Hay Ley Ciccone para el rescate del impune Boudou

La sesión especial comenzó poco después del mediodía con la presencia de 146 diputados, y casi toda la sesión estuvo presidida por Norma Amanda Abdala de Matarazzo (Santiago del Estero-Frente Cívico por Santiago), vicepresidente 1ro. de la Cámara baja.
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Tras la aprobación de la expropiación de Ciccone en el Senado la semana pasada, en la Cámara baja lograron acelerar los tiempos y dar por cerrado el capítulo Boudou. Ayer (21/08) se realizó a un plenario de comisiones donde se emitió dictamen y este miércoles (22/08) la sesión especial a fin de sortear los 7 días reglamentarios y convertir en ley el proyecto rápidamente.

Cabe recordar que el pasado 7 de agosto, y en medio de la reactivación de la investigación que intenta determinar la vinculación del vicepresidente Amado Boudou con la empresa, Cristina Fernández determinó la intervención de la ex Ciccone Calcográfica y el envío de un proyecto de ley para su expropiación.
 
La gran duda fue -y continúa siendo-a quién se la expropiarán porque, en teoría, el dueño es un misterio. Luego, es un enorme fracaso de toda la batería judicial que ensayó el vicepresidente Boudou, y su equipo de abogados, para desbaratar la investigación.
 
A través de 2 decretos de Necesidad y Urgencia, el Ejecutivo ordenó que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y la titular de la Casa de la Moneda, Katya Daura, asuman el control de la compañía que protagoniza un escándalo político por la relación entre sus dueños y el vicepresidente.

# El escándalo Ciccone

Boudou está en el centro de una causa judicial que investiga si usó sus influencias para beneficiar a Ciccone Cartográfica.
 
En julio del 2010, el ministerio de Economía -entonces a cargo de Boudou- pidió la quiebra de Ciccone, la imprenta privada más importante del país. El 24 de septiembre, el mismo ministerio se desdijo y pidió levantar la quiebra de Ciccone. Una sociedad llamada The Old Fund desembolsó una fortuna para hacerse cargo de la empresa.

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Alejandro Vandenbroele, abogado y amigo del socio de Boudou, José María Núñez Carmona, se hizo cargo de la empresa Ciccone.

Supuestamente, con el aval del entonces ministro de Economía, la agencia tributaria benefició a la imprenta con una moratoria excepcional para refinanciar su deuda y con contratos también amañados desde el Ejecutivo.
 
Los diputados de la oposición no tienen dudas de que el actual vicepresidente intercedió, cuando era ministro de Economía, entre 2009 y 2011, ante la Hacienda pública para pedir el levantamiento de la quiebra de Ciccone y con ello facilitar que sea comprada por el fondo de inversión The Old Fund, dirigido por Vandenbroele.
 
Boudou contraatacó a comienzos de abril y presentó sendas denuncias penales contra el presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Adelmo Gabbi, y un estudio de abogados en medio de este escándalo. El vicepresidente sostiene que recibió presiones de Gabbi y el lobby de abogados cuando estaba al frente de Economía para facilitar que otra imprenta, Boldt, se quedara con la propiedad de Ciccone.
 
El vicepresidente responsabilizó al estudio de abogados de haber intentado influir en sus decisiones advirtiéndole de que para "hacer carrera en política" tenía que "estar bien" con los juzgados federales. También se refirió a entrevistas mantenidas, como ministro de Economía, con Gabbi, a quien acusó de haberle sugerido "arreglar" con Boldt para evitar acusaciones en su contra por supuesto tráfico de influencias. Boudou se declaró asimismo víctima de una "operación mediática" organizada por Grupo Clarín, enemigo público de la Casa Rosada.
 
El ahora apartado juez Daniel Rafecas investigaba además si hubo lavado de dinero en esa operación, que fue revelada por la prensa a raíz de la denuncia de Laura Muñoz acerca de que su ex marido Vandenbroele es "testaferro de Boudou".

