seguros. Predominan las demandas a las ART por accidentes de trabajo, sobre las patrimoniales y mixtas, retiro, transporte público de pasajeros y vida. Los jueces actualizan los montos en juego con tasas activas de interés del 30%, adaptados a la referencia que fija el Banco Central. Semejante porcentaje arma una bola de nieve a pagar y ¿qué venían haciendo las aseguradoras para resarcirse? Calzarse en Lebacs y empatar las tasas. La Superintendencia de Seguros de la Nación le puso fin a la operatoria, que para las empresas representaba un 40% de sus inversiones financieras y a los fondos comunes de inversión les ocupaban, en general 17% de los activos, a junio de 2017. ¿Se está ante una asfixia financiera para concentrar el sector? Antes que analizar esa posibilidad, Mauricio Macri había denunciado una industria del juicio y la existencia de mafias en el ramo y el mes pasado la Corte dio vuelta la tortilla con un fallo en contra de los reclamantes. Los fondos comunes de inversión están reconformando portafolios para sus clientes aseguradores que no afecte los rendimientos, la liquidez y la calidad crediticia. Lo hacen en defensa de un negocio en el que administran un patrimonio de $500 mil millones, casi US$30 mil millones que significan poco más del 5% del PBI de la economía.

Interesante tour entretiene a los nativos de la aldea especulativa del microcentro: el monopolio del abastecimiento de los combustibles impone surtidorazos desde el despacho del ministro de Energía, en la Diagonal Sur. Como el gasoil los propaga por todo el país y recarga tanto los costos agrícolas como los del 80% de las cargas que circulan por el vasto territorio nacional, el INdEC (vecino de Aranguren) recoge la incidencia en las planillas que le llegan de todas partes y se le abulta el índice de inflación. 32 consultoras y centros de investigación locales, 15 bancos de la Argentina y 9 analistas extranjeros “pescan” el número y lo vuelcan al Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que cada mes realiza el Banco Central, que suben el porcentaje que esperan para el 1er cuatrimestre de 2018. El presidente del BCRA, Federico Sturzenegger, pulsa esa sensación de los operadores y traslada la suba a las Lebacs, que arbitradas con el atraso cambiario (que en el campo aseguran que llegó a los niveles previos a la salida de la convertibilidad de 2001) le hacen ganar a la City una tasa real positiva, que el responsable de la política monetaria les garantiza que será hasta abril.

Desde el 10/12/2015, Urgente24 advirtió sus diferencias con las decisiones de política económica de Mauricio Macri, comenzando por su decisión de no enunciar ningún plan económico y no transparentar el desastre recibido. Lamentablemente, Urgente24 no se ha equivocado ni siquiera cuando advirtió que los UVA podían terminar convertidos en la Circular 1050 del siglo 21.

Al gobierno de Mauricio Macri, que gusta de establecer paralelos con experiencias de gestión de otros países, el modelo australiano de crecimiento le arrebata suspiros. Es que ambos países del hemisferio sur, de parecidas características respecto de las riquezas de los recursos naturales, habían arrancado parejos a comienzos del siglo XX, pero actualmente nuestro PBI per cápita retrocedió a la quinta parte de aquél. Invitado en el bloque del programa “Mercado por Expertos”, que condujo nuestro columnista Rubén Chorny, el profesor de Crecimiento Económico en la UBA y director del Centro de Estudios de la Productividad Argentina, Ariel Coremberg, trazó un paralelo de Productividad de 1970 a 2015 entre Australia, Canadá y Argentina, en el que queda claramente al descubierto el rezago relativo, y plantea el desafío de triplicar el volumen físico de la producción por sobre la tendencia histórica, a fin de poder crecer y ser competitivos sin afectar los salarios. ¿Cómo? El economista subraya que el tipo de cambio real ya se encuentra por debajo de 2001, en plena crisis de la convertibilidad, y que los costos laborales por las nubes afectan el nivel de productividad, situándolo debajo de 1998, e igual que en 1974. Pero que una actualización cambiaria debería ir complementada con productividad. Ve al país inmerso en una encerrona macroeconómica porque: 1) está quebrado el sistema previsional y 2) no es sostenible la deuda.