A través de la Resolución 99/2026, dirigida a las organizaciones que representan a los productores primarios, las cooperativas, las industrias y los secaderos, y de cara al vencimiento de los mandatos de quienes hoy integran el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), se dio inicio al proceso para renovar su Directorio.
"UNA FORMALIDAD"
Yerba mate: El INYM renueva autoridades mientras esperan que el modelo de gobierno cambie y LLA insiste
Los productores observan el cambio de autoridades en el Instituto de la Yerba Mate (INYM), que la desregulación vació de funciones, "con la esperanza de que el modelo de gobierno cambie".
Antes de la desregulación que vació de funciones al Instituto de la Yerba Mate, la renovación suponía una decisión de gran peso para la actividad. Y es que allí era donde se negociaba, entre muchas otras cuestiones, la fijación de un precio mínimo para la hoja verde de yerba.
Pero ahora "se trata de una formalidad. No vemos posible que de ahí salga una modificación para obtener un precio razonable, pero hay que tratar de estar para mantenerse informado, siempre con la esperanza de que el modelo de gobierno cambie. Es la única que nos queda", dijo al sitio especializado 'Bichos de Campo' una fuente del sector productivo.
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De los 12 directores que conforman el Directorio del INYM, 9 representan a los distintos eslabones de esa cadena: 3 por la producción, 2 por las cooperativas, 2 por la industria, 1 por los secaderos y 1 por los trabajadores rurales.
La mesa se termina de completar con los gobiernos de Misiones y Corrientes, a los que se suma un delegado por la Nación.
Y si bien circularon rumores sobre una posible modificación de la ley y el armado de otro sistema de elección, "por ahora no lo han tocado".
Y según la normativa actual, la elección de un nuevo Directorio comienza primero con una convocatoria a las entidades que aún no estén inscriptas en el Registro de Entidades y Asociaciones Privadas habilitadas para la designación de Directores del INYM. A la vez, obliga a aquellas que ya forman parte de él a actualizar la documentación presentada anteriormente.
Su habilitación dependerá de que acrediten personería jurídica, así como balances de su ejercicio. Además deberán demostrar una antigüedad mínima de cuatro años en su actividad institucional.
La fecha límite para hacer será hasta el 23 de octubre inclusive. Concluida esa etapa se seleccionarán las entidades que cumplen con los requisitos y desde las cuales podrán salir los nuevos representantes. De acuerdo con la Ley 25.564, los directores designados por las entidades permanecen dos años en sus funciones. Vencido ese período pueden continuar transitoriamente hasta que sean designados sus reemplazantes.
Los libertarios rechazan los pedidos de los productores
Mientras, funcionarios libertarios no solo rechazan el pedido de distintos productores para que vuelva a funcionar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sino que además consideran que una mayor regulación del mercado no resolvería el problema.
Lo dejó claro, en declaraciones a 'Eldópolis Radio 106.3', el diputado nacional de La Libertad Avanza, Diego Hartfield:
El legislador cuestionó además las políticas destinadas a limitar la superficie plantada y planteó que el camino debería ser incentivar la búsqueda de nuevos mercados: "En 2017, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia ya advertía sobre los riesgos de los precios regulados porque podían generar distorsiones en la oferta. Después se intentó limitar las plantaciones a cinco hectáreas por productor, lo cual es una locura. Lo que hay que hacer es generar incentivos para que los empresarios salgan a buscar mercados afuera".
Para Hartfield, el crecimiento de las exportaciones puede permitir absorber el excedente de producción y mejorar las condiciones del mercado yerbatero. "En lugar de limitar la oferta, tenemos una demanda mundial de 8.000 millones de personas. En dos años pasamos de que el 12% de la producción fuera destinada a la exportación a casi el 18%. Imaginate si ganamos mercados internacionales y eso llega al 50% o al 100%, o si terminamos enviando más yerba afuera que al mercado interno. No sabemos cuánto podría llegar a valer", señaló.
El diputado reconoció que la caída del precio genera dificultades para los productores, pero sostuvo que se trata de una consecuencia de un problema estructural que se arrastra desde hace años:
Hoy los productores están atravesando un momento difícil porque el precio bajó, pero es una realidad de lo que sucedió durante los últimos 20 años. Echarle la culpa a Schiaretti o a Milei por esto es mear afuera del tarro. Hay que hablar con honestidad sobre lo que está pasando
Sostuvo además que el objetivo debe ser lograr una mayor inserción internacional del producto: "Si trabajamos seriamente a largo plazo, la yerba tiene que ser un commodity", afirmó.
