Escándalo Velox: También Végh Villegas aparece involucrado

En sus descargos, el ex ministro Jorge Peirano Facio atribuyó a la crisis regional la operativa del grupo económico que determinó su procesamiento y envío a prisión. El magistrado procesó con prisión a Jorge Peirano Facio por el delito de insolvencia societaria fraudulenta, relativo a las maniobras registradas por el Grupo Velox o Peirano en el Banco de Montevideo y el Trade & Commerce Bank (TCB). En el escrito el magistrado dispone que el Instituto Técnico Forense realice una pericia médica a Peirano Facio y que informe de sus resultados en forma urgente a la sede judicial. Añade entre otros el testimonio del gerente de Latinur (empresa ubicada en la zona franca donde funcionaba el TCB), José Iraola, quien dice haber participado de reuniones del Grupo Velox en las que estaban Juan Peirano Basso, Jorge Peirano Facio, Alejandro Végh Villegas y Eduardo Orteu como presidente de la cadena de Supermercados Disco en la Argentina . En su escrito, Eguren expresa que "atento a la gravedad de los hechos indagados y en concordancia con la solicitud del representante del Ministerio Público, se dispondrá el procesamiento con prisión del indagado, señor Jorge Peirano Facio, al que se le imputará el delito de insolvencia societaria fraudulenta, previsto en el artículo 5 de la Ley 14.095". Sobre la pericia médica señala concretamente: "Realícese pericia médica al señor Jorge Peirano Facio, por Junta Médica del Instituto Técnico Forense, integrada por los doctores Guido Berro, doctora Beatriz Balbela y doctor Willy López, los que deberán informar en forma urgente a la Sede el resultado de dicha pericia". En el auto de procesamiento, Eguren incorpora nueva prueba y reitera parcialmente los hechos que ameritaron la resolución de 8 de agosto de este año por la que procesó a Dante, José y Jorge Peirano Basso y que conllevaron a este nuevo procesamiento, todos ellos relativos a las maniobras realizadas en el Banco de Montevideo y el TCB. Entre los testimonios que se agregan están los del interventor de TCB de islas Caimán, Richard Thomas, quien declaró que "han reconstruido la información financiera de las cuentas y corrobora que de la investigación realizada se comprobó un faltante de aproximadamente US$ 700 millones; que el señor Jorge Peirano Facio recibió a fines de 2001 un crédito de U$S 4.000.000". También está la declaración del ex canciller Héctor Gros Espiell, damnificado del Grupo Velox que concurrió a la casa de Peirano Facio para reclamarle sus ahorros y declara: "... la relación de Jorge Peirano Facio y Juan Peirano Basso, a mi juicio, era una relación de superioridad del padre, bien marcada, pero al mismo tiempo, fundada en la recíproca relación de consideración intelectual... con Jorge Peirano Baso la relación era más claramente de marcada superioridad". En el fallo se menciona la declaración de José Iraola, para relatar su vinculación al TCB. En la misma reconoció haber participado de reuniones en Buenos Aires con Jorge Peirano Facio, Alejandro Végh Villegas y los hermanos Peirano Basso y que "la disposición física de las reuniones era una mesa en forma de U, en la cabecera se ubicaban, el doctor Juan Peirano Basso, el doctor Jorge Peirano Facio; el ingeniero Végh Villegas y el doctor Eduardo Orteu, que era presidente de Disco". Otro pasaje de la resolución indica que "cuando se indaga al señor Jorge Peirano Facio declara que no hubo ocultamiento ni desaparición de bienes de la empresa, que todo fue producto de la crisis regional que comienza en la Argentina". "También manifiesta que se alejó voluntariamente del área de decisión del Grupo Velox en el año 1995. Reconoce que iba a las reuniones del Grupo Velox a Buenos Aires con cierta frecuencia, que participó en las reuniones con el Banco Central del Paraguay". A continuación, un artículo sobre este tema que publicó el semanario uruguayo Brecha, de centroizquierda: Por Samuel Blixen Ninguna de las consecuencias económicas y sociales que hoy se viven como resultado de los diez meses de crisis bancaria son una sorpresa para el puñado de políticos y técnicos que fríamente optaron por un tipo especial de acción. Todas las decisiones y las evaluaciones fueron mantenidas en absoluto secreto por el presidente Jorge Batlle, el ministro de Economía y Finanzas Alberto Bensión, y el presidente y la vicepresidenta del Banco Central, el quincista César Rodríguez