Congreso: Buscan voltear uno de los cambios clave de la reforma laboral antes de que entre en vigencia

Cuando falta apenas un mes para que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comience a funcionar, el peronismo abrió un nuevo frente en el Congreso contra la reforma laboral. El diputado nacional Hugo “Huguito” Moyano presentó un proyecto para eliminar el régimen y redirigir hacia el sistema previsional los recursos vinculados a las contribuciones patronales.

La iniciativa apunta directamente contra uno de los mecanismos incorporados por la Ley de Modernización Laboral 27.802, sancionada en febrero. Los FAL fueron creados para ayudar a los empleadores privados a afrontar indemnizaciones y otros pagos derivados de la finalización de relaciones laborales. Su entrada en vigencia está prevista para el próximo 1° de noviembre.

La ofensiva opositora cobra especial relevancia porque llega inmediatamente después de que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) terminara de reglamentar cómo deberán declararse e ingresarse las contribuciones destinadas al nuevo esquema.

La Resolución General 5907/2026 fue publicada el 1° de octubre en el Boletín Oficial y avanzó sobre los aspectos operativos necesarios para poner en marcha el sistema.

Qué quiere cambiar Moyano

El proyecto de Moyano plantea directamente derogar el Título II de la Ley de Modernización Laboral, donde se encuentra regulado el Fondo de Asistencia Laboral.

También busca restablecer las alícuotas destinadas a los subsistemas de la seguridad social y dispone que los recursos que eventualmente se hubieran acumulado en las cuentas de los FAL, junto con sus rendimientos, sean transferidos a la ANSES e incorporados al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

El proyecto que ingresó al Congreso

El texto establece además que ese dinero tendría un destino específico: únicamente podría utilizarse para pagar prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La transferencia debería concretarse en un plazo máximo de 60 días desde la publicación de la eventual ley y las entidades involucradas tendrían que entregar a la ANSES la información y documentación necesarias para completar el proceso.

La pelea por los recursos

El corazón de la discusión está en cómo se financia el nuevo mecanismo.

La Ley 27.802 establece una contribución mensual obligatoria equivalente al 1% para grandes empresas y al 2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas, calculada sobre las remuneraciones utilizadas como base para determinar las contribuciones patronales destinadas al SIPA.

Para Moyano, allí está justamente el problema. El diputado sostiene que el nuevo esquema implica reducir recursos que de otra manera estarían vinculados al sistema de seguridad social para destinarlos a un mecanismo pensado para ayudar a financiar obligaciones laborales de empresas privadas.

En los fundamentos de su propuesta compara incluso al FAL con el esquema de las antiguas AFJP y sostiene que se está utilizando dinero de la seguridad social para beneficiar al mercado financiero.

Esa es la posición del legislador y de los diputados que acompañan la iniciativa. Desde el diseño oficial del régimen, en cambio, el FAL fue creado para facilitar el cumplimiento de indemnizaciones y otras obligaciones laborales de los empleadores privados y no modifica el régimen indemnizatorio vigente.

Los recursos, además, podrán ser administrados a través de fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros autorizados por la Comisión Nacional de Valores, bajo reglas específicas para su inversión y resguardo.

Una advertencia por las jubilaciones

Moyano sostiene que el impacto sobre las cuentas previsionales podría ser significativo.

Según los números incluidos en los fundamentos de su iniciativa y atribuidos al proyecto de Presupuesto 2027, la implementación del FAL implicaría una reducción del 7% en los recursos del SIPA, calculada por el diputado en aproximadamente $4,36 billones.

Sobre esa base, el legislador argumenta que el sistema previsional ya enfrenta dificultades estructurales relacionadas con la informalidad laboral, la evolución de los salarios, los cambios demográficos y la relación entre trabajadores activos y beneficiarios.

Por eso propone que cualquier recurso transferido desde los FAL quede expresamente reservado al pago de prestaciones previsionales.

El Gobierno avanza mientras la oposición busca frenarlo

La disputa llega cuando el Ejecutivo ya avanzó prácticamente sobre toda la arquitectura necesaria para poner en funcionamiento el régimen.

Además de la reglamentación general aprobada mediante el Decreto 408/2026, el Ministerio de Economía estableció las pautas bajo las cuales podrán invertirse los recursos y la Comisión Nacional de Valores reglamentó los vehículos de inversión colectiva que podrán administrarlos.

Finalmente, ARCA definió esta semana los mecanismos para determinar, declarar e ingresar las contribuciones mensuales. El calendario oficial mantiene el 1° de noviembre como fecha de inicio.

Moyano no está solo en la ofensiva. Su proyecto lleva el acompañamiento de otros diputados de Unión por la Patria, entre ellos Hugo Yasky, Jorge Taiana, Santiago Cafiero y Juan Marino. Además, otros legisladores opositores impulsaron iniciativas contra el FAL durante las últimas semanas.

El Congreso tendrá ahora una nueva batalla alrededor de la reforma laboral. Mientras el Gobierno avanza hacia la puesta en marcha del fondo, un sector de la oposición intenta derogarlo antes de que empiece a operar.