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UN GOBIERNO EN CRISIS CRECIENTE

También en 2011 CFK invitó a un diálogo, que luego no fue diálogo

Mie, 28/10/2020 - 7:49am
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Urgente24 intenta, en lo posible, permitir que todos manifiesten sus opiniones. Urgente24 considera que los lectores deben conocer los diferentes análisis de la coyuntura para alcanzar sus propias conclusiones. En el caso de este comentario, se rescata la descripción de un estado de opinión pública muy cercano al "Que se vayan todos" de 2001. La gran tarea para la corporación política que realizó Eduardo Duhalde entre 2002 y 2003, en alianza con Raúl Alfonsín, fue desactivar el "Que se vayan todos" (además de impedir el triunfo de Carlos Menem). Urgente24 se ha preguntado si el texto difundido por Cristina Fernández de Kirchner no resulta un mensaje a la corporación política en general acerca del riesgo por delante. También es cierto que Urgente24 no cree que se concreten las amenazas de estallidos populares que carecen de líderes y objetivos. El caso de 2001 precisamente tuvo promotores y beneficiarios. De todos modos, aquí va el análisis:

CFK recomendó un artículo que advierte a Alberto a no confiar en algunos empresarios.
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Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Otros tiempos, otros desafíos, otras expectativas.
Contenido

Ni el Presidente ni su vice saben cómo salir del galimatías que ellos mismos crearon. Ante la parálisis manifiesta de su testaferro político, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner ensaya ahora una maniobra de distracción en plena crisis económica, social e institucional, convocando por segunda vez al acuerdo a la misma oposición a la que desdeña todo el tiempo. 

El convite en sí mismo no parece tener nada de malo. El problema es que los políticos recuerdan aquella primera invitación al diálogo que había hecho la viuda de Néstor Kirchner en 2011, cuando tras ganar las elecciones también llamó, con estudiada magnanimidad, a un amplio “acuerdo nacional”. 

Los bienudos representantes del arco político argentino concurrieron en bloque para participar de aquel cónclave: la única que tuvo el olfato de ausentarse fue 'Lilita' Carrió. Resultó ser una experiencia humillante para todos, porque la por entonces primera mandataria los usó para la foto, pero después decidió borrar en sus políticas todos los compromisos que había asumido en aquella mesa.

Tal como en el cuento del pastorcito mentiroso, por reiterado, el discurso oficial agota su gobernabilidad. 

El kirchnerismo repite una y otra vez las mismas estratagemas, y ya no logra recuperar la credibilidad perdida. La gente sabe, y no le cree. Las convocatorias las hace la vice, y no el Presidente. El juego del poder es imposible. 

El Gobierno se descascara, se encapsula y, con alarmante aceleración, practica una espiral descendente que arrastra consigo a todo el país. Ante la falta de recursos para repartir, radicaliza su populismo yéndose a los extremos. Fiel al apotegma camporista “cuanto peor, mejor”, apela al caos generalizado para mantenerse en el poder. No parece ser una idea sustentable.

Nada para repartir

Lejos de las mieles de los ingresos que proporcionaba la soja a US$ 600 por tonelada, y sitiado por una pandemia que arrastra a la economía como un tsunami, la administración Fernández emitió en diez meses alrededor de $1,7 billón sin respaldo, para cumplir con las cuantiosas erogaciones de los gastos del Estado y del pago de planes y beneficios sociales. 

La aceleración inflacionaria y la pérdida de valor de la moneda argentina son parte y consecuencia de este paisaje de insensatez económica de un Banco Central que ya toca fondo en sus reservas líquidas. Cuando el Gobierno dice a la gente (la misma a la que mantiene encerrada en su casa) que no le pagará la cuarta cuota del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), muestra que está rascando el fondo de la olla y que se quedó sin recursos.

Sin nada para repartir, ante su fracaso en la gestión de la pandemia de coronavirus (un millón de contagiados y 30 mil muertos después de 220 días de cuarentena), con una destrucción sistemática de la economía (cierre de miles de PyMEs, retiro de multinacionales, un nivel creciente de desocupación que hoy alcanza al 13,1%, o sea, 2,5 millones de puestos de trabajo menos que a principios de este año) y con una sociedad civil movilizada en banderazos cada vez más numerosos, por el hartazgo y el rechazo que le inspira el gobierno, la élite populista se radicaliza a los extremos y exacerba sus rasgos autoritarios. 

Según el último informe del BBVA, la caída proyectada del PBI en 2020 alcanzará el 13% interanual.

La oposición

El Estado anárquico se extiende a la oposición política. Las encuestas muestran hartazgo tanto hacia el oficialismo como hacia la oposición. 

