Exclusivo Edición i: A 17 años del levantamiento carapintada ¿es posible repetir la historia?

Los tres cadetes que conozco que egresarán ahora del Colegio Militar de la Nación se encuentran excitados porque hace tiempo que no lograban expresar su descontento. Sin embargo, desde hace tres o cuatro semanas, algo ha cambiado y varios de los oficiales a cargo les ayudan a manifestar la ira, y hasta les explican las bondades de no reprimir el enojo, como si fuesen psicoanalistas experimentados. Cada año, al aproximarse la Semana Santa, en los ambientes militares –me cuenta uno de los cadetes- siempre se deslizan relatos de cuando Aldo Rico, Enrique Venturino y Ernesto Barreiro tuvieron en vilo a la Argentina, en 1987. Y en 2004 no ocurrirá alguna excepción. En verdad, nunca antes tantos militares se preguntaron, a la vez, si podrían repetirse o no aquellos acontecimientos que condicionaron tanto al gobierno de Raúl Alfonsín, provocaron parcialmente su derrota en las urnas en septiembre de ese año, originaron un partido político que llegó a tener la 3ra. minoría legislativa (el Movimiento Dignidad Nacional o Modin), y dieron contexto a un concepto polémico en la sociedad argentina: el carapintada. La reconstrucción histórica demuestra que la rebeldía uniformada no comenzó en Semana Santa de 1987 sino que hubo un largo proceso previo que estimuló la falta de visión del poder político y la irresponsabilidad del Poder Judicial de la Nación. Cuando reviso mis apuntes, no logro comprender cómo fue que la Unión Cívica Radical, impulsada hacia la victoria por Llamil Reston, ministro del Interior en el gobierno de Reynaldo Benito Antonio Bignone, terminó enfrentándose con las Fuerzas Armadas. Los dos colaboradores de Alfonsín que articularon una alianza con partidos políticos provinciales –Raúl Borrás y Ricardo Yofre- mantenían sólidos contactos con militares en actividad. Por marketing político, Alfonsín ordenó por decreto el juzgamiento de los máximos responsables de la represión ilegal del terrorismo. Su estrategia era llevar a la cárcel a no más de 12 ó 15 jefes, luego trazar una línea, y seguir adelante. En el caso de Borrás, designado ministro de Defensa por Alfonsín, había prometido a los jefes militares cerrar el episodio judicial un año después de comenzado el Gobierno; o sea que para 1985 no quedarían demandas abiertas. Jorge Arguindeguy, quien fue uno de los jefes en los inicios de Alfonsín, reconoció la veracidad de ese acuerdo no escrito. Para ratificar aquel compromiso, Borrás declaró, a principios de febrero de 1983 en una unidad militar: "No serán llamados a declarar quienes sólo cumplieron órdenes", instalando el principio de la obediencia debida. Pero Borrás murió imprevistamente. De todos modos, el acuerdo podría haberse cumplido con su sucesor, Roque Carranza, quien compartía la visión de Borrás, pero también murió imprevistamente. La UCR se autoimpuso el criterio de que había que desmantelar las Fuerzas Armadas y llevar a todos los militares a la cárcel, no sólo a los responsables máximos. No evaluó que, del otro lado, los militares comenzaron a deliberar y aplicaron el espíritu de cuerpo: si eran todos, sería ninguno. La prudencia indicaba que, luego del fracaso bélico en la Guerra de Malvinas, la prioridad era reconstruir las Fuerzas Armadas, exigirles profesionalismo y ayudarlas a recuperar su autoestima. Las relaciones verticales se encontraban resquebrejadas por el cuestionamiento del personal en actividad a los retirados, y las horizontales también al punto que durante casi todo el período electoral no existió la Junta Militar, disuelta tras Malvinas. En la institución castrense se habían vulnerado las jerarquías, la disciplina y el concepto de valor. Luego, Alfonsín colaboró en la pérdida del principio de cadena de mando; y no comprendió el peligro de que, en forma creciente, la oficialidad media se reagrupara en torno a la reivindicación institucional de la guerra contra el terrorismo. El poder político fue invadido por la falta de prudencia, inteligencia y compromiso. En cuanto a la Justicia federal, es tan oportunista que siempre sobreactúa... En 1986, el descontento ya era, peligrosamente, manifiesto. A fin de año, la Cámara Federal falló que se debía establecer la responsabilidad no sólo de los oficiales