El juez federal Ariel Lijo es quien está al frente de la causa que investiga a Boudou por negociaciones incompatibles con su función. Presuntamente se interesó en el salvataje de Ciccone, la empresa que quedó a cargo de Alejandro Vandenbroele, quien está señalado de ser el testaferro del vicepresidente.
 
Pero, los elementos que involucran al vicepresidente no terminan allí sino que el magistrado también lo investiga a Boudou por enriquecimiento ilícito tanto a él como también a su socio comercial, José María Núñez Carmona.
 
Los indicios que hicieron que Boudou haya quedado involucrado son que el dueño de la Ciccone es Vandenbroele, el monotributista acusado por su esposa de ser el testaferro del vicepresidente. El magistrado aceptó ese testimonio como prueba. Sin embargo, Boudou asegura no conocerlo.
 
Existe una prueba de un nexo entre Vandenbroele y Boudou ya que el primero ocupó y pagó las expensas de uno de los departamentos propiedad del vicepresidente en Puerto Madero. Boudou le había alquilado la propiedad por $120.000 al año al socio del actual dueño de Ciccone, Fabián Carosso Donatiello.

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Lijo además, unificó el expediente de Ciccone con el de presunto enriquecimiento ilícito de Boudou, quedando todo asentado en la misma causa. Además, a mediados de julio, pidió ampliar la causa a la familia del vicepresidente: busca averiguar si sus padres y su hermano fueron sus testaferros.
 
En este punto, el hermano del vicepresidente, Juan Bautista Boudou, y su esposa realizaron 4 viajes pagados por The Old Fund, sociedad controlante de la nueva Ciccone.
 
La participación de Boudou fue fundamental para el salvataje de Ciccone, al intervenir en la moratoria excepcional que le otorgó a la AFIP, y que permitió que Vandenbroele tomara el control de la imprenta.
 
Antes de ser vicepresidente, cuando era ministro de Economía, Boudou firmó una recomendación manuscrita para otorgarle facilidades a la imprenta. Según el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray (también imputado en la causa), aquella carta fue "determinante" en el trámite.
 
Entre los fondos que llevaron al recate a la ex Ciccone figuran los 1,8 millón de pesos otorgados por la empresa London Supply. Uno de los accionistas principales es Miguel Castellano, amigo de Juan Bautista Boudou. Además, London Supply es socia de Searen SA, la sociedad dueña del departamento del edifico Madero Center, en el que vive Boudou.
 
En la causa se esperan los testimonios de varios testigos clave como Carlos "Piluso" Schneider (el jubilado que aparece como apoderado del fondo de inversión holandés dueño de The Old Fund, la empresa que sacó a Ciccone de la quiebra), Eduardo Alberto Razzetti, (primer presidente de The Old Fund que cedió su lugar a Vandenbroele) y Alejandro Antonio Martí (cuya dirección es la de una empresa creada por Vandenbroele).

# Debate: Críticas de la oposición

El rechazo de la oposición al proyecto de expropiación de la ex Ciccone está basado fundamentalmente en que se trata de una maniobra para 'salvar' a Boudou.

En nombre del bloque Gen, el diputado Gerardo Milman ratificóeste miércoles su oposición a la propuesta oficial de intervención y expropiación de la exCiccone, a la vez que se encargó de dejar en claro que su propuesta es “sustancialmente diferente” a la del Ejecutivo, a contramano de lo que indicó el oficialismo.

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Según precisó, el objetivo de su iniciativa es “resolver la cuestión de fondo: que los ciudadanos argentinos no tienen billetes”, por causa de la inflación, y que propuso paliar a través de la generación de billetes de 200 y 500 pesos que implicarían menos gastos para la Casa de la Moneda. Por eso, aseguró que “es falso que se venga a discutir la soberanía monetaria” con el proyecto del kirchnerismo, según publicó Semanario Parlamentario.

Miman explicó que a diferencia de la iniciativa oficial, su proyecto de expropiación atañe a las máquinas de impresión que pertenecen a la Compañía de Valores Sudamericana, y contempla la modificación de las normas sobre la Casa de la Moneda redactadas por los exdictadores Alejandro Lanusse y Rafael Videla.

