Las provincias reclaman a Nación por el crítico estado de las rutas nacionales, una problemática que genera pérdidas diarias de cientos de millones de pesos.
El reclamo de las provincias al Gobierno nacional por el estado crítico de las rutas nacionales sumó en los últimos días nuevos capítulos, con implicancias que exceden lo vial y se proyectan de lleno sobre la economía real. Gobernadores y actores productivos coinciden en que la falta de mantenimiento no es solo un problema de infraestructura.
El drama del estado de las rutas es un factor que encarece costos, frena inversiones y compromete la competitividad.
A través del decreto 253/2026, la Nación habilitó a Corrientes, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, Río Negro, Neuquén, San Juan y Santa Cruz a asumir la gestión, mantenimiento y concesión de tramos de rutas nacionales con peaje. Las provincias tendrán el plazo de un año para llamar a licitación desde la firma de los convenios.
En paralelo, crecen los cuestionamientos por el deterioro de la red vial. El último informe técnico de la Federación de Personal de Viabilidad Nacional, finalizado en diciembre pasado advertía que entre el 65% y 70% de las rutas nacionales se encuentran en regular o mal estado, producto de la subejecución presupuestaria y la paralización de obras.
Esta situación no solo incrementa el riesgo de accidentes, sino que tiene un impacto directo sobre los costos logísticos, un componente clave en la estructura de precios de la economía argentina.
Las provincias más vinculadas a la producción agroindustrial son las que encabezan el reclamo. Desde Santa Fe, por ejemplo, el gobernador Pullaro denunció que muchas rutas “ya no tienen pozos, sino cráteres”, reflejando el nivel de deterioro acumulado.
La legislatura provincial hizo una audiencia pública una semana atrás para tratar el grave estado de la ruta 34, que es noticia cotidianamente por accidentes que suceden en todo su largo, y por donde circulan miles de camiones por día. Según publicó La Capital, el senador provincial Esteban Motta, dijo durante la reunión:
En corredores estratégicos para Córdoba, como las rutas 9, 19 o 60, los problemas de transitabilidad afectan el transporte de granos, insumos y bienes industriales, generando demoras y mayores costos operativos.
Según Corta, el gobernador Martín Llaryora cree que la delegación de peajes podría ser una "oportunidad para destrabar inversiones" en corredores productivos, aunque persisten las dudas sobre el reparto de riesgos entre provincia, Nación y privados.
Lo mismo sucede en otras provincias, donde las empresas productoras y transportistas se ven perjudicados por el estado de las rutas, lo cual aumenta sus costos monetarios y tiempos de traslado. Según el mismo medio, cámaras de Santa Fe y Córdoba estimaron pérdidas de más de $150 millones diarios en fletes y seguros, empeorando la competitividad de los productos argentinos.
En un país donde gran parte de la producción se traslada por vía terrestre, el mal estado de las rutas implica más consumo de combustible, mayor desgaste de vehículos y pérdidas de tiempo que terminan trasladándose a precios.
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