superiores, jefes de zona y subzona, "sino de todos aquellos que tuvieron responsabilidad operativa." El 9 de diciembre, el Ejecutivo envió al Senado el proyecto de Ley de Punto Final, promovido por Raúl Alfonsín, con la oposición de algunos legisladores de su propio partido pero con el apoyo unánime del PJ. El Punto Final fue sancionado el 22 de diciembre como Ley 23.492, y preveía la extinción de acciones penales en un plazo de 60 días. El Poder Judicial, que nunca se hizo cargo de los acontecimientos posteriores, reaccionó indignado. La Cámara Federal de Córdoba anuló la feria judicial y pidió al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas que le remitiera las causas en su poder. A principios de enero de 1987, la Cámara Federal de Bahía Blanca tomó a su cargo 111 causas y la de Tucumán anunció que iba a considerar 1.000 causas. El 22 de febrero, dia del vencimiento del plazo otorgado por la legislación, el secretario de Defensa, Alfredo Mosso, optimista, estimó que el personal militar que había quedado procesado rondaba los 140 oficiales, de los cuales 30 se encontrarían en servicio activo. Sin embargo, a principios de marzo, El Informador Público, semanario dirigido por el periodista español Jesús Iglesias Rouco, y que fue el vocero de los oficiales descontentos, afirmó que eran 250 los militares en actividad procesados. Y planteó la posibilidad de una crisis militar. En enero, el Consejo Supremo había remitido a la Cámara Federal las 140 causas que comprendía el llamado caso ESMA (Escuela de Suboficiales Mecánica de la Armada). Luego, se supo que el tribunal castrense había absuelto a la totalidad de los procesados y declarado inobjetable lo actuado durante la GCS (Guerra Conta la Subversión). Según un acuerdo con la Cámara Federal, los almirantes involucrados en la causa serían procesados por el Consejo Supremo dentro del último plazo acordado por la Cámara. Sin embargo, a último momento, el 23 de diciembre, el Consejo Supremo decidió desprocesarlos. Habiendo sido sancionada la Ley de Punto Final, el Ministerio de Defensa intervino para que los oficiales volvieran a la situación de procesados, en el ámbito de la Justicia Militar. Pero el 15 de enero, el Consejo Supremo decidió absolver a los 15 almirantes, sin haberles tomado declaración indagatoria sino una declaración "informativa." Ese mismo día, por la tarde, un grupo de oficiales jóvenes de la Armada, entre ellos el teniente Alfredo Astiz, se negó a prestar declaración ante el tribunal. Según la versión periodística del evento, "la posición de los oficiales era tajante e irreductible", pues si aceptaban el interrogatorio por el Consejo "implicaba aceptar la posibilidad de un procesamiento al cual no estaban dispuestos", ante lo cual el Estado Mayor Conjunto les garantizó que sólo se les tomaría "una declaración a título informativo" que "no daría lugar a un procesamiento." El Informador Público hizo referencia a "una singular cadena de solidaridad" entre los jóvenes oficiales, y a que ellos "guardan también una buena cuota de rencor hacia sus mandos actuales", a la vez que reivindicaban la rebeldía del teniente coronel Juan Esteban Plá ante la Cámara Federal de Mendoza. Dos oficiales de la Armada, citados por la Cámara Federal de La Plata para ser sometidos a un rueda de reconocimiento, se presentan al tribunal vestidos de uniforme, frustrando el trámite judicial. El secretario de Defensa, Mosso, negó que los oficiales supieran que debían presentarse de civil. Y rechazó las versiones que sostenían que ya existían casos de rebeldía por parte de oficiales citados a prestar declaración. Las cámaras federales de Bahía Blanca y La Plata, que habían solicitado al Ministerio de Defensa información sobre el personal militar que actuó durante el terrorismo estatal contra el terrorismo convencional, calificaron de "manifiestamente reticente" la actitud de Defensa y emplazaron a sus funcionarios, bajo apercibimiento, para que remitiesen la información solicitada. Al vencer el plazo establecido por la Ley de Punto Final, el personal en actividad involucrado superó a la estimación gubernamental. Y quedó en evidencia que el Ejecutivo Nacional no lograba impedir la colisión del Poder Judicial vs. la institución castrense. En el Ejército, más que en las otras fuerzas, la