Hasta el momento no existe una imputación firme ni una condena contra el titular de ARCA, Andrés Gerardo Vázquez.
La investigación judicial que involucra al titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Gerardo Vázquez, acaba de sumar un nuevo capítulo con alcance internacional. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi activó pedidos de cooperación a Estados Unidos para reconstruir el patrimonio del funcionario y determinar si existen bienes que no fueron declarados en la Argentina.
La causa apunta a esclarecer el origen de millonarias inversiones inmobiliarias en Miami y el presunto uso de sociedades constituidas en el extranjero para administrar esos activos. Aunque Vázquez niega haber cometido irregularidades, la Justicia considera que existen elementos suficientes para profundizar la investigación.
El expediente tomó impulso luego de un dictamen del fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), quien sostuvo que existen indicios que justifican avanzar sobre una posible omisión de bienes en las declaraciones juradas patrimoniales del funcionario.
A partir de esa presentación, el juez Martínez de Giorgi ordenó una batería de medidas de prueba destinadas a reconstruir la ruta del dinero y verificar la titularidad real de distintos inmuebles ubicados en el estado de Florida.
Entre las diligencias solicitadas figuran exhortos internacionales para acceder a documentación societaria, información bancaria y registros vinculados con propiedades valuadas en varios millones de dólares.
Según surge de la investigación, el foco principal está puesto sobre tres departamentos de alta gama ubicados en Miami que habrían sido adquiridos entre 2013 y 2015.
La hipótesis judicial sostiene que esas operaciones se habrían realizado mediante sociedades registradas en Panamá, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., cuya estructura societaria conduciría a Galanthus Capital Limited, una firma radicada en las Islas Vírgenes Británicas.
Los investigadores también analizan el rol que habrían tenido integrantes del entorno familiar de Vázquez dentro de esa estructura societaria, así como la administración de los inmuebles y el pago de impuestos vinculados con esas propiedades.
El objetivo de la cooperación internacional es establecer quiénes fueron los beneficiarios finales de las sociedades y cuál fue el origen de los fondos utilizados para las inversiones.
Otro de los aspectos que analiza la causa es la evolución patrimonial del titular de ARCA. De acuerdo con la documentación incorporada al expediente, los investigadores detectaron diferencias entre la liquidez declarada por el funcionario y el volumen de las inversiones inmobiliarias realizadas durante esos años.
Además, la Justicia puso bajo análisis distintas operaciones vinculadas con Consultora San Andrés S.A., una empresa relacionada con Vázquez y su hermana. El expediente busca determinar si la sociedad tuvo actividad económica genuina o si fue utilizada como vehículo para determinadas operaciones financieras.
En paralelo, también se investiga la compra de un triplex de más de 300 metros cuadrados en el complejo Los Molinos, dentro de Puerto Madero. Según la PIA, el inmueble habría sido escriturado por un valor significativamente inferior al de mercado para propiedades similares en esa zona al momento de la operación.
El avance del expediente dependerá en buena medida de la respuesta de las autoridades estadounidenses a los pedidos de cooperación judicial.
El magistrado solicitó información a entidades financieras como Bank of America, Wells Fargo y PNC Bank, además de requerir registros migratorios y documentación relacionada con las sociedades investigadas.
Al mismo tiempo, se libraron oficios al Banco Central, al Colegio de Escribanos y a la propia ARCA para completar la reconstrucción patrimonial del funcionario.
Hasta el momento no existe una imputación firme ni una condena contra Andrés Gerardo Vázquez. La investigación continúa en etapa de producción de pruebas y será la Justicia la que determine si los elementos reunidos alcanzan para avanzar hacia una eventual indagatoria o adoptar otras medidas procesales.
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