Represión S.A.: Memorias de los años oscuros
Documentos de la Organización de Naciones Unidas demuestran la colaboración que hubo entre los regímenes militares de Brasil, Uruguay y la Argentina, que se prolongó hasta finales de la década de 1970.
26 de septiembre de 2012 - 18:05
GINEBRA (O Estado). Una colección de informes confidenciales, telegramas, cartas a ministros e informes de las reuniones que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reunió sobre dictaduras de América del Sur confirman que, por lo menos, hasta 1979, ciudadanos argentinos, uruguayos, paraguayos y chilenos que buscaron refugio en territorio brasileño fueron vigilados, amenazados, detenidos y devueltos a sus países, con ayuda y conocimiento de las Fuerzas Armadas de Brasil. Fue la 1ra. vez que la ONU publica el contenido de esa colección.
Los documentos muestran que sólo el Servicio Secreto uruguayo logró, con la ayuda de sus pares de Brasilia y Buenos Aires, secuestrar y traer de vuelta a las prisiones de Montevideo a 110 refugiados políticos que estaban en Brasil y la Argentina entre 1976 y 1979.
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"Suponemos que existe todavía, tal como en el pasado, cooperación técnica entre las fuerzas de seguridad de Uruguay, la Argentina y Brasil", afirma un telegrama secreto de la ONU fechado el 25 de junio 1979, y conservado en los archivos de Ginebra.
Las convenciones de Naciones Unidas consideran la devolución de personas a su país de origen un delito de lesa humanidad ya que, en muchos casos, representa una sentencia de muerte.
Para los representantes del ACNUR, la evidencia de la información podría requerir que las personas involucradas sean procesadas por ese delito.
Reunidas por los enviados de la ONU a la región, las informaciones señalan una cooperación bastante organizada entre los regímenes militares de Brasil, la Argentina y Uruguay, tanto en las relaciones políticas como en el modo operacional... durante una década.
En ese momento, la ONU puso en marcha una operación para resguardar en el Cono Sur a más de 18 millones de personas amenazadas por sus actividades políticas.
Hasta finales de 1960, la ONU admitía en documentos internos que trabajaba con la perspectiva de que un refugiado de un país latinoamericano que cruzara la frontera no sería devuelto y que tendría protección asegurada. Esa percepción comenzó a cambiar en 1969.
Un telegrama fechado el 12/09/1969, de la oficina de la ONU desde Ciudad de Buenos Aires llegó a Ginebra, Suiza, advirtiendo que "fuentes de la Iglesia" (Católica) tenían información según la cual brasileños que habían huido comenzaron a ser perseguidos en la Argentina y Uruguay. La Oficina sugería que la ONU enviara una misión a la región para dialogar con los gobiernos y entender lo que estaba sucediendo.
"El problema del asilo para los latinoamericanos que huían de sus países por razones políticas es cada vez más difícil de tratar de lo que fue en el pasado, frente a la voluntad cada vez menor de ciertos gobiernos de América Latina de conceder asilo", informó el telegrama.
Secuestradores
Meses más tarde, la cooperación entre fuerzas de seguridad ya era realidad. En un telegrama del 14/04/1970, el representante del ACNUR en Bogotá, Colombia, advirtió acerca de una coordinación entre la diplomacia de la región contra militantes de oposición, especialmente frente a los secuestros políticos que aumentaban.
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"Recientes secuestros políticos en Brasil, la Argentina y Guatemala y el trágico asesinato del embajador Von Spreti probablemente den lugar a políticas mucho más restrictivas de asilo para aquellos que posiblemente podrían ser los responsables de tales crímenes", afirmó.
(N. de la R.: conde Karl Maria von Spreti, diplomático alemán, arquitecto de profesión, militante del Partido Social Cristiano de Bavaria, embajador ante el Gran Ducado de Luxemburgo, Cuba, República Dominicana, y luego a Guatemala durante el periodo del presidente Julio César Méndez Montenegro. El 27/02/1970 fue secuestrado el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fuentes Mohr; y el 16/03/1970 el agregado laboral de la Embajada de USA, Sean Holly, por la Fuerza Armada Rebelde (FAR). El 31/04/1970, en la Nunciatura católica se recibieron cartas de las FAR confirmando tener a Von Spreti y exigieron por devolverlo la liberación de 15 individuos, aumentado después a 22 personas, que deberían ser entregados a la embajada de México. El gobierno manifestó que por ser personas procesadas no podía accederse pues sería una violación a la Constitución. El 05/04/1970, a las 19:30 una voz anónima informó por teléfono a los bomberos voluntarios del hallazgo de un cadáver en las cercanías de San Pedro Ayampuc: el embajador alemán que presentaba un disparo en la cabeza.)
Según el telegrama, un plan se cocía entre diplomáticos para cerrar el cerco contra los secuestradores e impedir el intercambio de embajadores por militantes detenidos. Una de las propuestas era un acuerdo para considerar a las "personas en las listas de intercambios en un caso de secuestro como posibles cómplices del secuestro". Es decir, también serían consideradas criminales y no podrían ser intercambiadas.