trama de lealtades horizontales tejidas durante el desarrollo de los juicios a militares y en el marco de otras vicisitudes –la acción de algunos medios de difusión, la situación presupuestaria y las remuneraciones del personal militar-, provocó una identidad propia de lo que el poder político no tomó nota. A fines de febrero se produjo el procesamiento y detención de un grupo de oficiales de la Armada. El día 25 debían presentarse a prestar declaración seis almirantes involucrados en la causa ESMA. Los almirantes no se presentaron y fueron declarados en rebeldía, quedando detenidos en la alcaldía del Palacio de Tribunales. Al día siguiente, el 26 de febrero, estos oficiales y otros nueve marinos –varios de ellos en servicio activo- prestaron declaración y la Cámara decidió que 12 de ellos cumpliesen prisión preventiva rigurosa en el buque ARA-Bahía Paraíso, de la Dirección del Antártico. De los 12 oficiales, 10 pertenecían a la Armada y dos a la Prefectura Naval. Entre los primeros, había cinco oficiales en actividad. El 5 de marzo estalló una bomba que contenía panfletos frente al edificio Libertador. Los panfletos, firmados por Oficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, contenían consignas tales como "Espíritu de cuerpo activo. No a la entrega. Luchamos por nuestros camaradas." El secretario de Defensa, Mosso, restó importancia al evento. El jefe del Estado Mayor General del Ejército, general Héctor Ríos Ereñú, sostuvo que no había contradicción entre la reivindicación de la guerra contra el terrorismo y aceptar el juzgamiento de algunos integrantes de las FFAA. El día 9 de marzo la Cámara Federal de Córdoba dispuso la prisión preventiva del teniente coronel Osvaldo Quiroga, quien se desempeñaba como ayudante de campo de Ríos Ereñú. Luego se produjo la citación a los capitanes Gustavo Adolfo Alsina y Enrique Mones Ruiz. El 10 de marzo, mientras uno de ellos se trasladaba hacia la Ciudad de Buenos Aires, desde su destino en la 3ra. Brigada de Infantería, acompañado por el jefe del II Cuerpo de Ejército, general Ernesto Arturo Alais, un grupo de 19 capitanes ofició una misa para acompañarlos espiritualmente. La misa, realizada a pedido de la Promoción 103 del Colegio Militar, a la cual pertenecían los capitanes Alsina y Mones Ruiz, logró la asistencia de 800 personas, entre ellas 400 oficiales de uniforme, con grados entre mayor y teniente, y unos 200 oficiales, retirados y en actividad, con ropas civiles. También, un grupo de oficiales en actividad difundió un pronunciamiento con afirmaciones tales como: "Estamos dispuestos a defender hasta con la entrega de nuestras propias vidas a nuestros camaradas que se pretenden sacrificar a una justicia malentendida (...) no deseamos un golpe de Estado o ruptura institucional; muy por el contrario, queremos que el poder político sea refortalecido antes que debilitado por nuestro accionar; (...) la defensa de los oficiales juzgados se hará dentro del marco interno de la fuerza; (...) la actual cúpula militar formaba parte de las Fuerzas Armadas durante la guerra contra la subversión, ocupando puestos de significativa trascendencia; (...) estos juicios afectan la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas (...)." Aquel 10 de marzo, la Cámara Federal de Córdoba aceptó una cuestión de competencia planteada por el defensor del capitán Alsina y envió la causa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Alsina y Mones Ruiz quedaron en libertad. El 16 de marzo, panfletos firmados supuestamente por oficiales de la Armada, enjuiciaron severamente al jefe de los marinos, el almirante Ramón Antonio Arosa. Los volantes fueron distribuídos por las calles céntricas de Bahía Blanca y Punta Alta, cercanas a la base naval Puerto Belgrano. Horas después, el capitán Fernando Pedernera recibió una "inusual muestra de apoyo" de parte de sus compañeros de promoción, antes de abordar un avión para dirigirse a Comodoro Rivadavia, Chubut, donde debía prestar declaración: varios capitanes en actividad, vistiendo uniforme, formularon declaraciones a la prensa favorables a Pedernera. Entonces se supo que la Cámara Federal de Córdoba había citado, para mediados de abril, al mayor Ernesto Barreriro, uno de los oficiales que más había reclamado contra las actuaciones judiciales. Lo