Batlle y la forista Eva Holz. Algunas de las decisiones adoptadas por el directorio del BCU contaron con la oposición pertinaz de la herrerista Rosario Medero. Es posible que el presidente del Partido Nacional, Luis Alberto Lacalle, estuviera al tanto de los acontecimientos, porque la contadora Medero admitió que le informaba regularmente, a pesar de que Rodríguez Batlle y en particular Eva Holz reclamaron el absoluto secreto y amenazaron con atribuir responsabilidades sobre la estabilidad del sistema financiero si se producía alguna filtración. Holz llegó a sugerir, en la sesión del directorio del 3 de abril, que Medero podría haber sido la fuente de la información que la senadora blanca Julia Pou manejó en una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado sobre los retiros de depósitos que sufría el Banco Comercial. El secreto, y las amenazas implícitas en caso de divulgación de lo que se estaba instrumentado, impidieron una evaluación de las implicancias de las medidas que se adoptaban y la posibilidad de revertir algunas de ellas, cuyas consecuencias para la salud económica del país hoy son obvias. Una comunicación elevada por el directorio del Banco Central al ministro de Economía, el 25 de febrero, anunciaba que las reservas del Banco Central "se están reduciendo en más de mil millones de dólares al cierre del mes de febrero, lo que representa aproximadamente un tercio de su valor al 31 de diciembre pasado". El documento confesaba que sólo en los últimos cinco días hábiles, entre el 16 y el 22 de febrero, "la pérdida de depósitos del sistema alcanzó los US$ 500 millones". Instalada ya la corrida bancaria, el Banco Central informaba que la reducción de las reservas "está explicada mayormente por los retiros de los recursos líquidos que los bancos tienen habitualmente en el BCU (depósitos libres, depósitos de encajes y certificados de depósitos) con el objeto de servir los retiros de los depositantes". Para los servicios técnicos ésa era una asistencia financiera implícita, que abarcaba a todos los bancos, un extremo que las autoridades negaron sistemáticamente. Desde fines de febrero la política de Bensión y su colaborador Rodríguez Batlle fue la de desinformar y ocultar las verdaderas medidas que se adoptaban. Así, mientras públicamente se argumentaba que era necesario brindar asistencia financiera al sistema bancario para recomponer la confianza, el BCU analizaba que la asistencia a los bancos y la pérdida consecuente de reservas "no ayuda al objetivo de recuperar la confianza de los depositantes en el sistema. Por lo tanto no sólo se requiere que el BCU apoye decididamente con liquidez al sistema ante las corridas (aun a costa de una reducción drástica de sus reservas internacionales) sino que en estas circunstancias excepcionales también se requiere que la autoridad monetaria disponga de mecanismos que permitan fortalecer su liquidez en moneda extrajera de forma rápida y contundente". Tanto la reducción de las reservas como las gestiones para obtener préstamos internacionales fueron ocultadas a la opinión pública durante por lo menos un mes. El sistema político no fue informado de que a fines de febrero la única salida, en el marco de la estrategia adoptada, "es negociar urgentemente con los organismos multilaterales la obtención de fondos líquidos por US$ 750 millones y una línea de crédito contingente por un monto similar, lo que permitirá apuntalar la confianza". La discusión -que a principios de agosto obligó al Parlamento a votar en un fin de semana una ley de fortalecimiento del sistema financiero, condición necesaria para recibir los primeros préstamos internacionales que cubrirían los déficit de los bancos- había sido prevista en febrero: "La magnitud de la crisis de confianza (...) requiere que durante un tiempo prudencial se otorgue una garantía a los depositantes (...), un seguro de depósitos". El BCU admitía que, "aunque la doctrina económica recomienda el financiamiento de fondos de estas características con cargo a las propias instituciones financieras, las circunstancias obligan a que el fondo obtenga los recursos mediante un préstamo", que en principio se estimaba en US$ 800 millones. La consecuencia de esta opción de no exigir garantía de depósitos a los propios bancos fue una pérdida de depósitos, durante ocho meses, del orden de los US$ 6.000 millones, de los cuales, según denunció tardíamente AEBU, US$ 4.500 