"Todos los países asumieron la obligación de no dar asilo a ninguna persona que integrara una lista de personas a intercambiar por un secuestado la lista de candidatos a ser intercambiados con secuestradores y dar inmediata extradición si uno de ellos entraba en sus territorios", decía el texto. El ACNUR preveía en ese momento que Cuba y México rechazarían ser parte del acuerdo.
En un telegrama de fecha 14/02/1978, la ONU advirtió la situación de un militante argentino exiliado en Brasil -identificado sólo como Bevacqua- detenido en la calle, en Porto Alegre, en un control de documentación. Horas después de la detención, fue asesinado. La información recopilada por las Naciones Unidas con diplomáticos de USA indicaba que la policía quería evitar la sospecha de asesinato. 2 autopsias se habrían realizado demostrando que él sufrió un "ataque al corazón".
El ACNUR no confiaba en la información. "Otras fuentes fidedignas expresaron dudas acerca de esta versión (del ataque al corazón), sugiriendo que él, un militante político, pudo haberse envenenado para evitar revelar hechos bajo tortura", señaló el telegrama.
El ACNUR dijo que la acción tiene lugar en un momento en que había señales de que el principal grupo armado argentino, los Montoneros, trataba de reorganizarse, utilizando el territorio brasileño. Sin embargo, ante el incidente, la ONU también veía otro fenómeno: "La inteligencia militar argentina está activa en Brasil".
"Uno de los nombres que se mencionan en particular, es un oficial de la Marina, conocido como 'el Gato' y que estuvo en noviembre en Uruguay, y fue visto recientemente en Brasil", informó la ONU.
Otro caso fue el de Silvina Labayru, integrante de la inteligencia de Montoneros que terminó del lado de la Junta militar. "Ella ahora responde a la Armada Argentina. Ella fue vista en Brasil", se informó a Ginebra.
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El 01/12/1978, un telegrama urgente de la oficina de la ONU en Rio informó a Ginebra sobre el secuestro, en Porto Alegre, de los uruguayos Universindo Díaz y Lilian Celiberti y sus dos hijos.
Un informe confidencial mostraría, después, que los menores fueron llevados en automóvil a Uruguay, mientras que Lilian y Universindo siguieron hacia São Paulo, donde fueron subidos a un avión que voló a Montevideo.
Días más tarde, el ejército uruguayo publicó un comunicado de prensa diciendo que la pareja fue arrestada después de "cruzar ilegalmente la frontera con documentos falsos y llevando literatura subversiva".
Un 3er. comunicado sostuvo que traficaban armas.
Emergencia
Alarmada por la situación, la ONU pidió una reunión de emergencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores brasilero.
Recibidos por el embajador Luis Lindberg Sette, director del Departamento de Organizaciones Internacionales, los representantes de la ONU sólo escucharon de la diplomacia que Brasil "lamentaba" el incidente.
Meses más tarde, en otro telegrama, la ONU confirmó que los hombres que invadieron la vivienda de los opositores uruguayos llevaron 45 armas "propiedad de las fuerzas brasileñas" y que el DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, policía secreta) habría participado en el secuestro y envío de los 4 uruguayos a Montevideo.
"Operaciones clandestinas de la inteligencia uruguaya parecen continuar en el sur de Brasil para analizar y neutralizar el movimiento de muchos uruguayos que viven en el exilio", indicó el documento junio de 1979.
Reunidas por los enviados de la ONU a la región, las informaciones señalan una cooperación bastante organizada entre los regímenes militares de Brasil, la Argentina y Uruguay, tanto en las relaciones políticas como en el modo operacional... durante una década.
En ese momento, la ONU puso en marcha una operación para resguardar en el Cono Sur a más de 18 millones de personas amenazadas por sus actividades políticas.
Hasta finales de 1960, la ONU admitía en documentos internos que trabajaba con la perspectiva de que un refugiado de un país latinoamericano que cruzara la frontera no sería devuelto y que tendría protección asegurada. Esa percepción comenzó a cambiar en 1969.
Un telegrama fechado el 12/09/1969, de la oficina de la ONU desde Ciudad de Buenos Aires llegó a Ginebra, Suiza, advirtiendo que "fuentes de la Iglesia" (Católica) tenían información según la cual brasileños que habían huido comenzaron a ser perseguidos en la Argentina y Uruguay. La Oficina sugería que la ONU enviara una misión a la región para dialogar con los gobiernos y entender lo que estaba sucediendo.
"El problema del asilo para los latinoamericanos que huían de sus países por razones políticas es cada vez más difícil de tratar de lo que fue en el pasado, frente a la voluntad cada vez menor de ciertos gobiernos de América Latina de conceder asilo", informó el telegrama.
Secuestradores
Meses más tarde, la cooperación entre fuerzas de seguridad ya era realidad. En un telegrama del 14/04/1970, el representante del ACNUR en Bogotá, Colombia, advirtió acerca de una coordinación entre la diplomacia de la región contra militantes de oposición, especialmente frente a los secuestros políticos que aumentaban.
