BRASILIA. (Especial para Urgente24). Después de defender el fin del secreto permanente de documentos públicos cuando era ministra de la Casa Civil, y cambiar de opinión al asumir el gobierno, la presidente Dilma Rousseff puede, nuevamente, cambiar de posición en relación al tema. El martes 21706, la ministra de Relaciones Institucionales, Ideli Salvatti, afirmó que la Presidente respetará la decisión del Congreso sobre el tema.
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Dilma, los documentos ultrasecretos y los desaparecidos de Araguaia
Difusión o no de documentos ultrasecretos en Brasil. El tema es muy delicado porque inevitablemente se conocerán detalles sobre la represión ilegal a grupos guerrilleros en la Amazonia. Aqui un anticipo de la tragedia en Araguaia:
22 de junio de 2011 - 16:45
El proyecto que crea la Ley de Acceso a la Información, aprobada en la Cámara de Diputados, limita a 50 años el secreto de documentos clasificados como ultra secretos. Esos documentos considerados "sensibles" por el área diplomática y por las Fuerzas Armadas podrían tener el secreto mantenido por 25 años, renovado por 25 años más. El texto original del gobierno Lula da Silva no imponía límite a esa renovación.
Sin embargo, hace 2 semanas, Ideli Salvatti dijo que la gestión Dilma estaba dispuesta a intentar recuperar lo que decía la versión original: mantener el secreto por tiempo indeterminado de los documentos ultra secretos.
En verdad, fue un pedido a la Presidente de 2 senadores aliados al PT: José Sarney (PMDB-AP) y Fernando Collor de Melo (PTB-AL), con el argumento de que la difusión de algunos documentos ultra secretos provocarían roces diplomáticos con países fronterizos, probablemente con Paraguay y Bolivia.
No faltan quienes especulan que, en verdad, Sarney y Collor, aunque ellos lo niegan, recibieron pedidos de militares retirados, interesados en restringir aquellos documentos vinculados a la represión de la guerrilla en los años de plomo.
No faltan quienes especulan que, en verdad, Sarney y Collor, aunque ellos lo niegan, recibieron pedidos de militares retirados, interesados en restringir aquellos documentos vinculados a la represión de la guerrilla en los años de plomo.
Votación próxima
El lunes 20/06, el Palacio de Itamaraty (Cancillería brasileña) declaró que, después de consultar sus archivos, no verificó nada que pudiese comprometer la imagen de Brasil.
La manifestación del Ministerio de Relaciones Exteriores fue la señal para que el Ejecutivo federal dejara de exigir el mantenimiento del secreto por tiempo indeterminado en el texto de la nueva ley, transfiriendo para el Congreso la solución para el tema.
"La Presidente tiene la decisión de respetar lo que el Congreso vote sobre acceso a documentos relacionados a derechos humanos, salvando fronteras, soberanías y relaciones internacionales. Sólo en estos 3 temas era posible renovar el plazo ultra secreto de 25 años. Sin embargo, hoy tenemos declaraciones del Itamaraty diciendo que no hay problema. El consenso que hay es que habrá respeto a lo que fuera aprobado por el Congreso", dijo ahora la ministra Ideli.
Ella afirmó que el gobierno espera que el proyecto sea votado rápidamente: "La Presidente ya indicó que no es negociable cualquier tipo de secreto para documentos sobre derechos humanos. Eso es un avance. Hubo bastante debate y esperamos que sea votado rápidamente".
La semana pasada, el vicepresidente de Brasil, Michel Temer (presidente en uso de licencia del PMDB, fuerza aliada al PT), también defendió -al igual que su conmilitón Sarney- que se mantenga el secreto de asuntos considerando ultra secretos.
"Es necesario ubicar la discusión en sus parámetros correctos. No me refiero al secreto de cualquier documento. Vuelvo a decir, solo de los actos ultra secretos. Y entre estos, algunos pocos", dijo Temer durante un viaje a Recife.
Un ejemplo: Araguaia (1972-1975)
Para dar un ejemplo de los documentos con difusión bajo polémica, el semanario paulista Carta Capital (fundado por el editor Mino Carta), explicó lo siguiente:
"En 3 días de búsqueda en los 149 volúmenes del proceso judicial que investiga la desaparición de los guerrilleros en Araguaia, se recolectaron relatos de decenas de habitantes que fueron obligados a arrestar, enterrar, matar y decapitar guerrilleros –y sufren hasta hoy las consecuencias de lo que vivieron en aquella época-.
