El Grupo Clarín en problemas: Uruguay no es Argentina

El holding que preside y dirige Héctor Magnetto luego del fallecimiento de Ernestina Herrera de Noble tiene 8 licencias de TV por cable en el país vecino según el organismo que se encarga de hacer cumplir dicha normativa.

La información consta en una reciente respuesta de la URSEC luego de que una comisión legislativa resolviera pedirle un “diagnóstico” de la tenencia de medios, sin apuntar a grupos en específico, y la coalición reconoció los incumplimientos: “Todos sabemos del problema”.

Tal como graficó el portal local La Diaria, en Uruguay, Clarín incursiona con la empresa de televisión para abonados Flow, ex Cablevisión. De acuerdo a la información que remitió la Ursec ante un pedido de acceso a la información, a través de José María Saenz Valiente el grupo Clarín tiene la titularidad de dos empresas que proveen televisión para abonados por aire en Montevideo (Bersabel SA) y en Canelones (Visión Satelital), junto con otras cuatro firmas que tienen cinco licencias para televisión para abonados por cable: Space Energy Tech con autorización para Salto y Rivera, Reiford en Tacuarembó, Dolfycor en Artigas y Tracel en Paso de los Toros.

La información fue solicitada en octubre por Gustavo Gómez, director ejecutivo del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia (Observacom) y en noviembre llegó la respuesta de la Ursec, detalló el medio.

Según el informe al que accedió La Diaria, en todos los casos mencionados, Saenz Valiente posee más de 99% de las acciones de los cables. Al abogado -ya fallecido- y fundador del estudio que lleva su apellido se lo presentó en una nota de TN de 2012 como “apoderado” de Clarín, y la familia Saenz Valiente tiene vínculo directo con el grupo.

Según comentó Gómez, debe agregarse a este listado la firma Audomar, que da el servicio de televisión para abonados en Paysandú y tiene al mismo titular que las demás empresas. Así se llega al número de ocho cables que son propiedad de Clarín en Uruguay.

Recordemos que el artículo 58 dice expresamente que el límite de “titularidad de servicios de televisión para abonados” asciende a seis licencias por «persona física o jurídica privada”. “En el caso de que una de las autorizaciones incluya el departamento de Montevideo” este número se reduce a tres, limita.

En virtud de esto, para Gómez -exdirector de Telecomunicaciones y asesor presidencial entre 2010 y 2015- hay un incumplimiento “expreso y claro” de la normativa por parte de Clarín. Esta situación irregular comenzó en 2019, ya que el grupo adquirió los cables previo a la normativa de 2014, cuando se les dio a las empresas cuatro años de plazo desde la vigencia en 2015 para cumplir con los límites de tenencia.

“Acá estamos ante la constatación de que hay un grupo económico que tiene un montón de licencias, con cables que funcionan con la misma marca y programación. Hay otros casos [de incumplimiento de los límites legales de tenencia] en los que te argumentan que se agrupan, pero acá es una misma persona que tiene todas las licencias y está incumpliendo de forma literal con la normativa”, dijo Gómez.

Según explicó, la ley de medios prevé que incumplir los límites es una infracción grave, para lo que se prevé sanciones que van desde la suspensión de la licencia hasta su revocación.

El tema fue llevado al Parlamento por Gómez el 7 de diciembre, al acudir por el Observacom a hablar en la Comisión de Industria de Diputados, que analiza el nuevo proyecto de ley de medios, enviado como prioridad por el Ejecutivo en 2020 y que aún no logró consenso a la interna de la coalición.

“Hay grupos extranjeros, como pasa con Clarín, que hoy está ilegal, pero la Ursec no lo persigue de oficio”, manifestó Gómez, e incorporó la información de la respuesta al pedido de acceso a la información: “En este país hay personas que tienen más medios de los que están permitidos, a sabiendas del organismo que debería controlarlos. Tenemos totalmente prueba de que lo conoce”.

“Ustedes están trabajando sobre la ley vigente y con el proyecto que se propone como alternativa, pero eso [en referencia a la cantidad de empresas que posee Clarín] supera ampliamente lo que dispone la legislación actual. Es información oficial, surge de manera clara de parte de un organismo”, remató Gómez según desgrabaciones del mencionad medio del país vecino.

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Mapa de medios de Tiempo Argentino y Reporteros Sin Frontera (RSF) en la Argentina.

Ley de medios en Uruguay: Polémica por inconstitucionalidad

El debate sobre la ley de medios en Uruguay es muy similar al de la Argentina en su momento: la inconstitucionalidad de algunos decretos.

El portal Caras & Caretas informó que desde 2014 los empresarios de los medios de servicios audiovisuales comerciales presentaron decenas de recursos de inconstitucionalidad contra artículos de la ley ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

De los 202 artículos declararon totalmente inconstitucionales el 56 que prohíbe la propiedad cruzada de servicios de comunicación audiovisual y telefonía o datos; y el 143 sobre distribución del tiempo de publicidad electoral. A su vez, declararon parcialmente inconstitucionales:

• El artículo 39 sobre la transmisión por televisión abierta de "eventos de interés general" en el inciso sobre "eventos adicionales";
• El 55, inciso 1, que limita la cantidad de clientes que pueden tener los operadores de televisión para abonados a nivel nacional;
• El 60, inciso 3, que establece que al menos 30% de la producción audiovisual nacional debe ser realizada por productores independientes y también determina mínimos por semana y horarios de emisión
• El 98, inciso 2 que permite la "suspensión inmediata de las emisiones" si un titular no permite una inspección;
• El 117, inciso 4, que obliga a los servicios de televisión para abonados a incluir las señales de Televisión Nacional Uruguay (TNU);
• El 149, inciso 2, que prioriza los servicios de comunicación públicos sobre los privados en cuanto a la asignación de canales radioeléctricos, ubicación de estaciones y otras infraestructuras necesarias para prestar el servicio, así como en todo lo relativo a las demás condiciones de instalación y funcionamiento.

El proyecto de ley que ingresó al Parlamento en 2020 para modificar la ley de medios actual proponía algunos cambios principales: mayor concentración mediática (se extiende de 3 a 8 el límite de señales por persona física o jurídica, eliminación de consejos de participación plural, no más pagos por uso de licencia, eliminación del capítulo de derechos de las personas (no discriminación, cambios en accesibilidad), acotamiento de la protección a las infancias y obligatoriedad de Antel de compartir su infraestructura con competidores privados.

Quienes impulsaron el proyecto desde el oficialismo argumentaron que la ley actual es una ley "mordaza", que impide a los empresarios de los canales actuar con libertad y restringe su capacidad de trabajo. En la fundamentación del proyecto aseguran que la ley actual es "hiperreglamentarista, intervencionista, desbalanceada, discrecional y limitativa de libertades" porque "cada vez que hay regulación hay limitación de libertad". Una investigación comparativa realizada por Natalia Uval en la diaria muestra que las modificaciones introducidas en el proyecto se corresponden en amplia mayoría con los reclamos de los dueños de los tres canales privados (4. 10 y 12).

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