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TRISTE REALIDAD

Las perimetrales no funcionan: ¿Qué propone el Congreso?

Ante una realidad innegable respecto a las reestricciones de acercamiento o perimetrales, en el Congreso propone una viable solución.

Además de los problemas políticos y económicos que ya padece la Argentina, hay un tema grave del que todos saben pero pocos se preocupan: la desmedida violencia de género. A esta realidad se le suma el cuestionado accionar de la Justicia y el rol del ministerio de las Mujeres, que si bien trabajan por erradicarla, nada parece suficiente. Un ejemplo de ello es el fracaso de las restricciones perimetrales, órdenes que los violentos incumplen a diestra y siniestra y muchísimos casos, el maltrato, hostigamiento y violencia, se termina convirtiendo en un femicidio.

La situación con las perimetrales en verídica: no sirven de nada. Para muchos violentos dicha orden se traduce en un simple papel y no dudan en volver a acercarse a sus víctimas para maltratar y hostigar. Incluso, un relevamiento realizado en el 2021 por la Corte Suprema sobre femicidios, reveló un dato preocupante: más de 50 mujeres fueron asesinadas por hombres que tenían prohibido acercarse.

Dicho informe, que fue elaborado por las oficinas de la Mujer y Violencia Doméstica de la Corte Suprema, detalló que entre 2017 y 2019 al menos 52 víctimas de femicidio directo y vinculado tenían medidas de protección que no evitaron su asesinato.

En detalle, ese estudio identificó que 52 víctimas tenían medidas de protección: 33 tenían restricciones perimetrales o prohibición de acercamiento del agresor, 7 tenían prerimetrales y además exclusión del hogar, y las otras 5 tenían botones antipánico, dispositivos que también son cuestionados por no ser efectivos, ya que requieren de un monitoreo que tampoco funciona y parece que nadie controla.

En el Congreso proponen una solución

Ante esta realidad, y con motivo que hace menos de una semana se conmemoró el Día Internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer (25/11), un diputado del Frente de Todos presentó en el Congreso Nacional un proyecto de ley que busca que las perimetrales sean efectivas. ¿Cómo piensa hacerlo? imponiendo sanciones graves a quienes la incumplan.

Fue el diputado nacional Leandro Santoro quien ingresó al Parlamento una iniciativa para modificar el artículo del Código Penal relacionado con incumplimientos en las causas que mediare violencia de género y/o violencia familiar.

Dicho proyecto, que fue presentado y girado a las comisiones de Legislación Penal y de Mujeres y Diversidad, prevé modificar el artículo 239 de la norma. Ese artículo establece que “será reprimido con prisión de 15 días a un año, el que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones o a la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquél o en virtud de una obligación legal”.

Será reprimido con prisión de 3 años y 3 meses a 5 años y multa, quien resistiere o desobedeciere una orden judicial de prohibición de acercamiento o de contacto, o cualquier otra medida que tuviera por objeto salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, y que haya sido dictada en el marco de un proceso judicial en el que mediare violencia de género y/o violencia familiar”, describe el proyecto del diputado nacional.

El argumento de Santoro es que pese a los esfuerzos realizados desde distintos programas a efectos de prevenir y asistir a víctimas de violencia de género, continúa registrándose un alarmante y creciente número de casos de violencias de todo tipo y, lo más grave, de femicidios.

Por ejemplo, en septiembre de 2022 hubo 20 femicidios y trans-travesticidos en todo el país, de acuerdo al relevamiento realizado por el observatorio de la asociación La Casa del Encuentro, que al igual que otras tres organizaciones civiles confeccionan sus propias mediciones de crímenes vinculados a la violencia de género. A su vez, agosto del 2022 también contó con la particularidad de una seguidilla de casos ocurrido en la última semana de ese mes, cuando en un lapso de tres días cinco mujeres fueron asesinadas en distintas ciudades o localidades bonaerenses.

Argentina ha registrado un total de 218 feminicidios y trans/travesticidios en los primeros nueve meses de 2022. Respecto al número total de asesinatos, en 41 casos la mujer había realizado una denuncia previa contra su agresor, ocho contaban con medidas cautelares de prevención y agentes o exagentes de las fuerzas de seguridad estaban vinculados en once casos el homicidio.

En ese sentido, Santoro considera “imperioso analizar la efectividad (o carencia de la misma) de las medidas reguladas por los distintos cuerpos normativos que tienen por objeto prevenir y erradicar la violencia de género, y, para el caso de considerar que las mismas no son lo suficientemente idóneas, crear nuevas alternativas, a efectos de evitar el fatal desenlace que culmina con la vida de las mujeres víctima".

Y añadió: “Lo cierto es que la actual redacción del tipo penal previsto por el artículo 239 del Código Penal, prevé situaciones relacionadas al incumplimiento de órdenes judiciales, pero una parte de la doctrina y de la jurisprudencia la limita únicamente a cuestiones de índole administrativo, excluyendo de esa forma las conductas que afectan obligaciones de carácter personal o civil, dejando fuera de esta figura penal, consecuentemente, las órdenes judiciales que disponen el dictado de medidas cautelares de restricción de acercamiento o de contacto, dictadas en el marco de causas en las que la violencia de género o familiar se hace presente”.

Por último, Santoro advierte sobre la jurisprudencia existente que establece que “la omisión de cumplir con la prohibición de acercamiento impuesta por un tribunal no constituye la desobediencia de una orden en los términos previstos por el artículo 239 del CP, sino que tal cuestión deberá ser materia de análisis ante el mismo fuero que la dispuso”.

El proyecto completo a continuación:

6299-D-2022.pdf

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