millones fueron transferidos a sus casas matrices por cinco bancos extranjeros de nuestra plaza, que simultáneamente hacían uso de una asistencia indirecta por la vía de retirar sus encajes en el BCU. La negociación de nuevos préstamos con los organismos internacionales comenzó en la segunda quincena de febrero con las gestiones de Bensión y Ariel Davrieux ante el Banco Mundial por una línea de crédito de US$ 150 millones, ante el FMI por la entrega rápida de US$ 200 millones ya aprobados y la solicitud de otros US$ 100 millones, y el pedido al BID de que liberara unos US$ 200 milllones. "Dado que existe un claro escepticismo en los mercados", decía el Banco Central, era menester "trasmitir con claridad" que se estaba dispuesto a "profundizar las medidas de ajuste fiscal, tomar medidas efectivas para redimensionar el Estado, y avanzar en el desarrollo de reformas estructurales de fondo, tales como la desmonopolización inmediata de la importación de combustibles, la flexibilización del mercado laboral, la liberalización de la telefonía básica y otros". Simultáneamente, el presidente Batlle, el ministro Bensión, el presidente del BCU Rodríguez Batlle y el agente financiero en Washington DC, Carlos Sténeri, negociaban con los tres dueños del Banco Comercial, el Dresdner Bank, el JP Morgan y el Crédit Suisse, el convenio secreto para la capitalización, que se convertiría en la mayor mentira instrumentada desde el gobierno. El acuerdo culminó en un préstamo de US$ 100 millones que los tres bancos internacionales concedieron al Estado uruguayo en condiciones leoninas; y a cambio, el gobierno se comprometió a mantener en forma permanente la liquidez y la solvencia patrimonial del Comercial. Para el 25 de febrero, fecha en que se firmó el acuerdo, después de una semana de difíciles negociaciones de las que participaron en Nueva York dos abogados (Enrique Guerra, del Ministerio de Economía, y Daniel Artecona del BCU), el Estado ya había asistido al Banco Comercial en US$ 186 millones, desde el 7 de febrero en que por primera vez se autorizó la compra de certificados de depósitos por US$ 69 millones. En la asistencia previa a la firma del contrato, Bensión autorizó al BCU a disponer de asistencia al Comercial, a cargo de Rentas Generales, por un total de US$ 55 millones entre el 19 y el 25 de febrero, porque el banco ya había agotado todas las existencias de certificados de depósitos y encajes. En conferencia de prensa, Bensión y Rodríguez Batlle ocultaron a la población los verdaderos alcances del acuerdo y sostuvieron que los tres socios internacionales del Comercial apoyaban la capitalización, cuando en realidad el BCU estimaba que el compromiso de los bancos privados era "relativo". Cuando el Ministerio de Economía entregó al BCU una copia del contrato firmado en Nueva York (que se mantuvo en secreto hasta agosto), la contadora Medero dejó constancia de que consideraba el acuerdo como "inapropiado". En la sesión de directorio del 18 de marzo subrayó que los aspectos más objetables eran "el compromiso que establece que no se iniciarán acciones contra los accionistas, cuando es obvio que por lo menos han actuado negligentemente"; y porque "el aporte comprometido por los bancos no es suficiente y la República se obliga a aportar un monto no limitado. Además, la capitalización referida no alcanza a eliminar el patrimonio negativo". Ello motivó una reacción virulenta de la vicepresidenta Eva Holz, quien se opuso a que en las actas constara "alusión alguna al acuerdo de capitalización suscrito por el gobierno y que no apoyará que se dejen constancias que recojan dudas respecto al acuerdo". Holz sostenía que una crítica ponía en riesgo la estabilidad del sistema financiero. La aprobación de siete actas se postergó durante todo un mes. Holz llegó a amenazar con que "de mantenerse por parte de la contadora Rosario Medero las afirmaciones sobre el convenio de capitalización le obligará a efectuar una revisión de todos los antecedentes históricos sobre la situación actual de esta empresa, que tienen su origen en el contrato de compraventa de acciones autorizado en 1990". Nunca llegará a saberse exactamente qué se discutió en el directorio del BCU, porque finalmente las actas fueron depuradas y sólo quedaron consignadas algunas de las apreciaciones de Medero. Además, las actas fueron clasificadas como secretas. No obstante, quedaron consignadas las oposiciones sistemáticas