que vendría no podía sorprender al Ejecutivo Nacional, a menos que hubiese perdido el rumbo. La crisis de Semana Santa de 1987 condensó las tensiones acumuladas a lo largo de los tres años y tres meses de gestión de Alfonsín, además de actualizar problemas internos de las FFAA gestados con anterioridad a 1983. Además, aumentó la fractura horizontal castrense por el cuestionamiento a la conducción político-institucional de la institución durante la transición política. También, un grupo de oficiales en actividad difundió un pronunciamiento con afirmaciones tales como: "Estamos dispuestos a defender hasta con la entrega de nuestras propias vidas a nuestros camaradas que se pretenden sacrificar a una justicia malentendida (...) no deseamos un golpe de Estado o ruptura institucional; por el contrario, queremos que el poder político sea refortalecido antes que debilitado por nuestro accionar; (...) la defensa de los oficiales juzgados se hará dentro del marco interno de la fuerza; (...) la cúpula militar formaba parte de las Fuerzas Armadas durante la guerra contra la subversión, ocupando puestos de significativa trascendencia; (...) estos juicios afectan la dignidad y el honor de las Fuerzas Armadas (...)." Antes, ocurriría un acontecimiento interesante: hacia marzo arribó al país el coronel Mohamed Alí Seineldín, por entonces agregado militar y entrenador de comandos en Panamá. Era fluida la relación entre Seineldín y el entonces hombre fuerte panameño, Manuel Noriega. Seineldín era considerado un héroe de la guerra de las Malvinas, tenía un gran ascendente sobre los egresados de la Escuela de Comandos y muchos funcionarios de Alfonsín temían que fuera él quien encabezara una rebelión. Pero Seineldín hizo declaraciones de respeto a las instituciones y partió nuevamente a su destino en Centroamérica. Años más tarde se supo que se le ofreció comandar la rebelión pero que no lo hizo por desavenencias profundas y permanentes con Aldo Rico. El poder político creyó que los dichos de Seineldin desactivaban cualquier tensión. Un error importante porque la cuenta regresiva había comenzado. La visita del papa Juan Pablo II, con actos multitudinarios, terminó el 12 de abril, domingo de Ramos, con una misa en la avenida 9 de Julio y repetidos mensajes de "reconciliación". Pero cuatro días más tarde, martes santo por la noche, en el Regimiento 14 de Infantería Aerotransportada de Córdoba, el mayor Barreiro le comunicó a su jefe de unidad, el teniente coronel Luis Polo, que no se presentaría al día siguiente ante la Justicia. Cuando el miércoles 15, a las 16:30, Barreiro no se presentó ante la Cámara Federal de Córdoba a declarar, el comandante del III cuerpo del Ejército, el general Antonio Fichera, le ordenó a Polo que obligara a Barreiro, pero Polo le respondió que no estaba en condiciones de hacerlo. La crisis militar había estallado, aunque todavía los voceros del Ejército insistían en que no había "ningún tipo de situación irregular". En la mañana del jueves 16, fracasaron los intentos negociadores del gobernador Eduardo Angeloz, quien en vano intentó ingresar al regimiento. Más tarde comenzaron las declaraciones públicas de los rebeldes, Barreiro dijo: "Estoy dispuesto a resistir, cuento con el apoyo de mis compañeros". Por entonces el teniente coronel Aldo Rico ya se desplazaba desde la unidad en San Javier, Misiones, donde se encontraba destinado, hacia la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, que ocupó. Las imágenes de televisión difundieron los rostros embetunados –una tradición de combate de los comandos que allí se forman- y nació el apodo "carapintada". Rico dejó en claro que su objetivo era más abarcador que el caso puntual de Barreiro. En la mañana del viernes 17, Rico reclamó "una solución política a los juicios contra militares". Ese ese día se conoció su proclama: "A todos los argentinos de buena fe, no se dejen engañar, esto no es un golpe de estado, es un problema interno de las Fuerzas Armadas". Fue clave, aunque la prensa nunca se lo reconoció, el rol del teniente coronel Enrique Venturino, a cargo de la inteligencia y acción psicológica de los rebeldes. Venturino había sido un nexo con la Secretaría de Inteligencia de Estado, a quien anticipó el conflicto que sobrevendría pero no encontró eco. Venturino