Las numerosas entrevistas realizadas en la última semana al expresidente Mauricio Macri no lograron mover el amperímetro del rechazo popular, que en su caso es altísimo, como el de muchos dirigentes de Juntos por el Cambio. 
La Argentina se debate frente a una crisis de representación sin precedentes. Esto podría explicar, por ejemplo, la benevolencia de algunos gestos de dirigentes como Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal o la propia Elisa Carrió, quien ahora pide a sus legisladores que acepten como procurador a su archienemigo, el juez Hernán Rafecas, a quien cuestionó en infinidad de oportunidades. 

Una vez más, no los une el amor, sino el espanto. 

El rechazo hacia los gobernantes es tan así, que hoy la calle, tradicionalmente peronista, pertenece a una clase media autoconvocada, harta de la pusilanimidad de la oposición y airada ante las bravatas del oficialismo. Esto queda claro cuando confrontamos las movilizaciones del 12-O y del 17-O: El poder creciente de los banderazos espontáneos de la clase media, confrontados con la escuálida convocatoria que tuvo la jerarquía sindical para movilizar afiliados en el día de la Lealtad Peronista, muestra que algo denso y significativo está ocurriendo en el seno de la sociedad argentina, que a todas luces no parece bueno para el panperonismo. 

El enemigo a vencer

La novedad política es que, frente a la inexistencia de una oposición inteligente y enérgica, es la propia gente la que sale a rechazar y a combatir las irregularidades que emanan del Gobierno. Algunos la explican como una versión aggiornada del “que se vayan todos” de la crisis de 2001. 

Mucho más, cuando la mayoría ve a la vicepresidente en el contexto de este estado de emergencia nacional tratando de forzar la Justicia como sea, y practicando cualquier tipo de maniobra desesperada con el único objeto de ser impune. 

Esta pérdida de apoyo (las encuestas reveladas en el transcurso de esta semana muestran perdedor al oficialismo por hasta 13 puntos por debajo de la oposición si las elecciones se realizaran hoy), acelera los tiempos y exacerba las aristas más autoritarias y disolventes del populismo de manual.
 
El enemigo a vencer –todos sabemos que el populismo necesita forzosamente de uno- no es Juntos Por el Cambio, o el establishment, o las fuerzas armadas, o el imperialismo. El kirchnerismo eligió ahora a la sociedad civil, y, más específicamente, a la odiada clase media. Cristina y sus alfiles camporistas practican sobre ella un movimiento de pinzas envolvente desde distintos ámbitos, con el sólo objeto de sojuzgarla y ponerla de rodillas. El objetivo es práctico: permanecer en el poder, garantizar la impunidad de los funcionarios involucrados en causas por corrupción y beneficiar privadamente a los propios y amigos con los recursos públicos. 

El imperio de la ley

Los medios para conseguir esto son muy claros: el populismo aspira a cargar calamidades sobre esa clase media, desde los lugares que más le pueden doler. ¿En qué lugares le duele? En sus instituciones más importantes, que vienen sufriendo desde hace tiempo:

Primero y principal, en el imperio de la ley. El desafío constante del kirchnerismo a la aplicación de la Constitución y de las normas en nombre de una instancia superior a la que llama “la voluntad del pueblo”, pretende derrumbar la legitimidad de las reglas fundantes que nos igualan y nos protegen a todos los argentinos bajo un mismo paraguas. 

Más allá de esto, la propia idea de “pueblo” que maneja el oficialismo es tramposa. Para el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, por ejemplo, los que marchan contra el gobierno no son pueblo, sino sólo aquellos que comulgan con el Frente de Todos y aplauden al Presidente. Por lo tanto, quien decide en nombre “del pueblo” en oposición al no-pueblo (la clase media opositora) es el mejor intérprete de esa voluntad general y está, por lo tanto, por encima de la letra escrita de cualquier ley, la Constitución Nacional incluida.

La familia 

En segundo lugar, el oficialismo desafía el rol fundante de la familia como base de la pirámide social. El kirchnerismo procura con variadas iniciativas la destrucción de esta institución fundamental. 

La familia argentina está asediada por sobreactuadas campañas que cargan contra la cultura “del patriarcado”: las políticas con perspectivas de género, la avanzada abortista o el uso de movimientos como “Ni una menos”, que pasaron a formar parte de un relato partidario antes que legítimas demandas sociales, y así, se desnaturalizan. 

En este sentido se reitera una paradoja recurrente en la historia kirchnerista: la cooptación por parte del discurso oficial de demandas sociales racionales –la interrupción voluntaria del embarazo, la inequidad de derechos entre el hombre y la mujer, o la violencia de género- les hace perder apoyo al ser usadas como bandera partidaria. 

