La Asociación de Supermercados salió en defensa de De Narváez con dardos a los Moyano

Fue un triunfo para el empresario Francisco De Narváez cuyo grupo compró la firma el año pasado.

A raíz de la situación generada por los Camioneros que protestaron ante el Centro de Distribución de Walmart y bloquearon los accesos, la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) emitió un comunicado donde expresó su "preocupación" por el conflicto e incluyeron críticas al accionar de los Moyano.

Según la ASU, las demandas sindicales planteadas a la compañía generan "distorsiones y privilegios de unos trabajadores por sobre el resto, y desalientan a los empresarios dispuestos a realizar inversiones que fomentan el crecimiento y desarrollo".

"Estamos convencidos de que el cumplimiento de la ley constituye una condición central de cara al desarrollo de un clima de negocios que facilite y aliente el crecimiento y la inversión", señaló la asociación.

Agregó que "la razonabilidad de las demandas y expectativas de cada uno de los actores es imprescindible para perseguir un beneficio colectivo y un desarrollo económico sostenido".

En este marco, la Asociación de Supermercados Unidos dijo ver "con preocupación" el desarrollo de "prácticas de reclamo que ponen en riesgo el abastecimiento y la libre circulación de productos esenciales a distintos puntos del país".

"Confiamos en que se pueda arribar a una solución legal, en un marco de diálogo por parte de ambas instituciones", remarcó.

El gremio encabezado por Hugo Moyano reclama la indemnización de 505 empleados encuadrados bajo su convenio, tras la compra de la empresa por parte del Grupo De Narváez.

"Ante nuestra negativa, en las últimas dos semanas nos vimos condicionados por recurrentes medidas de fuerza encubiertas que derivaron en una caída del 75% en la distribución de alimentos básicos y en un desabastecimiento de productos esenciales a más de 1.000.000 de familias en todo el país", indicó el grupo.

En respuesta a esto, Camioneros expresó en una solicitada que el reclamo es "legítimo y legal" dado que el empleador "ya no es la multinacional, lo cual genera una situación de incertidumbre a los trabajadores ante la posible falta de liquidez de este grupo".