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"Recientes secuestros políticos en Brasil, la Argentina y Guatemala y el trágico asesinato del embajador Von Spreti probablemente den lugar a políticas mucho más restrictivas de asilo para aquellos que posiblemente podrían ser los responsables de tales crímenes", afirmó.
(N. de la R.: conde Karl Maria von Spreti, diplomático alemán, arquitecto de profesión, militante del Partido Social Cristiano de Bavaria, embajador ante el Gran Ducado de Luxemburgo, Cuba, República Dominicana, y luego a Guatemala durante el periodo del presidente Julio César Méndez Montenegro. El 27/02/1970 fue secuestrado el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Fuentes Mohr; y el 16/03/1970 el agregado laboral de la Embajada de USA, Sean Holly, por la Fuerza Armada Rebelde (FAR). El 31/04/1970, en la Nunciatura católica se recibieron cartas de las FAR confirmando tener a Von Spreti y exigieron por devolverlo la liberación de 15 individuos, aumentado después a 22 personas, que deberían ser entregados a la embajada de México. El gobierno manifestó que por ser personas procesadas no podía accederse pues sería una violación a la Constitución. El 05/04/1970, a las 19:30 una voz anónima informó por teléfono a los bomberos voluntarios del hallazgo de un cadáver en las cercanías de San Pedro Ayampuc: el embajador alemán que presentaba un disparo en la cabeza.)
Según el telegrama, un plan se cocía entre diplomáticos para cerrar el cerco contra los secuestradores e impedir el intercambio de embajadores por militantes detenidos. Una de las propuestas era un acuerdo para considerar a las "personas en las listas de intercambios en un caso de secuestro como posibles cómplices del secuestro". Es decir, también serían consideradas criminales y no podrían ser intercambiadas.
"Todos los países asumieron la obligación de no dar asilo a ninguna persona que integrara una lista de personas a intercambiar por un secuestado la lista de candidatos a ser intercambiados con secuestradores y dar inmediata extradición si uno de ellos entraba en sus territorios", decía el texto. El ACNUR preveía en ese momento que Cuba y México rechazarían ser parte del acuerdo.
En un telegrama de fecha 14/02/1978, la ONU advirtió la situación de un militante argentino exiliado en Brasil -identificado sólo como Bevacqua- detenido en la calle, en Porto Alegre, en un control de documentación. Horas después de la detención, fue asesinado. La información recopilada por las Naciones Unidas con diplomáticos de USA indicaba que la policía quería evitar la sospecha de asesinato. 2 autopsias se habrían realizado demostrando que él sufrió un "ataque al corazón".
El ACNUR no confiaba en la información. "Otras fuentes fidedignas expresaron dudas acerca de esta versión (del ataque al corazón), sugiriendo que él, un militante político, pudo haberse envenenado para evitar revelar hechos bajo tortura", señaló el telegrama.
El ACNUR dijo que la acción tiene lugar en un momento en que había señales de que el principal grupo armado argentino, los Montoneros, trataba de reorganizarse, utilizando el territorio brasileño. Sin embargo, ante el incidente, la ONU también veía otro fenómeno: "La inteligencia militar argentina está activa en Brasil".
"Uno de los nombres que se mencionan en particular, es un oficial de la Marina, conocido como 'el Gato' y que estuvo en noviembre en Uruguay, y fue visto recientemente en Brasil", informó la ONU.
Otro caso fue el de Silvina Labayru, integrante de la inteligencia de Montoneros que terminó del lado de la Junta militar. "Ella ahora responde a la Armada Argentina. Ella fue vista en Brasil", se informó a Ginebra.
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El 01/12/1978, un telegrama urgente de la oficina de la ONU en Rio informó a Ginebra sobre el secuestro, en Porto Alegre, de los uruguayos Universindo Díaz y Lilian Celiberti y sus dos hijos.
Un informe confidencial mostraría, después, que los menores fueron llevados en automóvil a Uruguay, mientras que Lilian y Universindo siguieron hacia São Paulo, donde fueron subidos a un avión que voló a Montevideo.
Días más tarde, el ejército uruguayo publicó un comunicado de prensa diciendo que la pareja fue arrestada después de "cruzar ilegalmente la frontera con documentos falsos y llevando literatura subversiva".
Un 3er. comunicado sostuvo que traficaban armas.
Emergencia
Alarmada por la situación, la ONU pidió una reunión de emergencia con el Ministerio de Relaciones Exteriores brasilero.
Recibidos por el embajador Luis Lindberg Sette, director del Departamento de Organizaciones Internacionales, los representantes de la ONU sólo escucharon de la diplomacia que Brasil "lamentaba" el incidente.
Meses más tarde, en otro telegrama, la ONU confirmó que los hombres que invadieron la vivienda de los opositores uruguayos llevaron 45 armas "propiedad de las fuerzas brasileñas" y que el DOPS (Departamento de Ordem Política e Social, policía secreta) habría participado en el secuestro y envío de los 4 uruguayos a Montevideo.
"Operaciones clandestinas de la inteligencia uruguaya parecen continuar en el sur de Brasil para analizar y neutralizar el movimiento de muchos uruguayos que viven en el exilio", indicó el documento junio de 1979.
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