La fuga de Bolsonaro llega a Comodoro Py: La Justicia busca determinar si el Gobierno de Milei lo ayudó

La salida de Flávio Bolsonaro de Argentina abrió un nuevo frente judicial para el Gobierno de Javier Milei. La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó preservar las grabaciones de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Puerto Iguazú y reunir documentación oficial para reconstruir el operativo que permitió al senador brasileño abandonar el país en un avión privado.

Las medidas fueron solicitadas por la fiscal Paloma Ochoa en el marco de una denuncia presentada en los tribunales federales de Comodoro Py contra el Presidente y otros funcionarios nacionales, por una presunta colaboración con el traslado de Bolsonaro hacia Estados Unidos.

Por el momento, la Justicia se encuentra en una etapa preliminar. El objetivo es reunir información antes de que la fiscalía determine si corresponde impulsar formalmente una investigación penal.

Sin embargo, las diligencias ya apuntan a una cuestión central: establecer qué sabían las autoridades argentinas sobre la situación judicial del dirigente brasileño y si existió alguna intervención irregular para facilitar su salida del territorio nacional.

La fuga llegó a Comodoro Py

Una de las primeras decisiones de Capuchetti fue ordenar que se conserven las imágenes registradas por las cámaras de seguridad del Aeropuerto Internacional de Puerto Iguazú durante el 27 y el 28 de octubre.

La medida busca evitar que se pierdan grabaciones que podrían resultar importantes para reconstruir los movimientos del senador, su familia y las personas que participaron en el procedimiento previo al despegue.

La magistrada también dispuso solicitar información a los organismos nacionales que intervinieron en los controles aeroportuarios y migratorios.

Entre los datos requeridos figura un informe de la Dirección Nacional de Migraciones sobre las verificaciones realizadas a los pasajeros y a la aeronave utilizada para abandonar Argentina.

Además, la Justicia quiere saber si las autoridades recibieron comunicaciones oficiales desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro, especialmente posibles alertas o restricciones que pudieran afectar sus movimientos internacionales.

Este último punto será clave para determinar si los organismos argentinos contaban con información que exigiera adoptar alguna medida adicional.

La denuncia contra Milei por la salida de Bolsonaro

La intervención judicial comenzó a partir de una presentación realizada por Gabriel Solano, dirigente del Partido Obrero, quien solicitó investigar la posible responsabilidad del presidente Javier Milei y otros funcionarios nacionales.

La denuncia menciona presuntos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales públicos.

Según el planteo de Solano, Bolsonaro ingresó a Argentina por Puerto Iguazú, en Misiones, y posteriormente abandonó el país a las 23.30 del 27 de octubre a bordo de una aeronave privada de la empresa Baires Fly.

El denunciante sostiene que el Gobierno argentino debía conocer las restricciones judiciales que, según su presentación, pesaban sobre el senador brasileño por disposición del juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal de Brasil.

A partir de esa situación, pidió determinar si las autoridades nacionales omitieron controles o facilitaron el traslado pese a la existencia de eventuales impedimentos judiciales.

¿Argentina recibió alguna alerta de Brasil?

Uno de los interrogantes que deberá despejar la Justicia es si existieron comunicaciones oficiales entre las autoridades brasileñas y argentinas antes de la salida de Bolsonaro.

La denuncia sostiene que el senador tenía restricciones para abandonar Brasil y cuestiona que haya podido ingresar y salir de territorio argentino sin que se aplicaran medidas para impedir su traslado.

Sin embargo, para establecer una eventual responsabilidad de los funcionarios nacionales será necesario determinar qué información recibieron los organismos competentes, cuándo la recibieron y si existía alguna obligación legal de actuar.

Por eso, los oficios ordenados por Capuchetti buscan reconstruir los procedimientos administrativos y migratorios que se realizaron durante el paso del dirigente brasileño por Puerto Iguazú.

La existencia de una restricción judicial en otro país no implica, por sí sola, que las autoridades argentinas hayan cometido un delito. La investigación deberá establecer si existieron requerimientos oficiales aplicables y cómo fueron tratados.

Otra denuncia por Bolsonaro avanza en Misiones

La causa que tramita en Comodoro Py no es el único expediente judicial relacionado con el episodio.

En Puerto Iguazú, la fiscalía federal también solicitó medidas de prueba a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano.

De esta manera, el traslado del senador brasileño comenzó a generar actuaciones judiciales en distintas jurisdicciones, mientras crecen los pedidos para esclarecer las circunstancias de su paso por Argentina.

Las próximas respuestas de Migraciones y de los organismos involucrados, junto con las grabaciones del aeropuerto, podrían aportar elementos para determinar si se respetaron los procedimientos legales o si existieron irregularidades.

Por ahora, la Justicia no determinó responsabilidades ni confirmó una participación ilegal del Gobierno. Pero la decisión de preservar las imágenes y solicitar documentación marca el inicio de las averiguaciones judiciales sobre un episodio que también genera repercusiones políticas para la Casa Rosada.