"La salida no está en volverse loco y regular, sino en exportar. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente", remarcó.
El legislador reconoció las dificultades que atraviesan los pequeños productores, pero sostuvo que las decisiones deben contemplar sus consecuencias a mediano y largo plazo. "Tenemos que pensar antes de tomar estas decisiones. Es realmente grave lo que está pasando. No quiero decir que conozco perfectamente lo que le sucede a un pequeño productor, porque sé que está atravesando un momento difícil, pero no podemos tomar decisiones que lo perjudiquen todavía más en el mediano o largo plazo. No es por ahí la salida. La verdadera salida está en la exportación", afirmó.
La crisis yerbatera
Vale recordar que los cuestionamientos de los productores apuntan contra la política de desregulación del mercado yerbatero y la pérdida de facultades del INYM.
Lejos de la opinión de los libertarios y en una carta dirigida a Javier Milei y a su equipo de gobierno, organizaciones de productores señalaron que las medidas oficiales están afectando a una economía regional que, según remarcaron, durante décadas generó actividad y empleo para miles de familias misioneras.
Ese documento fue firmado por Julio Petterson, de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte; Hugo Sand, de la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones; Antonio Franza, de la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay; Jorge Skripczuk, de la Asociación Civil Impulso Yerbatero; y Salvador Torres, del Movimiento Agrario de Misiones.
Los productores sostienen que la desregulación no generó una mayor competencia en un mercado que consideran altamente concentrado. Por el contrario, denuncian que las grandes empresas pudieron ampliar sus márgenes mientras se deterioraron los ingresos de productores primarios y trabajadores rurales.
Según el documento presentado por las organizaciones, la materia prima se está pagando entre $180 y $285 por kilo, en muchos casos con plazos de cobro de 90, 120 días o incluso superiores. Los productores aseguran que ese valor representa aproximadamente la mitad del costo de producción y sostienen que la ausencia de un precio de referencia establecido por el INYM dejó a las chacras como la principal variable de ajuste de la cadena.
A la caída de los ingresos se suma el incremento de los costos productivos. Las organizaciones señalan aumentos en combustibles, fertilizantes, energía, laboreo y fletes, con especial impacto sobre el traslado de la hoja verde desde las chacras hasta los secaderos.
La crisis de rentabilidad también comienza a reflejarse en los niveles de producción. De acuerdo con los datos incluidos en la carta, durante los primeros siete meses de 2026 la cosecha de hoja verde cayó más de 11% interanual.
Entre enero y julio se recolectaron 71,5 millones de kilos menos que durante el mismo período del año anterior. Para las organizaciones, el retroceso es consecuencia directa de la falta de rentabilidad de la actividad.
La menor actividad en las chacras repercute sobre tareferos, contratistas, transporte, secaderos y comercios de los municipios yerbateros. Las organizaciones también advierten sobre la dificultad para afrontar los costos laborales.
Respecto de la la tarifa sustitutiva del Convenio de Corresponsabilidad Gremial pasó de un promedio de $13 por kilo en 2023 a casi $44 en 2026, mientras simultáneamente cayó el precio percibido por el productor.
El INYM, en el centro de la discusión
La pérdida de herramientas regulatorias del INYM es otro de los principales puntos de conflicto. Los productores cuestionan específicamente el desarme de áreas vinculadas con técnica, registro y fiscalización, además de la eliminación de resoluciones históricas del organismo.
Según las entidades, esto afecta los mecanismos destinados a garantizar estándares de calidad, higiene y salubridad del producto y, por lo tanto, también puede repercutir sobre los consumidores.
El reclamo de las organizaciones es concreto: recuperar las facultades del instituto para contar con herramientas que permitan ordenar la cadena yerbatera y mejorar las condiciones de los sectores más vulnerables.
En la carta enviada al Presidente, los productores sostuvieron que, pese al escenario actual, continuarán trabajando para recuperar esas facultades y proyectar los próximos años de la actividad yerbatera con mayor participación de los pequeños productores.
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