Jubilados: Encienden las alarmas por el inevitable cambio de índice de actualizaciòn

.@IsmaelBermudez1 : " El 11,56 y el 14% de aumento era para todos los jubilados, ya estaba. El jubilado tiene derecho adquirido a cobrar y no se puede legislar para atras"

— Claro y Sencillo (@ClaroSencillo) December 18, 2019

El proyecto suspende esos aumentos que serán reemplazados por incrementos por decreto que no serán uniformes sino que atenderán "prioritariamente a los sectores de más bajos ingresos", según el texto oficial.

En ningún artículo el proyecto señala que los aumentos por decreto no pueden ser inferiores al 27/28% devengados durante el segundo semestre por la fórmula de movilidad que quedaría suspendida. Tampoco dice que esos aumentos por decreto no pueden ser inferiores a la inflación para que las jubilaciones y pensiones no pierdan poder adquisitivo. 

Esas garantías deberían incorporarse al proyecto de ley para evitar que se den aumentos generales o por rango de haberes inferiores a la criticada fórmula de movilidad o a la suba de los precios. De esta manera, de no modificarse el texto, queda abierta la puerta para que se otorguen aumentos diferenciados y más bajos, lo que achataría la pirámide previsional y abriría además las puertas a reclamos judiciales. 

Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, afirmó que "debe contemplarse claramente que durante los 180 días de suspensión de la movilidad, todos los jubilados y pensiones deben recibir porcentajes de reajustes superiores a los que les garantizaba la ley suspendida. De no respetarse esta medida, nos encontraríamos en un escenario muy similar al que se generó en 2017 con el "factor empalme"". Además, agregó Semino en diálogo con el diario 'Clarín', que "debe respetarse los criterios de proporcionalidad y equidad para evitar la litigiosidad del sistema".

Es que la decisión de actuar con discrecionalidad y segmentar al universo de los pasivos para definir las próximas subas, provocaría el regreso de las demandas judiciales por parte de quienes sean dejados al margen u obtengan, eventualmente, menores compensaciones que otros. 

Hace más de una década, la Corte Suprema determinó que esa política de diferenciación según el nivel de ingresos (que fue adoptada en los primeros años de la gestión de Néstor Kirchner, con la meta de llegar al equilibrio fiscal) es inconstitucional. 

Según publicó el diario 'La Nación', en algunos despachos oficiales admiten que habría litigios, pero dicen confiar en que la Justicia no sería adversa a la estrategia, porque se dictaría bajo el paraguas de una "emergencia previsional" declarada por el Congreso.

El jefe del interbloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri,  criticó fuertemente ayer el "megaproyecto" de ley sobre emergencia pública, al advertir que "busca desguazar al Congreso a través de una enorme delegación de facultades", a la vez que señaló que "los grandes perjudicados de la norma enviada por Alberto Fernández son los jubilados, pese a que dijeron que eran los principales beneficiarios" ya que " suspender la fórmula que establece la manera de calcular la movilidad previsional por seis meses no garantiza que los jubilados vayan a mejorar su situación con respecto a la ley de movilidad que se sancionó en 2017 en este Congreso".

Finalmente, se quejó: "En las conversaciones informales con los jefes de la bancada oficialista nos habían asegurado que el proyecto no contenía superpoderes ni delegación de facultades y ha ocurrido exactamente al revés. La gente votó equilibrio de poder y el Gobierno, lamentablemente, está buscando una concentración de poder".

Ante las quejas, y la estrategia de Cambiemos de no facilitar el comienzo del debate, se habla de que como todavía no se formalizaron sus reemplazos, Victoria Donda, Luis Basterra, Daniel Arroyo, Juan Cabandié y Luana Volnovich, entre otros, volverían al Congreso para garantizar la aprobación de la ley enviada por Alberto. 

"El Frente de Todos analiza habilitar a los diputados que tenían mandato vigente y asumieron como funcionarios en distintas áreas a participar del debate de la Ley de Emergencia Económica que se realizará el próximo jueves", dice la versión.

La jugada fue reconocida por la legisladora nacional Cecilia Moreau, quien aseguró que recibieron la instrucción del presidente Alberto Fernández de garantizar la discusión. "Posiblemente vengan y se queden como diputados hasta que las leyes que nos pide el Presidente se sancionen", explicó en diálogo con 'Futurock'.

La maniobra es posible gracias a un vacío que se abrió en la Cámara. Como todavía no se aceptaron las renuncias de los diputados salientes y no se le tomó juramento a sus sucesores, los dipu-funcionarios están en condiciones de retornar a su banca. 

En Casa Rosada analizaban la salida más elegante de los dirigentes de sus actuales puestos, que podría ser un pedido de licencia por 24 horas, para evitar que renuncien a los cargos que acaban de asumir.

Los funcionarios serían, entre otros, Victoria Donda (titular del Inadi), Juan Cabandié (ministro de Ambiente), Agustín Rossi (Defensa), Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Luis Basterra (Agricultura), Felipe Solá (Canciller), Luana Volnovich (PAMI), Eduardo 'Wado' De Pedro (Interior), Roberto Salvarezza (Ciencia y Tecnología), Fernando Espinoza (intendente de La Matanza), Daniel Scioli (embajador en Brasil) y Horacio Pietragalla (secretario de Derechos Humanos), entre otros.

"Un ministro se puede reemplazar, pero lo que no podemos hacer es dejar al país sin medidas que son necesarias. Necesitamos medicamentos para los hospitales y eso requiere la emergencia sanitaria. Tenemos un montón de medidas que tomar de las cuales dependen la vida de los argentinos", aseguró Moreau.

La discusión de la ley se iniciará formalmente hoy en las Comisiones de Presupuesto y Legislación General. El proyecto incluye la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria, aumento en bienes personales, impuesto de 30% para las transacciones con dólares y la declaración de la emergencia sanitaria, entre otros puntos.

Está previsto que los ministros Martín Guzmán, Matías Kulfas, Ginés González García, Daniel Arroyo, Claudio Moroni y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, se presenten ante el plenario de las comisiones: el mayor foco de atención está puesto sobre Guzmán, que el martes al mediodía presentó el proyecto en conferencia de prensa.