Néstor Kirchner hizo lo mismo en su gestión, al absorber para sí los movimientos por los derechos humanos, que fueron perdiendo en forma paulatina su prestigio internacional y se terminaron viendo envueltos en vergonzosos escándalos de corrupción. Los Kirchner son expertos en secuestrar causas legítimas por las razones equivocadas, y corromperlas. Corromper algo significa, ni más ni menos, que alterar su naturaleza. En algunos casos, hasta su destrucción.

El idioma

El kirchnerismo avanza a pasos agigantados para demoler otra institución social fundante: el idioma. La adopción del llamado lenguaje inclusivo en todos los niveles del Estado, el otorgamiento de cuantiosos recursos públicos en políticas para adoptarlo –hasta el PAMI habla con la E-, pone en dudas también –nada menos- la lengua que utilizamos todos los días. Relativiza la base misma de la comunicación humana en Español, a través de neologismos que pasan a transformarse de uso obligado para el conjunto: en forma progresiva, quien no adopta los modos de decir oficiales, va siendo relegado del cuerpo social. 

Hoy se comienza a ver en forma embrionaria, quizás no tanto entre los adultos, pero mucho más entre niños y adolescentes. No es que el idioma en sí mismo importe, sino el disciplinamiento que supone, impuesto desde el Estado sobre una sociedad que debe adaptarse al incorrecto decir oficial. Quien no adscriba a esta tendencia impuesta desde el poder, será tachado de retrógrado, atrasado y gorila. La corrupción del idioma es otra manera sutil e invisible de proyectar el poder populista. 

La inseguridad es otro elemento de dominación social. La ausencia del Estado a la hora de asistir a la víctima en un delito, la liberación de presos peligrosos, el encausamiento de aquellos que actúan en defensa propia ante la falta de protección policial, la aplicación de causas penales a los propios policías si llegan a disparar a un delincuente (el caso Chocobar es muestra de ello), el tratamiento garantista de un criminal como víctima frente a una sociedad “que lo empuja a cometer delitos”, no es otra cosa que sembrar incertidumbre y temor en la persona, una maniobra para desmovilizarla y para hacerle sentir que en cualquier momento puede ser una nueva víctima. 

Sembrar en ella la certeza de que todo vale, que el Estado no la va a ayudar, y que está expuesta a perder sus bienes, su salud, su vida o la de un ser querido, en un eventual hecho delictivo.  El Estado populista protege a los delincuentes y encorseta, o encierra, a las víctimas. Y utiliza la inseguridad para sembrar temor y alcanzar la dominación social.

La más reciente estratagema populista para asaltar a la clase media consiste en derrocar a una de sus instituciones fundamentales: el derecho de propiedad. Las crecientes tomas de edificios, terrenos, áreas rurales por parte de grupos aparentemente diversos (pero afines con el kirchnerismo) cuentan con la anuencia de los funcionarios, cuando no con su participación activa, e instalan a la Argentina en un debate predemocrático que el mundo zanjó en el siglo XVII. 

La propiedad privada

Sobre las incertidumbres sembradas en la mente de un individuo, que ya duda de la legitimidad de la ley que lo rige, del idioma que habla, del principio de la autoridad familiar o de su derecho de defensa ante un delito contra su persona, ahora se suma también la relativización de su dominio sobre los bienes que en forma legítima le pertenecen. 

El discurso oficial que reza que “de toda necesidad nace un derecho”, contradictoria con el principio de mérito (del cual el Presidente, ya explicó, es enemigo) implica que nadie debe hacer nada para lograr que el Estado le provea aquello de lo que carece, sino que éste lo hará sin pedir ninguna contraprestación. 

Pero como la magia no existe y no se puede proveer aquello que no se produce, es muy obvio que quien logró con su trabajo forjar un patrimonio, o lo heredó (“y tiene de más”, como supo decir hacer unos meses el ministro del Interior, Wado de Pedro), será necesariamente, objeto de expropiación por parte del Poder dominante.

Hasta ahora, esa expropiación se reflejaba mayormente por la vía de los impuestos abusivos que el Estado cobra para mantener su elefantiásica estructura. Y la ayuda social que garantiza la esclavitud de aquellos que dependen de sus dádivas. 

La multiplicación de usurpaciones de tierras en en Mascardi, en Guernica, en las tomas de municipios en el interior bonaerense y en más de cien puntos distintos a lo largo de la geografía nacional, con un apoyo implícito (o explícito) de los funcionarios oficialistas y con el concurso de fuerzas de choque violentas, en connivencia con algunos jueces y con el silencio cómplice de la Iglesia Católica, instala una nueva incertidumbre, acaso la más grave, que apunta a derrumbar la noción fundante del capitalismo: el principio de propiedad privada. 

En definitiva, con este movimiento de pinzas que el oficialismo exacerba a través de sus diversas corrientes, conforme pierde el control de las variables económicas, políticas y sociales, busca someter a la clase media.