Tucumán reinicia demanda contra Compagnie Gènèrale des Eaux y Dragado y Construcciones

Después de 30 meses de haber desistido de la demanda por daños y perjuicios contra la empresa Aguas del Aconquija (Compagnie Gènèrale des Eaux y Dragado y Construcciones SA), el Poder Ejecutivo tucumano decidió iniciar una nueva acción judicial contra la empresa "tendiente a obtener la protección de los usuarios del servicio", según una fuente de la Fiscalía de Estado de la provincia. El 3 de abril de 2000, la entonces fiscal de Estado, Malvina Seguí, se presentó en la sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo para desistir del proceso, "pero no del derecho a entablar una nueva acción contra la firma", manifestó en esa ocasión. La medida fue resuelta por el Decreto 580/1, firmado por el vicegobernador Sisto Terán, en ejercicio del Ejecutuvo tucumano. La Provincia tiene 10 años, a partir de la rescisión del contrato con la concesionaria del servicio de agua y cloacas -el 10 de setiembre de 1997-, para plantear un recurso judicial. Es decir que el Gobierno tiene hasta 2007 para entablar la demanda. Sin embargo, técnicos de la Fiscalía de Estado están estudiando nuevamente las tarifas del servicio para determinar si existen o existieron rubros que no correspondía que fueran pagados o que fueron mal cobrados. Desde el organismo que defiende los intereses del Estado no se proporcionó una fecha para la nueva presentación; sólo se precisó que se trabaja aceleradamente en el trámite judicial. Tampoco se mencionó las cifras por las que se entablaría la próxima demanda por daños y perjuicios. Sólo se deslizó que sería por una suma superior a la primera presentación, realizada durante el gobierno de Antonio Bussi. El 13 de setiembre de 1999, el Ejecutivo planteó la demanda por $ 34,1 millones. El recurso llevó la firma de la ex fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, quien presentó la renuncia al cargo pocos días después de la presentación. En abril de 2000, para desistir del planteo, la gestión de Julio Miranda sostuvo que sus antecesores se apresuraron al recurrir a la Justicia. Seguí señaló en esa oportunidad que la iniciativa de Pedicone de Valls "hacía pasible a la Provincia de un a posible condena de costas por $ 7 millones". Sin comentarios El abogado de la empresa, Ignacio Colombres Garmendia, al ser consultado sobre la nueva iniciativa del PE manifestó que, por el momento, se abstendría de hacer comentarios. En tanto, el legislador justicialista Gerónimo Vargas Aignasse, en su condición de presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, efectuó un pedido a la Fiscalía de Estado referido al juicio contra Aguas del Aconquija. El 30 de setiembre solicitó informes sobre la acción de resarcimiento que la Provincia debía iniciar contra la empresa, luego del desistimiento de 2000. El parlamentario actuó por iniciativa de su par Gustavo Rojas Alcorta (ex Fuerza Republicana). La Fiscalía de Estado trabaja en la acción judicial por daños y perjuicios.