Tras los argumentos de un sector de la oposición, encabezado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, que reclama la autorización al sector privado y a las provincias a que adquieran sus propias dosis sin la intermediación del Poder Ejecutivo nacional, el jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, aseguró que el gobierno nacional no es el único habilitado para comprar vacunas.
LEY DE VACUNAS
Cafiero pide no magnificar el error: "Las provincias, CABA y privados pueden comprar vacunas (pero no tendrían grandes resultados)"
Tras las críticas de la oposición que reclama la autorización al sector privado y a las provincias para adquirir sus propias dosis de la vacuna sin la intermediación del Poder Ejecutivo nacional, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero salió a aclarar que no está prohibido que las jurisdicciones puedan obtener el insumo sanitario. "Hay un error que se está magnificando", apuntó y se refirió a la ley de vacunas que se aprobó el año pasado.
"Hay un error que se está magnificando y por ahí uno no se detiene a explicar todo. Las provincias y el Gobierno de la Ciudad pueden comprar vacunas por su cuenta y los privados también. No está prohibido en Argentina", sostuvo Cafiero. Y remató: "En la ley de vacunas que se aprobó el año pasado está muy claro".
El 29 de octubre de 2020, el Gobierno logró la aprobación en el Senado de la Ley 27.573 que declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra el coronavirus, en el marco de la emergencia sanitaria por esa enfermedad.
En su artículo 2, la norma "faculta al Poder Ejecutivo nacional", a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas que se desarrollen para enfrentar la enfermedad. La mayoría de los puntos regula los procedimientos y atribuciones que compete al Estado nacional en la materia.
Sin embargo, uno de los aspectos del texto hace mención explícita a una de las discusiones de las últimas semanas. En el artículo 6°, además de eximir "el pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen" en la compra de dosis, se establece que un "idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
"Las exenciones establecidas en el artículo 6° se aplicarán a las importaciones de las mercaderías allí mencionadas para uso exclusivo del Ministerio de Salud de la Nación y los ministerios de salud de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a partir de la publicación en el Boletín Oficial de esta ley", destaca el artículo 7.
Es decir, la legislación abre explícitamente la posibilidad de que otros gobiernos locales puedan adquirir el insumo estratégico.
En lo que respecta al sector privado, la ley nada dice sobre las alternativas que tienen los hospitales y farmacias para la compra de vacunas. Pero tampoco establece una prohibición al respecto.
En cualquier caso, la legislación establece en su artículo 8 que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y el ministerio de Salud de la Nación intervienen como autoridades de aplicación de los organismos que adquieran dosis contra el coronavirus.
Pero, más allá de la habilitación legal para la compra de las vacunas, Cafiero no se mostró afín a que dicha alternativa pueda tener grandes resultados por "el nivel de vacunas que hay" y la escala de las contrataciones que exigen los laboratorios productores.
En esa línea también se expresó el ex secretario de Salud de la Nación de Mauricio Macri, Adolfo Rubinstein, que manifestó su desacuerdo con sus colegas de Juntos por el Cambio. "No es una cuestión de voluntarismo, es fáctico. Ninguna empresa farmacéutica ni ningún gobierno están negociando con proveedores privados o con estados subnacionales. El único ejemplo que conozco es el de la vacuna china Sinovac, y fue con el estado de San Pablo, que tiene 45 millones de habitantes. Pensar que en este escenario de restricciones puede haber una negociación en paralelo con obras sociales o prepagas es inviable", sostuvo el sanitarista en declaraciones radiales.