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Motosierra en Senasa: El Gobierno cerró 20 oficinas y ahora el Congreso mete presión

La motosierra no para, y es que en la última semana el Gobierno cerró 20 oficinas de Senasa en todo el país y ahora el Congreso pide explicaciones al Ejecutivo.

Fue una promesa antes de ser Presidente y es una de las que Javier Milei está aplicando sin piedad: motosierra en los organismos públicos. Sin embargo, en el Congreso Nacional consideran que hay en algunos casos "faltan fundamentos técnicos" respecto de la decisión del Gobierno de cerrar diversas oficinas estatales en todo el país.

En los hechos, la semana pasada el Gobierno concretó el cierre de 20 oficinas del Senasa distribuidas en siete provincias. En una medida denominada por como "Reordenamiento territorial operativo y administrativo de 20 oficinas locales", el Senasa comunicó el cierre de esas dependencias, "en el marco del plan de simplificación y desregulación que viene llevando a cabo para optimizar recursos, sin afectar ninguna de las prestaciones que se brinda al sector productivo".

La disposición, contemplada en la resolución 683/2024 y elaborada "junto con la Secretaría de Simplificación de Jefatura de Gabinete de Ministros", abarca cinco dependencias locales ubicadas en la provincia de Buenos Aires, seis en Córdoba, cuatro en Corrientes y una en San Luis, al igual que en Salta, Misiones, Santa Fe y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El Congreso cree que la motosierra no es criteriosa

En ese contexto, los diputados nacionales Esteban Paulon y Mónica Fein (socialistas) presentaron un proyecto solicitando al Poder Ejecutivo que, a través de la Secretaría de Bioeconomía dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, proceda a la reapertura de la Oficina Villa Cañas (provincia de Santa Fe) del SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria).

“Sin ningún fundamento técnico, el gobierno nacional decidió cerrar la Oficina de @SenasaAR en Villa Cañás, provincia de Santa Fe Es la oficina con más productores registrados que deberán trasladarse hasta 150 km para hacer un trámite”, denunció el diputado Paulon en su red social X.

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“Al analizar algunos datos objetivos, queda en evidencia que la decisión ha sido tomada por funcionarios que con total desconocimiento del territorio definen políticas a control remoto desde alguna oficina del microcentro de la Ciudad de Buenos Aires”, denunciaron en el proyecto presentado.

Por último, el diputado nacional argumentó que “el costo de mantenimiento de la oficina cerrada es casi nulo en relación a los beneficios de gestión que brinda a los usuarios. En este caso no pagaba alquiler ni otros gastos de mantenimiento ya que funcionaba en la sede de FUNCEFA (Fundación para el Control y Erradicación de la Fiebre Aftosa)”.

Sobre el cierre de las oficinas, el Gobierno argumentó la decisión explicando en un comunicado que: "Se trata de oficinas que fueron formalizadas hace tiempo –algunas más de 20 años— por necesidades específicas, pero que en la actualidad tienen escasa o nula demanda de los usuarios, por lo que se dispuso su baja y que sus funciones sean integradas a sedes locales de cercanía".