logró instalar el rumor de que se había multiplicado el apoyo en todas las guarniciones del país cuando esto era sólo parcialmente cierto. Los reportes de inteligencia informaban que en muchos cuarteles del interior la "situación era tensa". El gobierno de Alfonsín lo desmintió pero, a la vez, tembló hasta sus cimientos. Alfonsín prometió: "Yo no voy a negociar, el país institucional no va a negociar con quienes han violado la Constitución". Hubo un gran acto en la plaza de los Dos Congresos, al que mucha gente asistió para "apoyar la democracia". Los titulares de los diarios afirmaron que se preparaba la represión. La rebelión en Córdoba era frágil, y ni bien huyó el mayor Barreiro, el Regimiento 14 y el coronel Polo se rindieron, luego de una gestión personal del cardenal Raúl Francisco Primatesta. Ocurrió en la tarde del Viernes Santo. Pero el mensaje del III Cuerpo de Ejército fue confuso: "No hubo rebelión en esta unidad, aunque algunas de las cosas ocurridas puedan haber dado esa impresión." La orden de Alfonsín fue reprimir a los rebeldes de Campo de Mayo, tarea encomendada a las fuerzas del II Cuerpo de Ejército, a las órdenes del general Ernesto Arturo Alais, blindados y camiones que nunca llegaron a Campo de Mayo. El Ejecutivo debatió con cierta intensidad si la utilización de la fuerza endurecería aún más las posición de los sectores medios del Ejército, que dudaban en plegarse a los carapintadas. Arreciaban las versiones de afirmaban que las tropas desplegadas frente a la Escuela de Infantería desobedecerían la orden de atacar. El sábado, el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, se entrevistó con Rico para iniciar las negociaciones que un día antes Alfonsín había dicho que no iniciaría. Entonces, Alfonsín explicó que se estaba procurando evitar un baño de sangre. Las nuevas marchas en repudio de los carapintadas contrastaban con las presiones de algunos políticos que consideraron que el conflicto ya había durado demasiado. Recién entonces el Ejecutivo Nacional comprendió que el tiempo jugaba en su contra, que el lunes el país no podía reanudar su actividad habitual con la Escuela de Infantería ocupada. El domingo, colmada Plaza de Mayo por manifestantes que apoyaban al Gobierno, el Presidente decidió dar un golpe de efecto: a las 14:30 salió al balcón de la Casa Rosada y anunció: "He resuelto y he tomado una decisión: dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos." Alfonsín provocó una euforia popular y la multitud cantó el Himno Nacional en forma espontánea. La reunión en Campo de Mayo entre Aldo Rico y Raúl Alfonsín duró 15 minutos, luego de los cuales el Presidente volvió a plaza de mayo para decirle al pueblo "Compatriotas, los hombres amotinados han depuesto su actitud". Él mencionó que había "héroes de Malvinas" entre los rebeldes y pidió desconcentrarse tras desear a la multitud Felices Pascuas. Alfonsín se había suicidado políticamente porque no era lo que esperaban escuchar los presentes. La noticia del pase a retiro del general Héctor Ríos Ereñú confirmó que había sido derrotada la conducción institucional del Ejército. La remoción de la cúpula había sido uno de los reclamos de los carapintadas. Además Rico, ya rendido, le informó a la prensa, después de la reunión con Alfonsín, "el acuerdo firmado constituye el puntapié inicial para una reconciliación de las fuerzas del orden con el pueblo". Alfonsín había hablado de rendición y Rico sostenía la existencia de un acuerdo. Durante las semanas siguientes el Ejecutivo Nacional negaría el acuerdo que los carapintadas invocaban. Pero una Ley de Obediencia Debida, que votó el Congreso de la Nación, fue un dato insoslayable. En los tres años siguientes se produjeron nuevos levantamientos, desplazamientos y disputas. Carlos Menem intentó reordenar la situación luego de poner preso a Seineldin. Menem fracasó en ese objetivo pero logró mantener controlado el aspecto judicial. Néstor Kirchner, con su discurso transversal, que se alimenta del setentismo, reflotó lo judicial, y el problema latente ha regresado, aunque por ahora ocurre en una escala inferior a la de 1987. Por esto aún hay tiempo de prevenir crisis futuras, y el recuerdo de los acontecimientos que intenta Edición i, apunta a llamar la atención a quienes deben intervenir.