ECONOMÍA

CRISTINA FERNÁNDEZ Y FERNANDA RAVERTA

Ultiman detalles del proyecto de Ley de Defensa del Fondo de Garantías

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, repasaron la normativa antes que el Senado debata el futuro de los FGS en la tarde del viernes (16/10).

La directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta, se reunió el jueves (15/10) con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, para analizar el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El dialogo se desarrolló el despacho del Senado, donde las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda debatirán el proyecto de Ley de Defensa de los Activos del FGS. El proyecto cuenta con media sanción de la Cámara baja fue aprobado con amplio consenso: 245 votos a favor, 3 en contra y una abstención.

Al respecto, la directora del Anses señaló que se trata de un proyecto "muy importante" ya que da soluciones diferentes problemas, como son el financiamiento del programa de reparación histórica, los préstamos con las provincias, las inversiones productivas del FGS, la regularización de créditos Argenta y los derechos políticos de las acciones de las sociedades en carteras del FGS".

"Esperemos contar pronto con esta nueva ley que defiende el Fondo de Garantía de Sustentabilidad", señaló Raverta en un comunicado.

La reunión antecede a la exposición que la titular de la Anses brindará durante la tarde del viernes (16/10) en plenario de comisión de la Cámara alta, donde se analizará el proyecto de ley de Defensa de los Activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del Sistema Integrado Previsional. 

Uno de los principales ejes del proyecto establece que 21 de las 24 jurisdicciones podrán renegociar los préstamos otorgados con el respaldo del FGS con un bono a mediano y largo plazo y mientras se desarrolle la negociación no se le descontarán fondos de la coparticipación.

Otro punto clave es que se cambia el sistema de financiamiento de la Ley de Reparación Histórica para evitar que, para pagar el retroactivo, se utilicen los activos del FGS, y se fija que deberá ser cubierto con recursos del tesoro nacional. 

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