La Justicia británica reclama US$3600 millones a Argentina por el Cupón PBI

La Argentina vuelve a enfrentar una amenaza millonaria en los tribunales internacionales. La causa judicial por el denominado “Cupón PBI ”, originada en la manipulación de las estadísticas del INDEC, sumó un nuevo capítulo en Londres y podría derivar en una condena que supere los US$3600 millones.

La Justicia británica reclama US$3600 millones por el Cupón PBI

El caso representa otro frente de presión financiera para el gobierno de Javier Milei, que intenta estabilizar la economía mientras negocia con acreedores y busca recuperar credibilidad en los mercados internacionales.

La Justicia británica hizo lugar a un reclamo presentado por los beneficiarios de una sentencia ya firme contra el Estado argentino por unos 1600 millones de euros —equivalentes a cerca de US$1800 millones— vinculada al pago de bonos atados al crecimiento económico.

Ahora, los demandantes buscan que se reconozcan otros 1600 millones de euros adicionales bajo el argumento de que la Argentina continuó aplicando una fórmula incorrecta para calcular los pagos de los cupones en años posteriores a 2013, según informó TN.

Ahora, Argentina tiene plazo hasta el 10 de julio para responder a esta nueva demanda. Las presentaciones se extenderan hasta noviembre del 2027.

Cómo surgió el problema estadístico del INDEC

El origen del conflicto se remonta a la intervención del INDEC durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Los bonos “Cupón PBI”, emitidos tras los canjes de deuda de 2005 y 2010, prometían pagos extra a los acreedores si la economía argentina superaba determinados niveles de crecimiento.

Los bonistas sostienen que el Estado modificó la metodología de cálculo del Producto Bruto Interno para evitar esos desembolsos. Según la demanda, el crecimiento económico de 2013 debió haber activado el pago de intereses, algo que finalmente no ocurrió tras un cambio estadístico impulsado por el INDEC intervenido.

La condena principal ya quedó firme luego de que la Corte Suprema del Reino Unido rechazara tomar el caso en 2024. Sin embargo, la situación judicial se agravó en marzo de este año, cuando los fondos demandantes —liderados por Palladian Partners— iniciaron una nueva acción para ampliar el alcance de la sentencia. Argumentan que la utilización de la metodología cuestionada impactó también sobre pagos correspondientes a 2017, 2021 y 2022 y que Argentina todavía no pagó los US$1.800 millones, que ya está obligada a entregar.

Las consecuencias para Argentina hoy

En paralelo, la Justicia londinense comenzó a endurecer las medidas de ejecución contra el país. En abril ordenó congelar temporalmente cuentas vinculadas al Estado argentino en el banco Lloyds mientras se desarrollaban nuevas audiencias judiciales. Además, exigió información sobre activos, concesiones energéticas y cuentas internacionales potencialmente embargables.

Argentina también enfrenta una demanda similar en Estados Unidos, pero aún sin avances.

El caso agrega presión sobre un Gobierno que busca reducir el riesgo país y recuperar acceso al financiamiento internacional. Aunque la administración Milei no es responsable del origen del litigio, sí deberá afrontar sus consecuencias fiscales y financieras. Una eventual ampliación de la condena implicaría un golpe significativo para las reservas y para la estrategia oficial de acumulación de divisas.

En el mercado financiero existe preocupación por el impacto reputacional del caso. Argentina arrastra una larga historia de conflictos judiciales vinculados a defaults y reestructuraciones de deuda, y el Cupón PBI vuelve a exponer las secuelas de decisiones económicas y estadísticas tomadas más de una década atrás.