Mario Ishii pide que Axel Kicillof pague todos los patrulleros y provoca un debate

La Policía Bonaerense cuenta con una flota operativa que supera los 6.500 patrulleros (entre automóviles y camionetas destinadas al patrullaje urbano y rural, además de unidades especiales): Mario Ishii pide que Axel Kicillof pague el mantenimiento completo.

El gobierno provincial ha reportado la incorporación de más de 5.000 nuevos patrulleros y móviles (sumando camionetas y automóviles) adquiridos e integrados a través de distintas etapas del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad, además de entregas escalonadas realizadas en coordinación con los diferentes municipios.

Con un consumo moderado / preventivo básico (aprox. 20 litros por día por vehículo), son 130.000 litros diarios de combustible.
En el caso de un consumo intensivo / patrullaje continuo 24/7 (40 litros por día por vehículo), son 260.000 litros diarios.
Los patrulleros bonaerenses pueden estar consumiendo hasta 7,8 millones de litros de combustible solo para al funcionamiento operativo de la fuerza de seguridad provincial.

Hoy en día, el combustible, los repuestos y el mantenimiento de los patrulleros de la Policía Bonaerense recaen en gran medida sobre los municipios.

Cabe preguntarse si no es momento de encarar una renovación de la flota hacia motores eléctricos no contaminantes y alimentados a electricidad en vez de motores de combustión, que son contaminantes.

La mayoría de las intendencias bonaerenses utilizan recursos propios para pagar la nafta, los arreglos mecánicos, los neumáticos y los seguros de los móviles policiales que patrullan sus distritos.

Si bien existe el citado Fondo Municipal de Fortalecimiento de la Seguridad, que transfiere dinero provincial a las comunas para gastos operativos y adquisición de rodados, los intendentes denuncian con frecuencia que estas partidas resultan insuficientes.

¿Existe alguna auditoría pública sobre el consumo de combustibles en semejante parque automotor?: es una pregunta en nombre de los contribuyentes, a la vez beneficiarios de la seguridad pública.

Mario Ishii.

El proyecto Ishii

Existe un proyecto de ley que propone que el Estado provincial asuma en forma integral los gastos de mantenimiento, reparación, combustible, repuestos, neumáticos, seguros y demás costos necesarios para garantizar el funcionamiento de los vehículos de la Policía Bonaerense, incluidos aquellos adquiridos por los municipios mediante programas provinciales de seguridad.

La iniciativa establece, además, que si los fondos transferidos por la Provincia resultan insuficientes, la diferencia no deberá ser cubierta por las comunas.

El proyecto lleva la firma del vicepresidente 1ro. del Senado bonaerense, Mario Ishii, y plantea que el sostenimiento económico de los móviles policiales corresponde a la Provincia por tratarse de una responsabilidad propia del Estado provincial.

Esto lleva a otro debate: la organización policial provincial.

La Policía de la Provincia de Buenos Aires cuenta con unos 95.000 a 100.000 efectivos en actividad, fuerza heterogénea y de eficiencia en debate.

La fuerza de seguridad de volumen, organización y alcance más reconocido hoy día es la Gendarmería Nacional Argentina (GNA), que cuenta con una dotación estimada en entre 35.000 y 40.000 efectivos en actividad -con mejor formación que los de la Policía Bonaerense- a cargo de un parque automotor y de transporte que ronda los 4.000 vehículos operativos:

Camionetas 4x4 y vehículos de patrullaje táctico / de ruta.
Camiones y ómnibus de traslado de tropas para el despliegue de escuadrones móviles.
Vehículos especiales (furgones de asalto, blindados livianos, vehículos de comunicaciones y unidades de rescate).

No existe en la GNA un debate sobre consumo de combustible en el parque automotor: lo paga Nación.

En el caso de la Policía Bonaerense la cuestión del parque automotor sí puede llevar a considerar cuál es la organización más eficiente, aún cuando en informes específicos de seguridad urbana y tasas de criminalidad dolosa para Sudamérica, la Argentina (con tasas de homicidios históricamente bajas en comparación con el promedio regional, oscilando entre los 3 y 4 casos cada 100.000 habitantes) mantiene bajos índices de delitos violentos.

Pero un volumen de 90.000 hombres en 6.500 unidades motorizadas lleva, periódicamente, a preguntarse si es mejor una fuerza única o una organización descentralizada.

Texas

Consideremos

Texas (USA), con 696.200 km2 y 31,7 millones de habitantes, contra
307.571 km2 de Provincia de Buenos Aires y 17,6 millones de habitantes.

Sin considerar las fuerzas de seguridad federales, de enorme actividad en la frontera con México, Texas tiene más de 1.200 departamentos de policía locales, a cargo de patrullar las ciudades y áreas incorporadas, con jefes designados por las autoridades civiles de cada ciudad.

Luego, Texas está dividida en 254 condados, y cada uno de ellos cuenta con un Sheriff elegido por voto popular, con jurisdicción en las áreas rurales no incorporadas del condado, que también administran las cárceles del condado y custodian sus tribunales.

En Texas, además, están los condestables, que se eligen a nivel de precinto (la unidad territorial más pequeña en la que se divide un condado para fines de votación y hay más de 800 oficinas) con total autoridad policial y de patrullaje.

Texas además tiene un fuerte Departamento de Seguridad Pública del estado del que dependen

Patrulla de Caminos de Texas (patrullan las autopistas, controlan el tráfico y asisten en rutas),
Rangers (división de investigación criminal de élite, especializada en crímenes complejos, corrupción pública, homicidios y apoyo a policías locales que no tienen recursos para investigar),
Game Wardens (guardaparques y policía ambiental con amplios poderes de control fluvial y rural),
Comisión de Bebidas Alcohólicas (TABC).
Y hay agencias de seguridad diseñadas para instituciones específicas. Hay juntas educativas en Texas que tienen sus propias fuerzas de policía escolar armadas e independientes.

¿Cómo se paga el despliegue vehicular de esas fuerzas?

Con impuestos.

Considerando que el sistema policial es descentralizado, los Policías Municipales son sostenidos por contribuyentes de cada ciudad, a través del presupuesto municipal aprobado por los alcaldes y los concejos de la ciudad: impuestos a la propiedad e impuestos a las ventas locales. También multas de tráfico, tasas por servicios y la recaudación de fondos específicos.

Los Departamentos del Sheriff los pagan los contribuyentes del condado. También se financian con los impuestos a la propiedad rural y urbana dentro de los límites de ese condado.

En Texas, leyes recientes (como la Senate Bill 22) han implementado subsidios y fondos de asistencia del Estado destinados a condados y sheriffs rurales para ayudarles a comprar patrulleros, equipamiento táctico y armas.

La Patrulla de Caminos y Rangers es pagada por todos los contribuyentes del estado de Texas, a través del presupuesto general aprobado por la Legislatura Estatal en Austin. Los fondos provienen de impuestos a las ventas estatales, tasas de matriculación vehicular, licencias de conducir y tributos corporativos.

Además, los departamentos policiales en Texas suelen recurrir de manera habitual a Subsidios Federales que otorgan dinero a las agencias locales y estatales para comprar vehículos patrulla o tecnología.

Y a Fondos por Decomiso de Bienes: Todo lo incautado a redes de narcotráfico o delincuencia organizada o se subasta o se reconvierte para uso policial.

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