(N. de la R.: El río Araguaia es un largo río amazónico brasileño, de aguas claras que se origina en las tierras altas brasileñas, aunque debido al gran número de afluentes, no es fácil definir claramente su fuente. Algunos afluentes importantes se originan en la cordillera de Araras en el estado de Mato Grosso, así como en las montañas Divisões situadas en Goiás. Sin embargo, según otras fuentes, el Araguaia proviene de la cordillera Caiapó, en la frontera entre Goiás y Mato Grosso. La Organización de Estados Americanos (OEA) condenó en 2010 a Brasil a investigar la ejecución de 60 personas durante la represión de la dictadura -la Revolución de 1964, por el año del golpe de Estado que dró hasta 1985- al movimiento guerrillero de Araguaia, que actuó entre 1972 y 1975 en la región norte del país. Con la publicación de la sentencia de la Corte Interamericana, Brasil, que nunca juzgó las violaciones de derechos humanos el gobierno militar en base a la ley de amnistía de 1979, aceptó crear una comisión investigadora).
En entrevista exclusiva, la jueza de 1ra. Instancia de la Justicia Federal, Solange Salgado, dice que, pasados casi 40 años, reina el miedo de hablar sobre el asunto entre los que participaron del conflicto. Matreros (algo así como fugitivos) y ex militares que aceptaron colaborar con el Grupo de Trabajo Araguaia –que investiga el caso desde el año 2009 en cumplimiento de la sentencia judicial promulgada por Solange Salgado en 2003, que obliga a la Unión a entregar los cuerpos de los desaparecidos a las familias– están recibiendo amenazas.
Por eso, cuando ella estuvo en la región en 2010, para recoger y chequear informaciones sobre el paradero de los cuerpos, la jueza optó por preservar el silencio de los autores en las declaraciones. “Fue una garantía que el Poder Judicial dio a esas personas. Ellas todavía están muy asustadas y se sienten arrinconadas”, dijo Salgado.
Los cronistas de esta nota estuvieron en Marabá, en Pará, y conversaron con ex matreros y ex soldados que confirmaron la realización de las llamadas “Operaciones Limpieza”, por medio de las cuales los restos mortales de los guerrilleros fueron desenterrados y transportados a otros lugares. Además de eso, 5 entrevistados afirmaron haber visto actuando en la represión al ex director de la Dops (Departamento de Ordem Política e Social) de São Paulo, Romeo Tuma, quien falleció en octubre de 2010.
Forzados a matar
Los habitantes del Araguaia vivían en poblados de nombre remotos como Palestina do Pará o Chega Com Jeito, algunas veces aislados, en medio de la naturaleza, entre plantaciones de castañas, sustento de las familias del lugar, que cultivaban también mandioca, maíz, arroz y poroto negro. Pescaban en los Igarapés do Araguaia (canales paralelos al río Amazonas, destinados a la navegación) y sabían orientarse en la selva, seguir el rastro de un venado o pecarí, matarlos con arma de fuego y carnerlo aún caliente con cuchillos afilados, para facilitar el transporte de la presa hasta la aldea, donde sería asado a las brasas o cocido lentamente en leche de castaña.
Segun se dice, ellos se curaban con hierbas y oraciones la posible aparición de malaria y les gustó cuando muchachos y mujeres jóvenes llegaron desde la gran ciudad trayendo remedios y conocimientos para socorrer, por ejemplo, en un parto difícil, curar una herida, aliviar dolores. Los “paulistas”, casi todos jóvenes, compraban harina y miel y parecían a gusto en sus casas, fumando y hablando hasta que la luna brillaba alta en el cielo.
Para aquella gente autóctona, abandonada por el Estado, no era difícil simpatizar con los que habían llegado, quienes decían combatir desigualdades y luchar por la posesión de la tierra en que vivían (reforma agraria). No era raro que su habitat fuese ocupado ilegalmente por dueños de hacienda (latifundistas) que gozaban de la ayuda del Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) –que luego protegería también a los agentes represores, disfrazados de ingenieros agrónomos-.
Cuando los “doctores” (los falsos ingenieros agrónomos) comenzaron a llegar, varios campesinos ya eran amigos de los “paulistas”, a quienes avisaron sobre la presencia de gente extraña preguntando por ellos. A medida que los guerrilleros retrocedían hacia el interior de la selva, el miedo crecía entre los que allí vivían, aturdidos por los helicópteros sobrevolando la floresta, lanzando bombas.
Los “doctores” ya no escondían que eran oficiales militares y se mantenían vestidos de civil, rodeados de soldados armados, presionando a los moradores para que les informaran dónde estaban los “paulistas” y alertándolos sobre los riesgos que corrían si no entregaban los “terroristas” a las Fuerzas Armadas.
Fue el inicio de "la guerra”, tal como conocen ese período de los años '70 los que viven en Araguaia. Labradores, marisqueros, castañeros, cazadores, “garimpeiros" (buscadores de piedras preciosas y oro), y hasta indios suruís serían involucrados por los militares en la operación que movilizó 6.000 militares y dejó 67 guerrilleros y un número indeterminado –y bien mayor- de campesinos muertos sin sepultura conocida ni certificado de defunción.
