Salud a extranjeros: Nación oficializó el cobro y una provincia evalúa replicarlo

La disposición se instrumentó mediante la Resolución 1066/2026, emitida por la cartera sanitaria y publicada en el Boletín Oficial, con entrada en vigencia estipulada a partir de hoy.

Es oficial: Cobro a extranjeros en hospitales nacionales

Esta normativa se origina a partir de las modificaciones incorporadas por el Decreto de Necesidad y Urgencia 366/2025 en la legislación migratoria. El sistema prevé la facturación de las atenciones sanitarias a aquellos ciudadanos extranjeros que carezcan de radicación permanente, contemplando no obstante una salvedad fundamental para los cuadros de urgencia médica.

En dichos escenarios, queda prohibido denegar o limitar la asistencia médica basándose en la situación migratoria del individuo.

La disposición define como urgencia médica a todo cuadro clínico que suponga una amenaza real e inminente para la existencia de la persona, un órgano o una función corporal, o que demande una práctica médica inmediata con el fin de prevenir un perjuicio severo o permanente.

Dicha salvedad comprende, entre otros cuadros, infartos de miocardio, accidentes cerebrovasculares, politraumatismos, hemorragias profusas, quemaduras de gran extensión, cuadros de intoxicación, sepsis y urgencias de índole obstétrica y pediátrica.

El Gobierno oficializó el nuevo sistema de cobros a extranjeros.

Facturación posterior y acreditación de identidad

Una vez estabilizado el cuadro crítico, los procedimientos y cuidados ulteriores podrán ser facturados al propio paciente o a su respectiva empresa aseguradora, según corresponda.

A su vez, la normativa prevé procedimientos destinados a comprobar la radicación permanente, aceptando documentación de carácter provisorio expedida por la Dirección Nacional de Migraciones en supuestos de pérdida o trámite de renovación del DNI.

El proyecto legislativo en Santa Fe

En territorio santafesino, Malfesi propuso una iniciativa legislativa orientada a replicar un mecanismo análogo en los efectores de salud y hospitales provinciales.

El alcance de la medida comprende a ciudadanos de origen extranjero con estatus migratorio transitorio o precaria que no se encuentren abarcados por tratados bilaterales de cooperación sanitaria recíproca.

De acuerdo con el texto del proyecto, dichos individuos tendrían la obligación de exhibir una póliza de seguro médico o efectuar el abono anticipado de los servicios requeridos. Los supuestos de emergencia conservarían su carácter exceptuado, si bien el Estado provincial debería instrumentar mecanismos orientados al reintegro posterior de los gastos erogados por la atención brindada.

El Ministerio de Salud tendría a su cargo la determinación de los valores arancelarios, extendiendo además una invitación a los municipios que administran efectores propios para sumarse al esquema.

Silvia Malfesi solicitó que los residentes transitorios y precarios de otros países paguen por el uso de los efectores sanitarios provinciales.

"Nada es gratis"

La autora de la propuesta respaldó la medida al argumentar que los ciudadanos extranjeros que hacen uso de la red hospitalaria pública tienen la obligación de abonar por las prestaciones recibidas.

"Vemos que muchas veces, lamentablemente, la gente cree que todo que todo es gratis y que papá Estado te tiene que dar todo y y bueno, la verdad que nada es gratis y todo cuesta". "Vemos que muchas veces, lamentablemente, la gente cree que todo que todo es gratis y que papá Estado te tiene que dar todo y y bueno, la verdad que nada es gratis y todo cuesta".

Críticas desde el sector de la salud pública

Por otra parte, la iniciativa suscitó cuestionamientos desde espacios vinculados a la defensa de la salud pública.

En base a ello, el edil de Rosario y exsecretario de área, Leonardo Caruana, desaprobó la perspectiva adoptada y argumentó que la discusión en torno a la sostenibilidad financiera del sector sanitario debería focalizarse en estrategias de prevención y consolidación de la red pública, en lugar de instaurar restricciones fundadas en la nacionalidad o el estatus migratorio de los usuarios.