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GRENOBLE

Nuevo golpe al burkini en Francia

Nueva batalla legal en torno al burkini en Francia. El Ayuntamiento de Grenoble buscó autorizar la prenda en las piscinas municipales. El Consejo de Estado confirmó la prohibición.

En Francia, el Consejo de Estado (órgano gubernamental que actúa a la vez como asesor jurídico del poder ejecutivo y como tribunal supremo de justicia administrativa) ha confirmado la prohibición de llevar el burkini (traje de baño femenino que cubre totalmente el cuerpo de la mujer, excepto la cara, las manos y los pies) en las piscinas municipales. Lo hizo en respuesta a un recurso presentado por el Ayuntamiento de Grenoble, ciudad ubicada en la región de Ródano-Alpes en el sureste del país.

Grenoble tiene un alcalde ecologista, Eric Piolle, quien quiso cambiar el reglamento de las piscinas municipales para permitir el ingreso con este atuendo. En mayo, el Ayuntamiento de la ciudad autorizó en sus piscinas municipales el uso de bañadores de tipo burkini. El alcalde Piolle argumentó que la reforma del reglamento municipal de piscinas buscaba poner fin "a las aberrantes prohibiciones vestimentarias" y a las órdenes "sobre el cuerpo de las mujeres". Pero para sus opositores, el burkini es un símbolo de la opresión de la mujer.

El Gobierno francés se opuso a ese cambio dispuesto por el Ayuntamiento de Grenoble, y la decisión fue recurrida ante los tribunales administrativos. Un tribunal suspendió la autorización, estimando que esta supondría una "derogación de la regla general que obliga a llevar una indumentaria ajustada al cuerpo (en las piscinas) para permitir a ciertos usuarios ignorar esa regla con una finalidad religiosa".

La suspensión fue aplaudida por el ministro de Interior, Gérard Darmanin: "Luego de nuestro recurso, el tribunal administrativo suspende la deliberación de la alcaldía de #Grenoble que autorizaba el +burkini+ en las piscinas municipales", afirmó.

El asunto llegó al Consejo de Estado, que terminó confirmando la prohibición del burkini.

Según el juez del Consejo de Estado, "la derogación muy específica (decidida por el alcalde Verde), hecha para satisfacer una demanda religiosa, de las normas de derecho común sobre el uso de trajes de baño ajustados, promulgadas por razones de higiene y seguridad, puede afectar al buen funcionamiento del servicio público y a la igualdad de trato de los usuarios en condiciones que atentan contra el principio de neutralidad de los servicios públicos".

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El abogado del consistorio de Grenoble, Olivier Coudray, había defendido a la salida de una audiencia celebrada hace una semana en el Consejo de Estado que "el usuario de un servicio tiene derecho a pedir que se respeten sus creencias, y una comunidad tiene derecho a garantizar que el funcionamiento del servicio se adapte para tener en cuenta esta necesidad".

Por la otra parte, el abogado de la Liga Internacional de Derechos de la Mujer, Frédéric Thiriez, había denunciado la disposición de Grenoble y, según recoge el periódico Le Progrès, consideró que "busca simplemente promocionar el islamismo radical instrumentalizando a las mujeres musulmanas".