Las marcas de crueldad ejercida por los militares brasileños quedaron para siempre en todos los que vivieron el conflicto como colaboradores, víctimas o testigos, cambiando para siempre la vida en el “sertão” ("desiertazo") de Araguaia.
Prisiones en Masa
De acuerdo con testimonios constantes en los 149 cuerpos del expediente del juicio, en el inicio fueron perseguidos solamente los que tenían amistad con los guerrilleros, como el barquero Lourival Fontes, quien fue encontrado “suicidado” en la celda de la policía de Xamboiá, el 21 de mayo de 1972.
El juicio reveló que, a medida que el número de presos crecía, algunos "huecos" eran abiertos en el terreno de las bases militares y pasaron a servir de precarias presiones.
Los campesinos eran retirados de esas celdas precarias para “bailar” sobre latas abiertas o antorchas de fuego, forzados a beber agua con sal o jabón cuando tenían sed, humillados y golpeados en ruedas de azotes. Los que aceptaban colaborar denunciando o participando del arresto de los guerrilleros, recibían 1.000 cruzeiros por captura. Los matreros –quienes sabían orientarse en la selva, cazar y sobrevivir en la naturaleza- también eran usados como guías o baqueanos en las expediciones militares, a veces, inclusive, con uniformes.
Esos primeros meses de 1972, las muertes sucedían casi siempre en combate, o como consecuencia de torturas, a cargo de militares de la región, y muchas veces en otros centros de tortura como el PIC (Pelotón de Investigaciones Criminales) de Brasilia, y los DOI-Codis (Centro de Operações de Defesa Interna - Destacamento de Operações Internas, para de la Comunidad de Informaciones, dependiente del SNI o Serviço Nacional de Informações), hacia donde eran enviados los guerrilleros para nuevos interrogatorios.
A medida que iban pasando las operaciones militares, sin conseguir atrapar a los guerrilleros, los “doctores” aumentaron la presión sobre los moradores de la región para obligarlos a colaborar, realizando prisiones en masa –hay casos, como el de la ciudad de Bom Jesús do Araguia, en que todos fueron retirados de sus casas y alojados en casas de palia (trozo de tela cuadrado, usualmente reforzado con almidón), controlados por policías y militares. Sacaron de esa manera el sustento de las familias, que quedaron sin hombres adultos, detenidos o enviados para misiones en la selva.
Los propios campesinos pasaron a ser encargados de vigilar y castigar a sus vecinos y parientes presos, de enterrar cuerpos de los muertos bajo la tortura y de emboscar a los “paulistas”, quienes a veces los visitaban en busca de provisiones.
A partir de la 3ra. campaña militar, que comenzó en octubre de 1973 con el objetivo de localizar y exterminar a los guerrilleros, los matreros pasaron a ser más utilizados en las patrullas y en expediciones clandestinas –ya sin la presencia de militares, lo que es ilegal en cualquier guerra, conforme a la Convención de Ginebra-.
Diversas operaciones que resultaron en la prisión y muerte de guerrilleros atribuidas por las Fuerzas Armadas a los GC (grupos de combate) –y a los paracaidistas comandados por el general Hugo Abreu-, involucraron a matreros retirados de la prisión y embarcados en helicópteros, desde donde saltaban al mando de los militares, armados con escopetas y facones. En la mochila, llevaban una bolsa plástica gruesa para traerle a los “doctores” las cabezas de los hombres sacrificados en la caza.
De los 62 guerrilleros muertos en Araguaia, de acuerdo con la lista del libro “Habeas Corpus –que se presente el cuerpo”, de la Secretaría de Derechos Humanos, 25 habrían sido muertos con la ayuda de los matreros (13 presos, 12 muertos).
Pero ese número puede ser todavía mayor. Algunos matreros, que decían haber presenciado la muerte o el entierro de guerrilleros, más tarde confesaron haber participado de sus muertes, incluyendo 3 de 4 casos en que los cuerpos fueron decapitados.
Recientemente también se descubrió que ellos participaron de las operaciones de limpieza, promovidas por los militares desde los años finales de la guerrilla, desenterrando cuerpos y llevándolos para otros lugares con el fin de dificultar la búsqueda.
Parte de los ex matreros, soldados, pequeños agricultores y moradores de la región de Araguaia reclama, en la Comisión de Amnistía del Ministerio de Justicia, indemnizaciones por las torturas, prisiones y prejuicios que habrían sufrido en la época.
Historias de terror
Los detalles de esa historia llegan de decenas de declaraciones anexadas al proceso 82.0024682-5, abierto en febrero de 1982 en la 1ra. Instancia de la Justicia Federal, por iniciativa de 25 guerrilleros desaparecidos.
