Discapacidad: Qué aprobó Diputados y cuáles son los puntos claves del proyecto

Después de una extensa jornada de debate y negociaciones, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que introduce cambios en el sistema de atención y protección de las personas con discapacidad en la Argentina.

La iniciativa obtuvo 237 votos afirmativos, 9 negativos y 4 abstenciones, luego de que el oficialismo alcanzara un acuerdo con distintos bloques opositores para incorporar modificaciones al texto original.

El proyecto, denominado Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, busca reemplazar el esquema de emergencia por un marco legal estable, con reglas para el pago de pensiones, la continuidad de las prestaciones médicas, el acceso al empleo y la administración de los recursos públicos.

El tema había generado fuertes diferencias entre el Gobierno y la oposición, especialmente por el financiamiento de las prestaciones y la situación de los beneficiarios de pensiones no contributivas.

Con la media sanción, el debate pasa ahora al Senado, que deberá decidir si convierte la iniciativa en ley.

¿Qué pasará con las pensiones por discapacidad?

Uno de los puntos centrales del proyecto es la continuidad de las pensiones no contributivas por discapacidad y por invalidez laboral.

El texto establece que el monto mensual de estas prestaciones será equivalente al 70% de la jubilación mínima y se actualizará conforme a las normas previsionales vigentes.

Esto significa que el valor de la pensión seguirá vinculado al haber jubilatorio mínimo.

Sin embargo, la iniciativa también fija requisitos para acceder al beneficio.

Entre ellos se encuentran contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), acreditar la identidad y cumplir determinadas condiciones económicas.

Uno de los criterios establece que la persona solicitante no podrá tener ingresos netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.Un detalle importante es que se tendrán en cuenta los ingresos individuales de quien solicita la pensión y no los de todo su grupo familiar.

Además, se exigirá una evaluación socioeconómica y se mantendrán las restricciones para quienes ya perciban determinadas jubilaciones, pensiones o asignaciones incompatibles.

En el caso de las personas extranjeras, el proyecto exige acreditar una residencia legal y continuada de al menos cinco años en el país.

Trabajar y cobrar una pensión al mismo tiempo: qué establece el proyecto

Otro de los cambios relevantes está relacionado con el acceso al empleo.

Actualmente, una de las preocupaciones de las personas que cobran una pensión por discapacidad es la posibilidad de perder ese ingreso al conseguir un trabajo registrado.

El proyecto aprobado en Diputados establece expresamente que la pensión no contributiva por discapacidad será compatible con un empleo formal o con la inscripción en el régimen de monotributo, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

En concreto, quienes tengan el CUD podrán trabajar y continuar cobrando la pensión si sus ingresos no superan los dos salarios mínimos.

¿Qué ocurre si ganan más?

En ese caso, la pensión se suspenderá mientras los ingresos superen el límite establecido.

Pero si la persona pierde su empleo o vuelve a percibir ingresos inferiores al máximo permitido, podrá solicitar la rehabilitación inmediata del beneficio, con derecho a cobrarlo desde la fecha en que realice el pedido.

La iniciativa también mantiene los beneficios previstos para empleadores que contraten por tiempo indeterminado a trabajadores con discapacidad.

Atención médica y prestaciones: qué se garantiza

El texto ratifica la continuidad de las prestaciones básicas contempladas en la Ley 24.901, que regula la atención integral de las personas con discapacidad.

También establece que los titulares de pensiones no contributivas por discapacidad y por invalidez laboral tendrán derecho a un programa de atención y cobertura médica que garantice esas prestaciones.

Por otra parte, mantiene la vigencia de las disposiciones relacionadas con la actualización de los aranceles del sistema y ratifica la Ley de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad.

Esto busca dar continuidad al sistema de servicios y apoyos que reciben los beneficiarios, así como establecer condiciones más previsibles para las instituciones y profesionales que brindan atención.

¿De dónde saldrá el dinero para financiar el sistema?

El financiamiento fue uno de los principales puntos de discusión durante el tratamiento parlamentario.

El proyecto establece que los gastos se cubrirán con partidas específicas del Ministerio de Salud destinadas a pensiones no contributivas, atención médica y programas de discapacidad.

Si esos fondos resultan insuficientes, se podrán utilizar recursos previstos en el presupuesto nacional para otras asistencias financieras vinculadas con salud y seguridad social.

Además, la iniciativa dispone que los presupuestos de los próximos años deberán contemplar fondos suficientes para garantizar la continuidad del sistema.

Un punto importante es que el ingreso por beneficiario no podrá ser inferior, en términos reales, al del ejercicio anterior.

En otras palabras, la norma busca evitar que los recursos destinados a cada beneficiario pierdan valor frente a la inflación.

Auditorías y controles: cómo funcionarán

El proyecto también incorpora un sistema de auditorías periódicas para verificar que quienes cobran pensiones continúen cumpliendo los requisitos establecidos.

La Secretaría Nacional de Discapacidad podrá realizar controles mediante el cruce de información con organismos públicos como ANSES, ARCA, RENAPER y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Por ejemplo, estos mecanismos permitirán comprobar datos relacionados con ingresos, identidad y otras condiciones exigidas para acceder a una pensión.

Sin embargo, el texto establece un procedimiento que deberá respetarse antes de suspender un beneficio.

Si se detecta un posible incumplimiento, la persona deberá ser notificada y tendrá la oportunidad de presentar documentación o realizar un descargo.

Una vez vencido ese plazo, la autoridad podrá disponer una suspensión preventiva.

En caso de que el beneficiario considere que la medida fue incorrecta, podrá solicitar la rehabilitación provisoria de la pensión mientras se resuelve su situación.

¿Qué pasará con los pagos pendientes a los prestadores?

La situación de los prestadores de servicios para personas con discapacidad también quedó contemplada en el proyecto.

La iniciativa establece que, si al momento de convertirse en ley todavía existen compensaciones pendientes correspondientes a la Ley 27.793, el Gobierno deberá informar un cronograma para completar esos pagos.

Ese calendario tendrá que comunicarse dentro de los 30 días corridos posteriores a la entrada en vigencia de la nueva norma.

Además, se fija un plazo de 90 días corridos para cancelar las compensaciones correspondientes a los prestadores que hayan completado los trámites administrativos exigidos.

La disposición también aclara que el vencimiento de la emergencia no eliminará el derecho a cobrar esas compensaciones.

Más información pública sobre pensiones y presupuesto

Otro apartado del proyecto apunta a la transparencia en la administración de los recursos.

El Ministerio de Salud deberá publicar periódicamente información sobre cuánto dinero se destina al sistema, cuáles son los valores de las prestaciones y cuántas pensiones por discapacidad e invalidez laboral se encuentran vigentes.

Los datos deberán difundirse en formatos accesibles y sin exponer información personal o sensible de los beneficiarios.

También se establece la capacitación del personal de las instituciones y organizaciones que prestan servicios a personas con discapacidad, con el objetivo de garantizar una atención accesible, respetuosa y sin discriminación.