En este marco, el diputado bonaerense aseguró que la expropiación “es un intento por parte del Gobierno por encubrir, pero si la Justicia es Justicia no hay posibilidad que este proyecto cumpla este objetivo”. “No tenemos ninguna duda que detrás de esta empresa está el vicepresidente de la Nación”, concluyó.

Por su parte, la diputada Elisa Carrió protagonizó uno de los discursos más duros y polémicos en torno a la expropiación de la exCiccone Calcográfica. La referente de la Coalición Cívica aseguró que “no hay duda de que el señor Amado Boudou es el propietario de la empresa a expropiar y que tiene de rehenes a todo el Frente para la Victoria”.

Carrió afirmó que la expropiación de Ciccone “es un negocio del poder y el que aparece es el vicepresidente de la República”, y que también involucra al titular de la AFIP, Ricardo Etchegaray, y al secretario de Comercio, Guillermo Moreno, con el levantamiento de la quiebra.

Además, la diputada justificó su pedido de ampliación de la investigación judicial a la presidenta Cristina Fernández “porque ella conocía o debía conocer estos hechos” y “si no participó antes, está participando al encubrir a sus propios funcionarios públicos”.

Continuando con sus críticas, Carrió aseguró que Boudou “no es peronista, es de la Ucedé”, y aprovechó la ocasión para tirar dardos a la Justicia: “El Poder Judicial de la Nación y los jueces federales de Comodoro Py son los bancos que administra el freezer de la impunidad. Así no hay justicia, no nos pueden engañar a quiénes tenemos muchos años. Cajonean los expedientes hasta que pase el escándalo y después lo cierran. No tiene vergüenza de cobrar un sueldo y garantizar injusticia”, expresó, para hacer un pronóstico de la investigación por irregularidades en el levantamiento de la quiebra de Ciccone.

Finalmente, la diputada de la CC-ARI aseguró que la intervención de la empresa es inconstitucional, ya que viola la división de poderes del Estado.

“La república ya se está muriendo”, estimó Carrió, y advirtió que el kirchnerismo “vendrá por mucho más”. “No dudes De Petri que también vayan por vos”, le dijo al diputado K con una amplia sonrisa.

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# Defensa oficial

También fueron muy 'encendidos' los discursos de los diputados del Frente para la Victoria Andrea García y Jorge Yoma, quienes defendieron férreamente la decisión de Cristina Fernández de declarar de interés público y sujeto a expropiación a la exCiccone Calcográfica.

Los diputados oficialistas repartieron fuertes críticas hacia todo el arco opositor, aunque principalmente hacia la Unión Cívica Radical y al macrismo. Párrafo aparte dedicó García a Carrió, al señalar que padeció un “delirio místico” durante su intervención en la sesión.

La exintendenta de la localidad bonaerense de Ameghino, señaló que el proyecto de la Casa Rosada busca “defender nuestra moneda” que “es defender nuestro trabajo, los argentinos y la tierra”, y aseguró que “la historia no nació en 2003, pero no nos pueden negar que la hemos cambiado para la mayoría del pueblo argentino”.

“No nos cuestionan la expropiación ni la soberanía monetaria. Nos cuestionan el valor más preciado del peronismo que es la inclusión social”, afirmó García, y aseguró que quienes se oponen a la propuesta oficial “quieren acuñar en la otra cara de la moneda los bajos salarios, la dependencia económica, la dolarización, y los que con cantos de sirena nos hablan de convertibilidad nos llevaron a la cuasi monedas”.

“Parece que extrañan a Julio Cobos”, concluyó la diputada kirchnerista para resaltar la lealtad del actual vicepresidente.

De igual manera, Jorge Yoma disparó contra la oposición a la que acusó de “querer voltear al vice”, y refutó que la expropiación de la imprenta carezca de legalidad.

El diputado riojano resaltó que, de acuerdo a la Ley de Expropiaciones, “no se puede expropiar solamente las máquinas” como sugirió Gerardo Milman (Gen), y que la intervención temporaria está prevista en la legislación.