de Medero a las asistencias al Banco Comercial, a cuenta de Rentas Generales, que el ministro Bensión autorizaba amparándose en los compromisos asumidos en el convenio secreto. "El Banco Comercial tiene un patrimonio neto negativo. Sería irresponsable de nuestra parte continuar con una información desactualizada sobre la solvencia del banco", argumentaba Medero. A mediados de abril el Estado había aportado al Comercial una asistencia de US$ 276 millones con un saldo neto de US$ 193 millones. En marzo Bensión había utilizado otros 35 millones de dólares de Rentas Generales para apoyar la liquidez del Comercial. En mayo y junio multiplicaría los adelantos de Rentas Generales en otros US$ 100 millones mientras comenzaban las dificultades para cumplir con gastos presupuestales y se iniciaba el proceso de congelamiento de pagos a proveedores. Cuando la situación de la plaza financiera, a comienzos de abril, hacía agua por todos los costados, Rodríguez Batlle se permitió una reflexión sobre las manipulaciones de algunos bancos que fueron objeto de fraudes por sus propios dueños mediante el mecanismo de otorgar créditos a empresas vinculadas. "Es evidente que, al no contarse con una supervisión global consolidada, no se pudo hacer lo que se podría haber hecho." Confesando que el BCU había desestimado la adopción de controles en fechas tan tempranas como agosto de 2001, justificó que "no es posible saber si, de haberse aprobado lo propuesto a ese respecto en el mes de agosto pasado, la situación actual de las empresas a que hiciera referencia se hubiera evitado". Ese fatalismo por omisión no impidió que, más adelante, el BCU fuera, nuevamente, tomado por tonto por los Peirano. Según se describe en la resolución del directorio del 21 de junio, entre los antecedentes que justificaron la intervención del Banco Montevideo se señala el incumplimiento de los Peirano para recomponer el patrimonio del banco mediante la capitalización de 45 millones de dólares que correspondían a créditos concedidos a Juan Peirano Basso, a Velox Investment y al Trade and Commerce Bank (TCB). El veedor del BCU pudo comprobar que parte de la capitalización fue derivada a un sobregiro de Dante Peirano, al pago de una comisión a una entidad externa, y a una transferencia al TCB. Mientras los Peirano dilataban la capitalización incrementaban en 28 millones de dólares la fuga de capitales a través del TCB. El vaciamiento del Montevideo, bajo las narices del BCU, continuó con el sobregiro de 6 millones de dólares del ex presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ignacio Rospide, y un sobregiro de Financiera Guaraní de 1,3 millones. A pesar de la presencia de un veedor, los Peirano efectuaron trasferencias al TCB en Islas Caymán que habían sido expresamente vetadas. Se descubrieron cerca de 400 trasferencias inconsultas, algunas a empresas vinculadas. El día anterior a la intervención, a pesar de que el banco estaba bajo un sistema de vigilancia intensiva, los Peirano pagaron a Velox US$ 38 millones por la supuesta compra de Commercial Papers. En el momento de la intervención se descubrió que era imposible utilizar unos US$ 32 millones del TCB que estaban depositados en el Deutsche Bank New York, en Brown Brothers y en la Banca della Svissera. Parte de todo este dinero derivado al exterior correspondía a las partidas que el BCU aportaba al Montevideo para mantener su liquidez. La estrategia elaborada por el equipo económico en febrero de este año culminó en setiembre con la duplicación del endeudamiento externo, la aplicación de dos ajustes fiscales (y un 3ro. que se anuncia para fin de año), la devaluación de la moneda, el quiebre de la cadena de pagos, y un corralito para los depósitos de los ahorristas de los bancos suspendidos y del República, el único banco que durante la crisis no necesitó de auxilio financiero para mantener su liquidez. La situación del brou respecto de la banca privada extranjera, que fugó capitales mientras recibía asistencia indirecta, está seriamente comprometida. Pero ello no sería una sorpresa si, como aconsejaba el informe 20199-UR del Banco Mundial en noviembre de 2000, "las autoridades uruguayas deben considerar privatizar los bancos públicos. Esto podría hacerse en varios pasos, vendiendo porciones crecientes del brou y del bhu al sector privado. La privatización de estos bancos estimularía el desarrollo de los mercados de capitales locales".