Campesinos que declararon o colaboraron con la prisión, muerte y entierro de los desaparecidos fueron escuchados por periodistas, investigadores y defensores de los derechos humanos, y, recientemente, por miembros del Ministerio Público y por la jueza Solange Salgado –la misma que en el 2003 promulgó sentencia exigiendo de la Unión a localizar y entregar los cuerpos de los guerrilleros a las familias.
En 2009, después de que la Unión (el gobierno federal) agotara todos los recursos judiciales contra la sentencia, fue constituido el Grupo de Trabajo Tocantins (GTT), dirigido por el Ministerio de Defensa, con la misión de recoger documentos y declaraciones de los involucrados en la guerrilla y emprender búsquedas y excavaciones para rescatar los cuerpos.
Son ellos las principales fuentes de información en el juicio, ya que los militares se rehúsan a entregar sus archivos secretos –enviando luego los mismos informes incompletos sobre los desaparecidos (hay más de 30.000 páginas de documentos repetidos en el proceso, conforme lo que investigaron los cronistas. Ellos también se niegan a deponer; y quienes lo hicieron optaron por hacerlo de modo anónimo, directamente a la jueza).
Además de aclarar las circunstancias de la prisión y muerte de diversos guerrilleros, los testimonios muestran que la tortura practicada contra los “terroristas” fue adaptada para destruir el carácter y la dignidad de los que se vieron atrapados por el conflicto sin condiciones de resistir.
Familias enteras fueron torturadas –tal como sucedió con Oneide, mujer de Antonio Alfredo de Lima, campesino que adhirió a la guerrilla, y a los hijos del matrimonio-.
Otro campesino/guerrillero, conocido como Pedro Carretel, estuvo preso con su esposa, Joana Almeida, y mostrado a ella vestido de mujer antes de ser ejecutado.
En el caso de Luiz Vieira, otro campesino que se unió a los guerrilleros, fue muerto por el ejercito, y su familia fue impedida de rescatar el cuerpo, aunque supiese dónde se encontraba. Su hijo, después de ir preso, fue obligado a alistarse en el ejército.
El ejemplo más espantoso, sin embargo, aparece en el informe del GGT de agosto del 2010, involucrando la prisión y muerte del campesino José Ribeiro Dourado, conocido como Zé de Madalena, y de su hijo, Deusdete.
Narrado por la esposa de Zé y madre de Desdete, Madalena de Souza Ribeiro, y por su nieto Wecsley, hijo de Deusdete, el episodio comienza con la prisión del jefe de la familia, Zé de Madalena, en 1972, cuando trbajaba en una campo en la región de Pau Preto. Allí mismo, cuenta Madalena, Zé fue colocado arriba de un hormiguero por varios días hasta que declarara sus lazos con los guerrilleros. Después fue llevado preso hasta la base militar de Xambioá. Desesperada, Madalena, igual que muchas mujeres en su situación, abandonó la tierra y los animales para seguir con sus hijos a donde habían llevado a su marido.
Al llegar a la base, su hijo, Deusdete, fue apresado. Algunos días después descendería al infierno.
Tal como confesara a Wecsley, su hijo mayor y nieto de Zé de Madalena, Deusdete fue obligado por los militares “a cortas vides, mojar en el agua y chicotear a los presos que se encontraban en un hueco, incluyendo a su padre”.
Poco antes de morir, atrapado por la depresión y el alcoholismo, Deusdete también llevó a su hijo a la base militar y le mostró el lugar en el que “estarían enterradas las cabezas, cerca de una palmera tucum”.
Tiempo después, ya con el marido y el hijo muertos, Madalena “supo por otros campesinos que salieron de la prisión que hubo una tentativa de fuga por parte de Zé” y cuando consiguieron atraparlo nuevamente, “los malos tratos y las torturan aumentaron, hasta que un determinado día fue retirado del hueco por militares, llevándolo para el lugar donde los presos eran torturados. Que desde el hueco, los presos escucharon los golpes y gritos hasta que se ecuchó el disparo de un arma y el Sr. José nunca más fue visto”, continúa la declaración.
Doña Madalena “supo también por los campesinos presos lo que ocurrió con su hijo (Deusdete). Que además de ser forzado a golpear a los presos, cortó la cabeza de su padre”.
Ese sería el buen motivo, dice ella en la declaración, del descontrol emocional del hijo, que lo llevara a beber hasta morir.
El caso –extremo- muestra el grado de desestructuración de los campesinos como resultado de la presión de los militares en la época, “dueños” del país y de la región; y de la crueldad de los métodos que se vieron forzados a compartir, aunque en forma muy minima en sus declaraciones.
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